El debate sobre las pensiones en España suele plantearse en términos de suficiencia y poder adquisitivo. Ambas cuestiones son relevantes, pero incompletas. Falta una tercera dimensión esencial, sistemáticamente postergada: la equidad entre generaciones. Ignorarla no elimina el problema; lo agrava y lo desplaza en el tiempo.
El sistema público de pensiones constituye hoy el principal componente del gasto público y el principal foco de riesgo para la sostenibilidad fiscal. Su peso supera ya el 13 % del PIB y continúa creciendo como consecuencia del envejecimiento demográfico, la prolongación de la esperanza de vida y un diseño institucional que ha debilitado los mecanismos automáticos de ajuste. Sin embargo, este crecimiento rara vez se aborda como un problema presupuestario estructural. Se presenta, más bien, como una obligación social incuestionable cuyo coste queda implícitamente diferido.
Durante décadas, las pensiones se financiaron fundamentalmente con cotizaciones sociales, lo que reforzaba la lógica contributiva del sistema. Esa correspondencia se ha erosionado de forma acelerada. Desde principios de la década pasada, el sistema depende crecientemente de transferencias del Estado financiadas con impuestos generales. En la práctica, una parte cada vez mayor del gasto en pensiones se cubre con recursos ajenos a las cotizaciones, ocultando el déficit contributivo y diluyendo la percepción social del desequilibrio.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. Enmascara la situación financiera real del sistema, debilita la conexión entre aportaciones y prestaciones y genera una transferencia de recursos desde las generaciones jóvenes hacia las cohortes ya jubiladas. No se trata de un juicio moral, sino de una constatación contable: cuando el gasto en pensiones se financia con impuestos generales, quienes no disfrutarán íntegramente del sistema actual contribuyen a sostenerlo sin una contrapartida proporcional futura
El problema no es nuevo, pero se ha intensificado con las reformas recientes. La eliminación de factores automáticos de ajuste vinculados a la esperanza de vida y a la sostenibilidad financiera ha reforzado la generosidad del sistema en el corto plazo, a costa de incrementar los desequilibrios a medio y largo plazo. La promesa implícita es clara: las prestaciones presentes se protegen, mientras la carga se desplaza hacia futuros contribuyentes.
Desde una perspectiva actuarial, el desequilibrio es evidente. Las estimaciones disponibles muestran que, en promedio, las pensiones esperadas superan ampliamente el valor actualizado de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Esta brecha refleja un sistema que ya no se rige por criterios de proporcionalidad contributiva, sino por decisiones discrecionales tomadas al margen de restricciones presupuestarias explícitas.
La equidad intergeneracional no exige recortar pensiones de forma abrupta ni cuestionar la protección social de los mayores. Exige algo más elemental: introducir reglas que distribuyan los costes del envejecimiento de manera transparente y compartida. Cuando estas reglas desaparecen, el ajuste no se evita; simplemente se traslada a otras partidas del presupuesto, se financia con deuda o se descarga sobre generaciones futuras con menor capacidad de influencia política.
El silencio sobre este aspecto tiene costes económicos y sociales. Para los jóvenes, el sistema se percibe cada vez más como una promesa incierta financiada con su esfuerzo presente tangible. Esta percepción erosiona la legitimidad del contrato social y alimenta la desafección hacia las instituciones públicas. Para el conjunto del Estado, el crecimiento descontrolado del gasto en pensiones reduce el margen para financiar otras políticas esenciales —educación, innovación, inversión pública— que precisamente determinan las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
La experiencia internacional demuestra que existen alternativas. Sistemas que vinculan de forma explícita la pensión inicial a la esperanza de vida de cada cohorte, que ajustan automáticamente parámetros clave cuando cambian las condiciones demográficas o económicas, y que preservan la transparencia contributiva han logrado combinar protección social y sostenibilidad fiscal. No son sistemas más duros, sino más honestos en su funcionamiento.
Tratar las pensiones como un gasto protegido al margen de las reglas fiscales no fortalece el Estado del bienestar; lo fragiliza. La sostenibilidad no es una obsesión tecnócrata, sino una condición de justicia intertemporal. Un sistema que promete más de lo que puede financiar sin reconocerlo abiertamente acaba imponiendo costes ocultos a quienes no estaban sentados a la mesa cuando se tomó la decisión. Recuperar la equidad entre generaciones no es una opción ideológica, sino una necesidad institucional. Sin ella, el debate fiscal seguirá evitando uno de sus núcleos más sensibles: quién paga realmente el precio de las decisiones presentes.
Fuente: Pensiones y equidad entre generaciones: el desequilibrio silencioso | Actualidad Económica
