Hagamos cosas distintas para obtener otros resultados
En los últimos cinco años, en España se han creado unas condiciones que podrían favorecer el desarrollo de la previsión social complementaria, que junto al sistema público de pensiones, constituyen los pilares del modelo europeo de previsión social. Destaquemos los tres hitos más relevantes de este período.
En primer lugar, en otoño de 2020 se aprobó el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En su recomendación decimosexta, la Comisión reafirmó su apuesta por impulsar la implantación efectiva, a través del fortalecimiento de la negociación colectiva de estos sistemas, con el fin de dar estabilidad al modelo de previsión social complementaria.
Como segundo elemento, en junio de 2021, el Gobierno presentó a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En su componente 30 se comprometía a revisar la previsión social complementaria y fomentar los planes de empleo a través de la negociación colectiva, en el marco de la reforma del sistema de pensiones.
Por último, como tercer factor, la Ley 12/2022 reguló el impulso de los planes de pensiones de empleo, dirigiéndose a tres colectivos: convenios sectoriales, Administración Pública y autónomos. Para ello creó dos instrumentos: los planes de pensiones de empleo simplificados y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
Resultados: más sombras que luces
Pese a las expectativas, el balance de la ley 12/2022 no es satisfactorio. Solo en el caso de los autónomos la ley ha tenido un éxito tangible: a cierre de 2024 casi todos los 42 planes simplificados se concentraban en este colectivo.
En la Administración Pública, la situación es contradictoria. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsaba la normativa de regulación del impulso de los planes de pensiones de empleo, el de Economía mantiene desde 2012 restricciones para que las administraciones y empresas públicas aporten a los planes de pensiones de sus empleados.
En cuanto a los convenios sectoriales, se celebró el plan de la construcción, acordado en su VII Convenio General. Sin embargo, hasta la fecha, es un hecho aislado: ningún otro sector le ha seguido el ejemplo.
A pesar de las mejoras sociolaborales derivadas de la reforma laboral y del incremento del salario mínimo, no se ha producido el deseado despegue. Por su parte, los fondos de promoción pública son testimoniales y su Comisión Promotora y de Seguimiento está paralizada, con sucesos como la dimisión, en este mismo año 2025, de los cinco miembros nombrados por el Gobierno.
El espejismo del plan de la construcción
Aunque se presentan cifras llamativas —690.000 partícipes, más de 70.000 empresas y 212 millones de patrimonio—, la aportación media anual por trabajador apenas llega a 310 €. Además, el plan está sujeto a revisión en el próximo convenio sectorial y ya veremos con qué resultados. Su nacimiento estuvo condicionado por la inflación, que llevó a patronal y sindicatos a pactar este instrumento como alternativa a subidas salariales que alimentasen nuevas tensiones inflacionistas. También influyó el sólido diálogo social del sector, articulado a través de un convenio estatal y de la Fundación Gaudí, integrada en la Asociación Europea de Instituciones Paritarias.
No obstante, replicar esta experiencia en otros sectores tiene sus complicaciones, teniendo en cuenta la atomizada estructura de la negociación colectiva en España y que los avances reales en esta cuestión dependen de la voluntad de los agentes sociales que se sientan en las mesas de los convenios colectivos.
El papel de los agentes sociales
El desarrollo del segundo pilar depende en gran medida de organizaciones empresariales y sindicatos. Ellos tienen la llave para introducir planes de empleo en distintos niveles de negociación, desde acuerdos confederales como el AENC, hasta convenios autonómicos, sectoriales y de empresa.
Según Mariano Jiménez, presidente de OCOPEN, «el futuro de las pensiones en España dependerá de nuestra capacidad para combinar la fortaleza del sistema público con el desarrollo de pilares complementarios sólidos, inclusivos y sostenibles».
En la misma línea, Gregorio Gil de Rozas, director del Observatorio de Previsión Social del Instituto de Actuarios, recuerda que «el actual contexto es favorable: máximo histórico de cotizantes, una tasa de desempleo en mínimos de 20 años y una tasa de sustitución del 80%. Para él, ha llegado el momento de que la negociación colectiva extienda los planes de empleo, empezando por los sectores con salarios más altos y mayor estabilidad. Un plan de pensiones debe formar parte del paquete básico de compensación negociado», afirma.
Hacer cosas distintas
Ante el riesgo que dentro de diez años estemos con el mismo discurso de hoy, que básicamente es el mismo de hace diez años, es necesario tomar la iniciativa y hacer cosas distintas para obtener otros resultados. Esta es la premisa del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria que, junto a OCOPEN y el Instituto de Actuarios de España, dos de sus entidades adheridas, pretende impulsar un acuerdo estratégico, social y político, para el desarrollo de la previsión social complementaria en España, en el contexto del Pacto de Toledo y del modelo de previsión social de los tres pilares.
Fuente: Hagamos cosas distintas para obtener otros resultados
