La Tesorería General de la Seguridad Social (la CAJA ÚNICA DEL SISTEMA) es la encargada de recaudar mes a mes las cotizaciones sociales, con el fin de garantizar las prestaciones que corresponde a quien cotiza que serán de igual cuantía independientemente de donde resida.
Recordemos que la fuente básica y principal de financiación del Sistema público de pensiones es la cotización en forma de cuota a pagar por los empresarios y trabajadores de los distintos Regímenes que componen el Sistema. Una consecuencia de ello es que a mayor salario, mayor cuota y mejor prestación, en definitiva, a mayor esfuerzo, más retribución en el futuro.
Territorializar la Caja única
Lo primero que habría que apuntar es que obviamente las prestaciones las reciben los trabajadores contribuyentes y NO los territorios en los que se reside.
La Constitución blinda la financiación de las prestaciones de la seguridad social de forma solidaria entre las distintas comunidades y el propio Estado. La TGSS recibe todos los ingresos por cotizaciones (por contingencias comunes y desempleo fundamentalmente) y este dinero lo reparte para el pago de todas las prestaciones contributivas (desempleo, incapacidades y jubilaciones fundamentalmente). El hecho de que esta caja sea única para toda España garantiza que, independientemente de la comunidad autónoma donde viva el contribuyente, éste recibirá una prestación idéntica si sus circunstancias son las mismas.
Hoy en día, todas las comunidades han pasado a ser receptoras netas de financiación para el pago de sus pensiones contributivas. Los casos oscilan entre Asturias, que paga en pensiones un 60% más de lo que ingresa por cotizaciones o Madrid, la más saneada en este terreno, con unos números rojos de apenas el 6% más de gastos en prestaciones que ingresos por cuotas de sus trabajadores. En esta horquilla están las más deficitarias: Castilla y León (un 48% más de gastos que de ingresos); Cantabria y Galicia (47%) y Extremadura (42%). Mientras que el grupo de las más saneadas lo forman junto a la capital, las islas Baleares y Canarias (que destinan al pago de pensiones un 12% más de lo que reciben en cotizaciones) y Cataluña (30%).
Estas fuertes diferencias alientan a algunos defensores de romper la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, hay una circunstancia muy básica que pasan por alto y que provoca estas diferencias: hay muchos jubilados que, tras terminar su vida laboral, deciden volver a residir a sus comunidades de origen y abandonar la región en la que cotizaron y por eso, cobran su pensión de jubilación en una comunidad distinta a la que contribuyeron al sistema. Esta circunstancia impide romper la caja única y mantener a la vez la justicia en el reparto de este pilar básico del Estado del Bienestar.
Cabe recordar que la Constitución Española enuncia como COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO “el régimen económico de la Seguridad Social”. definiendo la caja de la Seguridad Social como “única e intransferible” (ni siquiera transferible en su gestión como algunos reivindican).
Reivindicaciones de los nacionalistas “conservadores”
Tras las elecciones del 23 J Pedro Sánchez ha abierto un periodo de negociaciones para que los “nacionalistas/independentistas conservadores (PNV y Junts) le apoyen en su investidura como presidente del Gobierno
Para el PNV la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social simplemente «se trata de una demanda histórica que se suma a las 36 restantes que aún quedan por completar del Estatuto de Gernika -el Estatuto de Autonomía del País Vasco desde hace 30 años. En la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika se indica: “La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios.”
Esta competencia aparece reflejada en los mismos términos en el texto de Cataluña, sin embargo, los líderes de Junts per Catalunya van un paso más allá y hablan de «transferir las competencias de la Seguridad Social al govern de Cataluña», como parte del proceso para dotarse de «estructuras de Estado» de cara a la independencia.
Lo cierto es que no es la primera vez que la posible transferencia es objeto de debate público y sobre todo, jurídico. La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social ya fue una de las condiciones pactadas por los representantes del PSOE y PNV para investir a Pedro Sánchez en 2019, y acordaron negociar esta transferencia antes de diciembre de 2021.pero desde Moncloa dan por cumplidos los compromisos con la trasferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Aunque la transferencia del Ingreso Mínimo Vital sentó un precedente que supuso desplegar por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que permite firmar convenios para que Euskadi gestione materias de la Seguridad Social respetando la unidad de caja. De hecho este traspaso está recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Tampoco se trata de una pugna nueva para Cataluña. En cambio esta cuestión parece ocupar un lugar más secundario entre las demandas de Junts, quienes han exigido a Sánchez que conceda la amnistía a los que denominan «presos políticos», otorgue la oportunidad de realizar un referéndum de autodeterminación y condone la deuda derivada de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Tribunal Constitucional estudió en 1989 el conflicto de competencias planteado cuatro años antes por el Govern tras la aprobación del RDL 1314/1984, que reestructuraba las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este proceso dio lugar a varias sentencias sobre esta cuestión en la que el Tribunal concibió la Seguridad Social como un «régimen público», «único y unitario» que exigía la unidad jurídica, presupuestaria y de titularidad de los fondos de la Seguridad Social bajo la tutela del Estado. También se abordó directamente «la gestión del régimen económico de la Seguridad Social» en una sentencia en la que se determinó que las competencias de ambos niveles de gobierno «deberán conciliarse» pero que las autonómicas no podían comprometer la unidad del sistema, perturbar el «funcionamiento económico uniforme», cuestionar la titularidad estatal de los recursos de la Seguridad Social o crear desigualdades entre ciudadanos de diferentes territorios.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se apresuró a negar cualquier posibilidad de llevar a cabo esta transferencia y rechaza hacer valoraciones sobre asuntos que «se circunscriben al ámbito de los partidos políticos», mientras que desde Ferraz no aclaran si esta era la opinión del ministro o representa la postura del PSOE de cara a las negociaciones.
