Factura récord: las CCAA superan por primera vez los 100.000 millones de gasto en nóminas
La ‘bola de nieve’ del gasto en personal público alcanzó en 2023 otro nuevo récord. En las autonomías superó por primera vez la barrera histórica de los 100.000 millones de euros (101.601 millones exactamente). Según la liquidación presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, el coste de las nóminas regionales creció un 5,9% respecto al año anterior, lo que supuso un aumento de más de 5.700 millones. Se debió “en parte”, como señala el informe, al incremento salarial del 3% aplicado sobre el importe consolidado del año anterior, que recogía una subida del 3,5%; y, sobre todo, al crecimiento de las plantillas coincidiendo con la celebración de las elecciones en la mayoría de las CCAA.
La contratación de empleados aumentó en 44.000 personas en este ejercicio, hasta acercarse a los 2,2 millones. Como es habitual, los partidos que gobernaban antes del 28-M adelantaron la contratación por si perdían las elecciones y los que han llegado después han acelerado el proceso para colocar a los ‘suyos’. Las autonomías se han convertido de lejos en las Administraciones Públicas con mayor gasto en remuneraciones (masa salarial).
De cada 100 euros que el sector público dedica en su conjunto a nóminas, 62 corresponden a las regiones, que tienen transferidas las políticas de sanidad y educación con un elevado número de efectivos. Más de 60% de este gasto corresponde a estos sectores. Sin embargo, es en los servicios generales (aparato burocrático) dónde se está produciendo un mayor incremento de la contratación y de gasto.
Esta partida ha crecido a un ritmo inferior en el resto de Administraciones. Por ejemplo, el coste de personal en la Administración Central ha aumentado un 3,8% hasta los 28.749 millones (con un mayor número de efectivos en Defensa e Interior) que, sumados a los de la Seguridad Social (casi 3.000), alcanzaron los 31.714 millones. Por su parte, las nóminas de los ayuntamientos, con un alza del 5,3% han superado también por primera vez los 30.000 millones (30.061 millones exactamente).
Por tanto, el gasto público total dedicado a nóminas el año pasado (la liquidación acaba de realizarse) alcanzó el récord de 163.376 millones con un aumento del 5,5% (casi 8.500 millones más) y una plantilla total de 3,6 millones de personas con sueldos no competitivos en muchos casos respecto al sector privado y con mayores deslizamientos salariales como, por ejemplo, la remuneración por antigüedad (en el sector privado casi se ha extinguido el complemento).
Esta cifra representa casi el 12% del PIB así como el 25% del gasto público no financiero y el 26% de los ingresos también no financieros. Se come con creces la recaudación del IRPF y parte de la de IVA, los dos tributos más importantes, y encorseta las disponibilidades de las Administraciones para activar la economía nacional dedicando más recursos a otras partidas como la inversión pública o al gasto productivo. Este coste ha aumentado un 52% desde que comenzó la gran depresión de la economía en 2008 y es casi el triple del que se registraba a finales de los noventa.
Esos 101.000 millones de presupuesto en personal de las CCAA suponen el 41% de su gasto no financiero (llega al 45% en el caso del coste corriente), y representa el 43% de sus recursos también no financieros (alcanza el 46% de los ingresos corrientes). Es, además, el doble del dinero destinado a pagar nóminas que en 2004 y es también cinco veces superior al que se registraba en 1995 (último dato de la serie estadística) cuando las regiones dedicaban poco más de 19.000 millones.
Se ha convertido en la partida más importante de las Administraciones regionales. Triplica el gasto destinado a trasferencias sociales dedicadas al gasto en conciertos educativos, farmacia o asistencia sanitaria) y es, por ejemplo, cinco veces superior a los recursos destinados a la inversión pública. Las autonomías se han convertido en una maquinaria de los partidos para crear empleos y gasto sobre el que nunca se actúa ni se realiza reforma alguna y son además el refugio de muchos ‘afines’ cuando el ajuste por las crisis se ceba en el sector privado.
