EL SEGUNDO BLOQUE DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES SE PRESENTA CONVULSA

El sistema de pensiones, que supone un coste enorme para las arcas del Estado (el equivalente al 12% del PIB) requiere de medidas que permitan hacerlo creíble y sostenible en el futuro. Algo que, pese a los cambios impulsados por el ministro Escrivá, aún no se puede dar por hecho a día de hoy. Europa, para empezar, no considera que dicho objetivo esté conseguido y observa de cerca todos los movimientos que se realizan en España. Nos hallamos ante una cuestión de enorme importancia que requiere de amplios consensos, que en su versión ideal deberían alcanzar no solo a los agentes sociales, sino también a una mayoría parlamentaria lo más amplia posible. Esto no es sencillo, en gran parte porque las pensiones han resultado desde siempre un terreno abonado para la demagogia. Cabe pedir a los partidos que excluyan este asunto ligado a la dignidad de nuestros mayores y de los menos favorecidos, del tiroteo electoralista. Y que pongan ganas y esfuerzo en estabilizar de una vez por todas un modelo que es de todos.

La reforma de las pensiones, junto a la laboral, siempre han estado bajo la lupa de la Comisión Europea (CE)  a quien siempre le ha preocupado el peso que puedan suponer las prestaciones para las cuentas públicas . Por eso, en el último análisis del semestre, la CE recordó a España la «necesaria introducción de medidas compensatorias para mitigar los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal [del sistema de las pensiones] en el largo plazo«.

El ministro de Inclusión y la Seguridad Social, José Luis Escrivá, celebraba todavía no hace un año un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones . El consenso, sin embargo, era sobre un primer bloque de medidas que, entre otras cosas, recuperaba la revalorización de las pensiones según el IPC y dejaba atrás el factor de sostenibilidad del PP aprobado en 2013. Escrivá dejó para la segunda mitad de este 2022 toda una segunda fase (y no poco polémica) que tienen por objetivo «compensar» el gasto futuro. Eso sí, todas están comprometidas con Bruselas.

Todas estas decisiones tendrán una incidencia fundamental en la vida de muchas personas, no solo en los pensionistas de hoy, sino, sobre todo, en los del futuro. Hace tiempo que se habla de que hay que revisar y reformar el sistema porque así como está ahora no es sostenible y no se pueden asegurar las pensiones del futuro. Las medidas se tienen que tomar ahora para asegurarse de que este peor escenario no acabe llegando nunca. Por eso hace falta consenso, social y político, y un debate abierto y transparente con la ciudadanía.. El contexto electoral –con los comicios andaluces y con lo que pueda pasar en otros lugares, en función de lo que pase en Andalucía– no ayudará mucho. La reforma de las pensiones, sin embargo, es uno de los grandes debates de esta legislatura y habrá que justificar muy bien cada decisión que se tome más allá de la coyuntura política de cada momento.

MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)

Escrivá ya lo aprobó con los sindicatos pero sin los empresarios

A finales del año pasado, gobierno español y sindicatos mayoritarios se anticiparon en el calendario y cerraron un acuerdo –sin la patronal– para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional , que ha de servir para llenar la hucha de las pensiones y cubrir el gasto una vez se jubile la generación del baby boom, la más numerosa y la que hace tensar la capacidad de financiación del sistema. La medida pasa por aumentar las cotizaciones 0,6 puntos durante diez años. Será un aumento «contingente y temporal» y se empezará a aplicar a partir del 2023 y hasta el 2032. Por un lado, la empresa asumirá un aumento de las cuotas de las cotizaciones de 0,5 puntos porcentuales, mientras que el trabajador asumirá 0,1, que se traducirían en una reducción del sueldo neto.

