Hubo un tiempo en que Europa discutía cómo gastar mejor. Ahora empieza a discutir algo más incómodo: en qué se gasta realmente el dinero europeo. La diferencia marca el paso de la confianza al recelo.
Escándalo mayúsculo
La polémica por el pago de pensiones de Sánchez con los fondos europeos se extiende por Europa. La polémica por las actuaciones del Gobierno con los fondos europeos llega a Alemania. La semana pasada, el Tribunal de Cuentas desveló que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desvió un total de 2.389,4 millones de euros de los fondos europeos para pagar parte de las pensiones de nuestro país, lo que ha generado numerosas críticas.
El primero en expresar su descontento por una fórmula inusual y dudosa elegida por el Gobierno fue el propio Tribunal de Cuentas. Así lo reflejó en su informe de «Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024», que es el documento en el que evalúan anualmente la fiabilidad del presupuesto público de. Los hechos sucedieron en noviembre de 2024. Alemania, como principal contribuyente neto de los fondos, soporta la mayor parte de los costes: «Es el dinero de nuestros contribuyentes; no se puede manejar con tanta negligencia. La UE no es un autoservicio. Esto socava la credibilidad y la confianza en la UE» denunció. Además, Bild recoge otro enfado, el de la Federación Europea de Contribuyentes, que califica el cambio contable del Gobierno de «escándalo mayúsculo». Su presidente, Michael Jäger, otro alemán, exigió «aclaraciones, transparencia total, la devolución de los fondos y un proceso judicial».
La polémica
Debido a una «insuficiencia de crédito presupuestario», que desde el Ejecutivo no han explicado todavía a qué se debe, el Gobierno tomó estos fondos para atender «compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social», reza el texto. Para ello, se usaron «créditos sobrantes del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)» añadía el organismo. Tras el informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno restó importancia al asunto sin dar muchas explicaciones. «Estamos en un contexto de prórroga presupuestaria donde la asignación de la capacidad de gasto tiene que realizarse a través de técnicas y ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras. Es un contexto de total normalidad. Es un elemento técnico», se limitó a asegurar el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también descartó estar «preocupado» porque la noticia hubiera llegado a Europa.
Críticas a Sánchez entre los alemanes
Sin embargo, a diferencia del Ejecutivo, el que sí se ha mostrado preocupado por el movimiento contable ha sido el presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab (PPE). El alemán ha declarado al diario Bild que «es absolutamente inaceptable utilizar fondos europeos para encubrir problemas presupuestarios en el sistema nacional de pensiones». El Parlamento Europeo «tiene la obligación de proteger los intereses de los contribuyentes europeos y así lo hará» añadió. Además, Schwab avisó a Sánchez de que «¡Los fondos deben gestionarse de manera limpia!».Curiosamente, Schwab es el sustituto de Monika Hohlmeier en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. En el año 2023, la visita de la alemana a España durante varios días fue muy polémica por sus denuncias sobre que «era imposible seguir el rastro de los fondos» en
El PP pide explicaciones en Europa
«Tres años después de la visita de Hohlmeier, seguimos sin saber dónde están los fondos europeos en España. Estamos ante una falta absoluta de transparencia por parte del Gobierno de Sánchez. Es imposible hacer una trazabilidad o seguimiento del dinero» denuncia la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea. Benjumea considera que el pago de las pensiones con los fondos europeos «es la punta del iceberg, porque no sabemos lo que están haciendo con los fondos». Eso sí, «la ley europea impide que se usen para gasto corriente como las pensiones. Aunque el Gobierno recurra a la tecnicalitis para explicarlo, lo que está claro es que España es el único país de la UE que no tiene presupuestos, y por eso, tiene que recurrir a los fondos europeos» añade. «España es el segundo mayor beneficiario, solo superado por Italia, y se le asignaron 163.800 millones en un inicio». Sin embargo, «España ha renunciado a 61.000 millones en créditos, por lo que le quedarían 102.000 millones, pero lo último que sabemos, a 31 de marzo de 2026, es que ha ejecutado 48.276 millones. Esto significa que va a ser muy difícil que en unos pocos meses que quedan (a los fondos) ejecute 53.700 millones» considera.