Los argumentos más importantes contra la descentralización de la gestión de la SS son:
- La fragmentación regional de la unidad de la clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales,
- Un sistema centralizado debería ser más eficiente que otro fragmentado,
- Una organización centralizada ante riesgos sociales, o fuertes cierres de empresas como ocurrió por ejemplo en Asturias, tiene más capacidad de protección que las comunidades más reducidas,
- Si los entes regionales tuvieran capacidad para establecer los tipos de cotización de trabajadores y empresas, podría producirse un proceso de competencia para atraer inversiones hacia una determinada comunidad autónoma,
- La equidad horizontal podría cuestionarse con la descentralización ya que es obligado que sujetos que han realizado un esfuerzo de cotización similar reciban una pensión semejante,
- Con la actual la relación cotizantes-pensionistas algunas comunidades serían incapaces por sí solas de asegurar el mantenimiento del sistema,
- Sería necesario establecer mecanismos de compensación interterritorial para asegurar la cobertura de las pensiones en los territorios con mayores dificultades.
- La cesión de las prestaciones y de su reconocimiento en un sistema plural de gestión sería un elemento de tensión de la caja única que terminaría por afectar a la igualdad de las prestaciones.
Menos de dos cotizantes sostienen a cada pensionista en la mitad de CCAA
En la actualidad, lo habitual es que dos trabajadores sostengan a cada pensionista. Así lo indica la media para España, donde destacan regiones como la Comunidad de Madrid (2,8 cotizantes por pensionista) y Baleares (2,6). En la parte negativa destaca especialmente el caso de Asturias (1,2 cotizantes por pensionista). El principado tiene una gran presencia de jubilados en las minas y a este factor se suma que es una de las regiones más envejecidas.
Con el progresivo retiro de la generación del baby boom se agravará el tensionamiento financiero de las cuentas de la Seguridad Social y las nuevas altas contarán progresivamente con pensiones iniciales cada vez más elevadas, a la vez que dejarán de formar parte un gran número de actuales cotizantes. De forma natural, el ratio cotizantes-jubilados se verá reducido por debajo de dos.
En las próximas tres décadas la comparativa entre el número potencial de trabajadores (entendidos como personas en edad de trabajar y no necesariamente como empleados cotizando) respecto a la población jubilada pasará de 3,3 a 1,7. El mayor descenso de la Unión Europea después de Irlanda.
El Gobierno asume que la comparación entre los trabajadores y los jubilados se estrechará y por eso en su última reforma ha reforzado los incentivos para alargar edad de retiro, esperando que al menos el 50% de los futuros jubilados estire su vida laboral de forma voluntaria por los incentivos.
Aunque se espera que aumente la fuerza laboral, habrá menos trabajadores sosteniendo el sistema y un gasto ineludible. La previsión también es que la cobertura de las prestaciones será menor. La tasa de cobertura mide la suficiencia entendida como la comparativa entre la pensión media y el salario medio. Si actualmente es el 62,7% del salario medio, a mitad de siglo cubrirá el 53,9% de la retribución media, nueve puntos menos y por eso se trabaja para dotar de impulso del ahorro complementario a la pensión pública (el primer pilar del sistema), especialmente a través de los planes de empleo en la empresa (el segundo pilar).
La reforma Escrivá también incorpora varias medidas de contención que penalizan la contributividad: destopa las bases máximas de cotización, con el tope de la pensión creciendo a un ritmo más limitado; aplica una denominada cuota de solidaridad sobre el tramo salarial que supera la base máxima; y aplica una sobrecotización, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sobre todos los salarios y cuya recaudación prevista, de 130.000 millones, irá destinada a la ‘hucha’ de las pensiones. Arranca en el 0,6% actual y llegará al 1,2%. Tanto el MEI como la cuota de solidaridad no generan derecho a pensión y resultan en un menor salario neto de todos los trabajadores.