De las 17 regiones, 11 superan esa media de gasto del 41% destinado a personal. Por ejemplo, Castilla La Mancha destina el 50% de su presupuesto (llega al 55% de los gastos corrientes); Aragón se sitúa cerca del 49%; Andalucía, Extremadura y Murcia superan el 47%; Asturias y el País Vasco alcanzan el 46%; La Rioja está por encina del 45%; Cantabria, Castilla y León se encuentra en el 44%; y Galicia gasta el 43% de su presupuesto en pagar nóminas. Por su parte, Madrid (con un 33% de su gasto total), Navarra y Baleares (34%), Canarias (35%), Cataluña (37%) y la Comunidad Valenciana (38%) son las regiones que registran un menor porcentaje de su liquidación en personal.
En cuanto al incremento del gasto en remuneraciones, Aragón (un 8,9% más), Navarra (8,2%), La Rioja (8%), Comunidad Valenciana (7,4%), Madrid (7,4%), Cataluña (7,3%) y Baleares (6,7%) son las autonomías con mayor aumento en el último año mientras que en el País Vasco (2,7%) Andalucía (4,3%) y Castilla La Mancha (5,2%) y Castilla y León (5,2%) es dónde se registran porcentajes más bajos.
En términos absolutos, Andalucía es la región que más se gasta en pagar nóminas (17.581 millones). Le siguen: Cataluña (16.756 millones); Madrid (11.523 millones); Comunidad Valenciana (10.028 millones); País Vasco (6.467 millones); Galicia (5.812 millones); Castilla La Mancha (4.667 millones); y, por ejemplo, Canarias con 4.487 millones. La Rioja (781 millones) y Cantabria (1.420 millones) son las que tienen menos asignaciones. En todo caso, para tener una idea de lo que representan estas cifras sólo hay que ver que Andalucía y Cataluña superan con creces el gasto de personal de toda la Administración Central (Estado) incluyendo la Seguridad Social.
El ‘subidón’ de esta partida no ha tenido límites. Así, en los últimos 10 años, es decir, desde que se produjo la segunda recesión de la economía española (la más dura en términos de empleo y de remuneraciones en el sector privado), siete comunidades autónomas han aumentado por encima del 50% su gasto en nóminas. Cataluña es la que más ha disparado esta partida en este periodo (más del 64%). Resulta curioso observar que, desde que se inició el ‘procés’ en 2017, el alza es del 43%. Le siguen: Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias, con un 61% de aumento; Navarra (57%); La Rioja (56%); y Murcia (50%). Aunque también es elevado, Extremadura es la región que más ha moderado el repunte en estos años (35%) así como Asturias y Galicia (38% ambas).
Las cifras son importantes, ya que en términos del PIB regional, Extremadura destina a este pago el 11,2% de lo que genera su economía. Mientras, Castilla La Mancha y Canarias destinan el 9,2%; Andalucía y Murcia, se gastan el 9%; Asturias, el 8,7%; y, por ejemplo, Castilla y León llegan al 7,9% y Navarra al 7,8%. Por su parte, Madrid sólo destina a esta partida el 4% de su PIB, dos puntos menos que Cataluña y Baleares.
Continúa el colapso en sanidad: 850.000 personas en lista de espera quirúrgica, 56.000 más que en 2022
La sanidad en España lleva años siendo más un motivo de batalla política que de luchar por garantizar el tan afamado estado del bienestar. Sin embargo, la triste realidad es que los servicios médicos públicos en nuestro país empeoran a cada día que pasa. Y no es una opinión, son los fríos datos. El Ministerio de Sanidad hizo públicos a principios de semana los datos actualizados de la lista de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes.
Como cabía esperar, esta ha alcanzado un récord histórico con 849.535 pacientes a 31 de diciembre de 2023, 56.014 más que en 2022. Además, la media se sitúa ya en 128 días de espera, ocho más que a finales del año anterior.