PLANES DE PENSIONES DE EMPRESA (PPE)

La norma llega este jueves al Congreso en una votación ajustada

Será el primer pulso del ministro Escrivá en la anunciada segunda parte de la reforma de las pensiones. Escrivá quiere impulsar los planes de pensiones complementarios. Por eso, el gobierno español ha ideado una norma que regula unos fondos públicos para los planes de pensiones colectivos o de empresa. En concreto se crearán unos fondos de pensiones de promoción pública. Es decir, unos fondos donde los trabajadores puedan acumular sus ahorros, o una parte, para su jubilación a través de planes de pensiones de empresa. Se denominan fondo de pensiones de promoción pública porque será el Estado quien los controlará, a pesar de que la gestión será privada. A pesar de que la semana pasada en comisión el anteproyecto obtuvo luz verde, después de que EH Bildu se abstuviera en la votación a cambio de un aumento del 15% de las pensiones no contributivas, la votación de este jueves llega muy ajustada pues el proyecto de ley llega al Congreso sin acuerdo social, puesto que ni sindicatos ni patronales se han sumado, y con la oposición de ERC y del PP y el apoyo condicionado a una retahíla de enmiendas del resto de grupos. Este acuerdo de Escrivá con EH Bildu ha levantado ampollas en la Moncloa donde lo consideran «unilateral», por libre, y que, además, descuadra sus cuentas

En todo caso, la norma final también está pendiente de las enmiendas. Por un lado, el PSOE quiere retirar el destope de las bases máximas que proponía Unidas Podemos y que aprobó por error la semana pasada. Esto abriría la puerta a que empresas y administraciones públicas tuvieran que cotizar por todas las percepciones salariales y no solo por las que están por debajo de la base máxima (4.139 euros al mes este 2022). Por otro, Cs consiguió hacer entrar enmiendas que ampliaban las deducciones.

COTIZACIONES DE LOS AUTÓNOMOS POR INGRESOS REALES

La negociación con los agentes sociales continúa encallada

El gobierno español quiere que los tres millones de autónomos a quienes puede llegar a afectar la reforma paguen unas cuotas de acuerdo con sus ganancias o, en el lenguaje que se está utilizando en el marco de la negociación, de acuerdo con los «ingresos reales». La negociación con los agentes sociales, sin embargo, hace meses que está encallada y, en este caso, el tiempo juega en contra: según el calendario con Bruselas, la reforma tiene que estar terminada el 30 de junio. Por eso, el gobierno ha planteado aprobar nuevas cuotas para los próximos tres años y completar la norma en 2025. La última propuesta de Escrivà es un esquema de 13 tramos para los años 2023, 2024 y 2025 con cuotas de entre 250 y 550 euros al mes. Ahora bien, el ministerio de Inclusión y Seguridad Social también trabaja en la definición del concepto «ingresos reales», que, por ahora, no convence a las organizaciones. Entre otras cuestiones, esto delimita las deducciones que puedan aplicar los trabajadores.

En la última reunión, Escrivá también planteó un nuevo esquema de protección, es decir, mejoras en las prestaciones para los autónomos en caso de no poder continuar con la actividad. La propuesta, por ahora, ha recibido la buena sintonía de las organizaciones como UPTA y Uatae (esta última pide menos cuotas para los autónomos con menos ingresos) pero no de ATA, la organización vinculada a la patronal.

CÓMPUTO DE AÑOS PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN

Escrivá negociará su “ampliación” o “adecuación” 

Este es uno de los puntos que más crispación han levantado, no solo de los sindicatos, sino también del socio minoritario dentro del gobierno de coalición, Unidas Podemos. En el documento enviado a Bruselas se recoge de forma vaga «la ampliación del periodo del cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación». En general, esto se traduce en una reducción de las pensiones. Después de un tira y afloja y muchas publicaciones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado que esto se traduzca en ampliar solo el cómputo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, es decir, de los 25 actuales a los 35 (una medida que desapareció de los documentos oficiales). Ahora bien, desde el ministerio sí que mantienen abierta la puerta a «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, previendo la posibilidad de elección de los años que integren la base reguladora en las carreras más largas«. Es decir, que la extensión del periodo se pueda combinar con la elección de los años cotizados más favorables, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas vidas laborales no son tan continuadas, sino que tienen altibajos.

Además, el gobierno español también se ha comprometido a revisar la base máxima de cotización. Lo que incrementará los ingresos por cotizaciones en unos 660 millones € anuales pero también conllevaría un aumento de gastos al destopar el importe de la pensión máxima.