En España hay 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en paro y casi 600.000 sin ningún tipo de ingreso. El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos. Es una medida económica para ampliar las ayudas y paliar en parte los efectos de la parálisis económica provocada por la pandemia. Es, en esencia, una forma, no de solucionar las causas, sino paliar los efectos.
Atacar las consecuencias, en lugar de las causas. El Ingreso Mínimo Vital, el programa bandera del Gobierno inicialmente estaba previsto que llegara a 850.000 hogares. No obstante, los datos oficiales ubicaban la cifra total en apenas 160.000 hogares (diciembre 2020). Es decir, se ha cubierto menos del 20% de la meta.
Las restricciones y la interrupción continua de los viajes y el turismo serán un lastre para la recuperación, y sin duda alguna, la tasa de desempleo se mantendrá alta. Entre los miembros de la OCDE, únicamente la economía de Argentina tendrá una peor evolución que la de España
Las proyecciones del Banco de España son igualmente modestas. Para 2020 la contracción alcanzará más de un 10% y el crecimiento no llegaría al 8%. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía española se contraiga un 12,8%, la mayor entre las economías desarrolladas.
Las principales causas de la debacle española ante el avance de la pandemia son estructurales. Tiene que ver con factores como su alta dependencia del turismo. En 2019 el turismo le aportó a España el 12,35% del PIB, pero el sector ha sido muy golpeado por la pandemia, al igual que los servicios, que requieren contacto personal.
Hasta la fecha, las medidas del Gobierno de España de apoyo a las familias (léase unidades de convivencia) han ido en la línea de paliar los efectos de la crisis, más que en atacar las causas. Por ejemplo, se establecieron varias ayudas al alquiler (como renovación automática de los contratos), solicitar microcréditos sin intereses y avalados por el Estado para el pago del alquiler de vivienda, la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable y a personas en riesgo de exclusión social.
En este entorno, la «joya de la Corona» en las medidas del Gobierno de coalición es el Programa del Ingreso Mínimo Vital, sin embargo, sus efectos se han quedado cortos: por ejemplo, en Cádiz solo se ha atendido el 20% de las solicitudes y en Granada, el 18%. La situación pone en evidencia que «la política social del Gobierno es pura fachada y que es incapaz de gestionar.
En respuesta a las críticas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informó ewcientemente que llevará al Consejo de Ministros varios cambios en el acceso a la prestación con el principal objetivo de reducir el número de denegaciones de la ayuda, que se ha demostrado muy alto, extremadamente alto.
Entre los cambios se propondrán una modificación de los criterios de renta y patrimonio exigidos. También se pretende facilitar el reconocimiento de unidades de convivencia “no convencionales” (por ejemplo, familias y ciudadanos que viven en centros sociales o que comparten vivienda entre varias personas).
Mientras, los especialistas recomiendan avanzar en medidas que resuelvan el problema estructural, y menos ciudadanos dependientes de subsidios y ayudas que se convierten en endémicas, haya o no pandemias sanitarias que pongan en evidencia un mercado laboral excesivamente basado en la temporalidad y cautivo de los sectores como el turismo, y sus servicios satélites, tan sensibles a la movilidad y a las relacionesn sociales..