A tenor de las cifras publicadas por sanidad, el 24,3% de los pacientes espera más de medio año para ser operado en la sanidad pública siendo la neurocirugía con el 42,4% y la cirugía plástica, 40,8%, las especialidades que encabezan esta demora de medio año.
Continuando con el resto de áreas, traumatología, oftalmología y cirugía general se mantienen, al igual que en 2022, como las especialidades con más pacientes en lista de espera, seguido de urología y otorrinolaringología. Algo que no sorprende en absoluto, viendo cómo funciona de mal en muchos lugares de España la sanidad pública.
Sin embargo, si seguimos analizando lo posteado por el Ministerio que dirige Mónica García, a la hora de ver qué Comunidades Autónomas son las más colapsadas, sorprende y mucho el contraste entre el discurso político y la realidad.
La Comunidad de Madrid es la región del país con menos lista de espera, 51 días. Bastante menos que la medía nacional, que se sitúa como hemos indicado en los 128. Datos sorprendentes si vemos la cantidad de manifestaciones que se produjeron en la previa de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo contra el Gobierno de la actual dirigente madrileña.
Una labor que defiende Fátima Matute, Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En declaraciones Matute apuesta por el “modelo eficiente de listas de espera”. “Tenemos a más de un millón de pacientes, pero tardamos menos de 51 días en operar. En otras regiones pueden tener menos pacientes en lista de espera, pero están tardando 128 días en operarlos”, apostilló la número 1 de Ayuso en materia sanitaria.
“La Comunidad de Madrid es eficiente en su gestión y no nos conformamos. Lo que estamos haciendo es una gestión eficiente y tener a los pacientes el menor tiempo posible dentro de esa lista de espera”, comentó. Desde el Gobierno regional apuestan por “una gestión eficiente y un análisis correcto del dato”.
El País Vasco con 61 días, Galicia con 63 y Comunidad Valenciana con 88 siguen la estela de Madrid en menos días de lista de espera. Por el contrario, la situación se agrava y de qué manera en CCAA como Canarias, que tiene una media de 147 días de espera. Cataluña no se queda lejos con 138, o Castilla La Mancha con 102.
En la región el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses es del 0,8% mientras que en Cataluña ese porcentaje asciende al 29,9%, en Canarias es del 27,6% y en Castilla La Mancha 11,6%.
Respecto a pacientes que esperan más de seis meses para ser intervenidos, Cantabria ocupa el primer lugar con un 38,9% por delante de Andalucía, 38% y Extremadura, 35,3%. El País Vasco es la comunidad donde menos pacientes esperan seis meses, solo el 2,5% seguido de Galicia, con el 2,7%.
Una realidad, la de España, que se agrava a cada año que pasa. Como en todos los órdenes de la vida, tenemos más cosas, pero vivimos peor de lo que lo hicieron nuestros padres y abuelos. En cuestión de cinco años, desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa, España ha pasado de tener 584.018 pacientes en lista de espera para cirugías no urgentes en junio de 2018 a las 849.535 que colapsan la sanidad patria a fecha de diciembre de 2023.
Fuentes:
Hay movimientos que defienden una reforma constitucional para un nuevo reparto de competencias en sanidad y opinan que la correcta defensa del Estado social está directamente vinculada a recuperar un Estado fuerte y revertir el vaciamiento competencial del Estado central de cuestiones clave como sanidad y educación y así establecer unas mismas prestaciones sanitarias y garantizar la igualdad. Tenemos un Estado descompuesto y en sanidad lo vemos claro: ¿cómo va a ser esto que en el catálogo se dice que la prueba del talón detecta 11 enfermedades, pero si la prueba detecta 40 enfermedades? ¿Cómo puede ser que con el desarrollo tecnológico que tenemos, seamos incapaces de garantizar la misma prestación sanitaria, el mismo catálogo sanitario y calendario vacunal, en todas las comunidades autónomas? Tienen claro que se ha generado una falta de eficiencia del sistema sanitario nacional.