Antes de 2007, las cuentas públicas de España estaban relativamente balanceadas pero después de 2007, es decir, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las cuentas públicas de España no se recuperaron nunca y el déficit fiscal se hizo ya casi incurable, aunque es preciso comentar que el déficit público empezaba a cerrarse en 2018. En los 10 años que van desde 2012 a 2021, España ha sido 4 veces el país con más déficit de toda Europa, 3 veces ha sido el segundo y 2 veces el tercero. Es decir, en los últimos 10 años, España ha estado en el pódium europeo del déficit 9 veces, y España sólo ha cumplido un año con el objetivo de déficit del 3% del PIB (en el año 2018).
Los grandes analistas, la OCDE, el Banco de España o la Airef, llevan ya tres años llevando la contraria a las previsiones económicas del Gobierno. El Gobierno auguró en los presupuestos de 2021 en el que el PIB rebotaría un 9,8%, pero finalmente, en 2021 la economía crecería un 5,5%. Para el 2022 el Gobierno esperaba un avance del PIB del 7%, pero el propio Ejecutivo reconoce ahora que la economía crecerá como mucho un 4,5% en 2022, lejos de la referencia con la que se elaboraron los presupuestos para este año.
El escenario macroeconómico con el que el Gobierno ha preparado los presupuestos para 2023 prevé que el PIB avance un 2,1% el año próximo, una cifra que las últimas estimaciones económicas publicadas por los grandes analistas rebajan al entorno del 1,5%.
Que el Gobierno acierte o no en sus previsiones no es una cuestión baladí, pues en base de ellas se construyen los presupuestos y determinan lo que se espera ingresar y también lo que se puede gastar. Cuanto mayor es la previsión de PIB del Ejecutivo, mayor es la expectativa de ingresos y por tanto mayor la capacidad de gastar.
La gran amenaza que se yergue frente al bienestar de las familias no es el desempleo o el bajo crecimiento, sino la inflación y la caída del poder adquisitivo y el último informe del Banco de España (BdE) indica que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, son descaradamente expansivos y que no son los PGE que España necesita en estos momentos, sino los que convienen a Sánchez para, derrochando el dinero público, tratar de ganar la reelección a la presidencia en 2023.
Unos Presupuestos que, de entrada, nacen muertos, porque la ministra Montero se ha sacado de la manga un crecimiento del PIB para el año próximo del 2,1%, estimación que el BdE ha dinamitado al calcular que no superará el 1,4% (1,5% en el caso de la AIRef).
LOS INGRESOS
El principal sustento del Estado son los impuestos, y esta recaudación tributaria está estrechamente vinculada a cómo se comporta la economía. Los dos impuestos que más aportan al Estado son el IVA -que depende del consumo y de los precios- y el IRPF, que está condicionado a la evolución del empleo y los salarios. Si el consumo se frena, es de esperar que la recaudación por IVA lo haga con él. Lo mismo ocurre con la contratación: si el empleo retrocede, también lo harán los ingresos que aporta el IRPF. Estas dos figuras aportarán conjuntamente tres de cada cuatro euros de los ingresos tributarios que el Estado espera obtener el año próximo.
El Ejecutivo confía en obtener en 2023 unos ingresos tributarios un 7,7% superiores a los de 2022, es decir, 18.710 millones más. El Gobierno argumenta que buena parte del boom recaudatorio de este año, se debe principalmente a la inflación (y la no deflactación correspondiente del IRPF) y se mantendrá en los próximos años.
En consecuencia, las estimaciones de ingresos no financieros (307.445 millones, con crecimiento del 6%, de los cuales 262.781 millones proceden de impuestos, aumento del 7,7%) son, de nuevo, papel mojado. Ese punto de PIB de menor crecimiento es muy importante, porque significa no solo que se va a crecer menos, y por tanto se va a recaudar menos, sino que no se a crear empleo, al contrario, se va a aumentar el paro con lo que ello significa en términos de recaudación.
LOS GASTOS
Con los gastos ocurre lo contrario: están claramente infraestimados, en un calculado ejercicio de trilerismo, que es particularmente llamativo en el caso de las cuentas de la Seguridad Social, con ingresos claramente inflados para poder hacer frente a la enorme cuantía del gasto reconocido. Redoblar el gasto público (aquí disfrazado siempre de «social») es retroalimentar la inflación y destruir el poder adquisitivo de los hogares.
Parece que objetivo es captar votos creando pesebres con cargo al erario público, pero para regalar dinero público primero hay que quitárselo al contribuyente asfixiándolo a impuestos y, por ejemplo, negándose a deflactar la tarifa del IRPF o a retocar tipos del IVA de acuerdo con el alza de los precios
El drama del aumento del gasto en pensiones y salarios de los funcionarios es que va a consolidar un gasto estructural estimado en no menos de 50.000 millones, situación que pone a las cuentas públicas en una posición muy delicada para afrontar cualquier posterior impacto negativo exterior y que, en definitiva, coloca al país al borde de la quiebra con un déficit estructural (aquel que no depende de los vaivenes del ciclo) que podría irse hasta el 6%, una salvajada se mire por donde se mire, y una deuda pública a la que habrá que añadir no menos de 70.000 millones nuevos y cuya cuantía (1.501.773.618.989 euros ahora mismo, el 124,40% del PIB o 31.660 por habitante) no deja de crecer.
Una herencia envenenada casi imposible de manejar por quien, tras las generales de 2023, se haga cargo del timón colectivo, sea el mismo impresentable que hoy nos gobierna u otro cualquiera.