Desconfianza
El debate sobre el presunto uso de fondos europeos para aliviar tensiones de tesorería vinculadas al pago de pensiones ha dejado de ser una simple polémica española para convertirse en una preocupación europea. Alemania, principal contribuyente neto del fondo Next Generation EU (NGEU), figura entre los países más sensibles ante cualquier sospecha de desvío hacia gasto corriente. Desde hace años existe en Alemania y en los Países Bajos una sensibilidad política respecto al destino final de los fondos europeos. La aprobación del gran mecanismo de recuperación tras la pandemia solo fue posible bajo la promesa de que aquellos recursos servirían para modernizar economías, reforzar la competitividad, acelerar la digitalización o impulsar la transición energética. Nunca para sostener gasto estructural de los Estados. Por eso las explicaciones ofrecidas por el Gobierno español han sido recibidas con inquietud en determinados sectores. El eurodiputado alemán Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, ha resumido el malestar: cómo explicar a los ciudadanos alemanes que deben trabajar más años para sostener su sistema de pensiones mientras sospechan que parte de los recursos aportados por Alemania al fondo europeo podrían haber acabado utilizados para aliviar tensiones presupuestarias en otros países.
La imagen utilizada resulta reveladora. Si un país emplea fondos europeos para construir un nuevo parque solar, puede discutirse si era prioritario o no, pero sigue siendo una inversión ligada a los objetivos del mecanismo de recuperación. Las pensiones, en cambio, pertenecen al núcleo de obligaciones ordinarias de cualquier Estado y nunca formaron parte de la filosofía del programa. La Comisión Europea ha intentado introducir matices. Bruselas recuerda que el pago de pensiones no es elegible para los fondos NGEU, aunque admite flexibilidad temporal de liquidez si se cumplen los objetivos pactados. Técnicamente puede explicarse. Políticamente, mucho menos. Porque el problema ya no es únicamente contable. Es político. También moral.La pandemia justificó un mecanismo extraordinario de solidaridad europea. Pero en España la llegada de decenas de miles de millones de euros ha coincidido además con una anomalía institucional cada vez más normalizada: gobernar sin Presupuestos Generales del Estado. Y cuando desaparece el principal control parlamentario sobre el gasto, la frontera entre reconstrucción económica y supervivencia política empieza a difuminarse. Ahí nace la desconfianza. No tanto por lo que oficialmente se reconoce, sino por lo que muchos empiezan a sospechar que puede haber ocurrido en ausencia de controles suficientes. Porque nadie ignora que un Gobierno con enormes recursos extraordinarios y sin presupuestos aprobados aumenta el riesgo de que parte de esos fondos termine desplazándose hacia objetivos distintos de aquellos para los que fueron concebidos.
El verdadero debate de fondo afecta ya a toda Europa. El envejecimiento demográfico, la presión sobre las pensiones, el aumento del gasto sanitario y las dificultades para sostener el actual modelo de bienestar están obligando a los gobiernos europeos a afrontar decisiones cada vez más incómodas. Alemania misma discute hoy retrasar la jubilación y contener parte del gasto social. En ese contexto, cualquier sospecha de utilización impropia de recursos europeos adquiere una enorme sensibilidad política. Porque lo que está en juego no es solo una cuestión de contabilidad pública. Es la confianza entre socios europeos. Una confianza que, una vez deteriorada, resulta siempre mucho más difícil de reconstruir que cualquier presupuesto.
Los fondos europeos nacieron rodeados de un lenguaje solemne. Se habló de transformación económica, modernización, resiliencia y cambio de modelo productivo. Expresiones ambiciosas y burocráticas, tan habituales en Bruselas. Pero el ciudadano común, que quizá no entiende de reglamentos europeos, sí comprende una cosa muy sencilla: si un dinero viene destinado a una finalidad concreta, lo lógico es que termine utilizándose para esa finalidad concreta.
Porque gobernar indefinidamente sin Presupuestos no es una anomalía técnica, sino una degradación institucional. En una democracia parlamentaria, cuando un Gobierno pierde la capacidad de aprobar sus cuentas, lo normal no es acostumbrarse a ello, sino devolver la palabra a los ciudadanos. Lo demás ya pertenece al baile de fondos.
Fondos europeos, pensiones españolas
