«Una vez más, el recorte del gasto público servirá de poco si no cambiamos los incentivos de proveedores y ciudadanos»
Quizá en lo único en que ha persistido el actual Gobierno es en responder a todo tipo de problema con aumentos del gasto público. Dado el déficit de las cuentas públicas y el elevado volumen de deuda, estos aumentos de gasto sólo han sido posibles porque, con las excusas del covid y la guerra de Ucrania, el Banco Central Europeo (BCE) ha estado dispuesto a adquirir toda nuestra deuda.
Pero pronto habremos de enfrentarnos a la realidad de que nuestra deuda pública no es financiable. La solución tradicional, que será inevitable para el próximo Gobierno y quizá incluso para el actual, es un recorte sustancial del gasto, impuesto por las instituciones europeas y evidenciado por la imposibilidad de seguir financiando la deuda pública en cuanto el BCE deje de sostenerla artificialmente.
Es tentador creer que el núcleo del problema es el gasto «superfluo», realizado en favor de minorías, a menudo con sesgo ideológico e incluso sectario. Su cuantía es notable y ha aumentado notablemente con el actual Gobierno; pero lo fundamental del gasto son partidas como pensiones, sanidad o educación, que cuentan con apoyo mayoritario de la ciudadanía. Por eso fueron poco efectivos los recortes de 2010-2012: tras un breve receso, las cuentas públicas han seguido deteriorándose. Ni siquiera es decisivo qué partido gobierne o que haya más o menos crisis inesperadas. Gobierna quienes quieren los votantes y, gobierne quien gobierne, en general gasta cómo estos desean. Además, siempre hay crisis de suficiente entidad para justificar gastos excepcionales.
En realidad el comportamiento del gasto público responde a los malos incentivos, tanto de las organizaciones proveedoras de servicios públicos como de los propios usuarios. Los proveedores tienen escaso interés en la eficiencia con la que usan los recursos pues a menudo sus responsables sólo desean aumentar el presupuesto a su disposición, para alcanzar así más poder y prestigio.
Por otro lado, los usuarios, o no pagan por los servicios públicos que reciben o pagan lo mismo reciban más o menos servicios. El contribuyente español financia con sus impuestos los servicios sanitarios y educativos, pero siempre quiere más y mejores servicios. Por eso, ofrecen mejores condiciones de calidad aparente nuestras escuelas, hospitales y universidades que la mayoría de nuestras casas.
Esta combinación de malos incentivos de proveedores y usuarios es terrible. El usuario quiere siempre más y mejor, y el proveedor siempre está dispuesto a satisfacerle. El resultado es que tenemos un AVE a cada aldea y un sucedáneo de universidad en cada pueblo, todo ello de gran calidad aparente, pero de baja calidad sustantiva: un estado tan grande como malo: la falta de medicina preventiva (como vimos con el covid) o medios de defensa (como vemos con la guerra de Ucrania) son ejemplares. En la asignación de los recursos presupuestarios prevalecen los gastos más rentables desde un punto de vista electoral.
En ese contexto, los recortes en tiempo de crisis presupuestaria son sólo una solución momentánea, que además, a menudo empeora la asignación de recursos, pues los recortes siguen un patrón estratégico: no se recorta lo prescindible sino lo que genera menos oposición.
Para tener efectos duraderos, la reducción de gasto debe ir acompañada de cambios radicales en los incentivos de proveedores y usuarios.
