TRANSPORTISTAS Y CONDUCTORES PROFESIONALES
El Gobierno está avanzando en la tramitación de la legislación para que los conductores profesionales se puedan jubilar de forma anticipada por la mayor peligrosidad en el sector. “El calendario que está en la mesa del diálogo social para lograr el mayor consenso posible entre quienes van a hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo cuando lo alcancemos«, según dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el Congreso.
El pasado 9 de abril la Comisión de Transportes del Congreso presentó una propuesta de ERC con el apoyo del PSOE para anticipar la edad de jubilación de los transportistas. Esta petición se sopprta por ser este gremio un colectivo de riesgo de peligrosidad, según el criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una peligrosidad que se acrecienta por la edad media de profesionales en España, de 50 años, tres más que en el promedio europeo, y en algunos casos se superan los 55 años. No es seguro ni para las personas conductoras, ni para los pasajeros, ni para las mercaderías, ni para el resto de personas usuarias de las vías públicas, que alguien de una edad superior a los 60 años esté al volante de un vehículo más de ocho horas al día. Por ejemplo, los pilotos de aviones o los conductores de trenes sí pueden adelantar su jubilación, pero no los camioneros; un sector donde «la tasa de accidentes en los mayores de 55 años es tres veces superior que en el resto de actividades».La iniciativa salió adelante (20 votos a favor y 17 en contra) gracias al apoyo de PSOE, ERC, Sumar, Bildu, PNV, Junts y BNG, mientras que PP y Vox votaron en contra.
A pesar de los motivos expuestos, hoy por hoy, el transporte profesional no entra dentro de los sectores profesionales objeto de aplicación de los coeficientes de reducción de la edad de jubilación por parte del Gobierno.
TRABAJADORES DEL MAR
La ministra Saiz ha avanzado también que llevará al próximo Consejo de Ministros, el del 28 de mayo, un real decreto para mejorar la protección, la promoción y la mejora de la salud de las personas trabajadoras del mar, tras las quejas mostradas por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal sobre la falta de personal médico en los institutos sociales de la marina, lo que dificulta la obtención de los certificados médicos para que los trabajadores puedan embarcar y desarrollar su actividad.
La diputada peneuvista puso el ejemplo de la falta de médicos en el Instituto Social de la Marina de Vizcaya, que hace que los trabajadores tengan que ir a Gijón (más de 324 kilómetros), para obtener estos certificados médicos, costeándose el viaje por su cuenta.
Por su parte, la ministra ha detallado que, en el caso de Vizcaya, se ha desplazado personal de Melilla de forma excepcional y temporal, y que antes de verano se espera que se incorporen 34 plazas de médicos a la sanidad marítima de toda España.
AZAFATAS
Por su parte el Parlamento Europeo ha defendido que el personal de vuelo acceda a la jubilación anticipada en España, avalando de este modo la petición de un grupo de tripulantes de cabina que denuncian una situación de discriminación indirecta.
Esta cuestión ha llegado a la Eurocámara tras la denuncia española sobre que los tripulantes de cabina quedan excluidos de la jubilación anticipada, de la que sí disfrutan los pilotos de avión, insistiendo en que este gremio debe dejar de ser la cenicienta de la aviación española. Aparte de estar en desventaja por realizar un trabajo en el mismo medio que los pilotos, el sector señala la grave discriminación indirecta de género que sufre, pues la profesión está fuertemente feminizada.
Por su lado, la Comisión Europea ha indicado que los Estados miembros pueden decidir no aplicar la directiva de igualdad a la hora de determinar la edad de jubilación, aunque ha recalcado que investiga el asunto para ver si es adecuado intervenir. En este sentido, ha explicado que ha solicitado información a la red europea de expertos de Igualdad. La petición ha contado con el apoyo unánime de los partidos políticos. El PSOE ha subrayado la necesidad de dar pasos en las demandas de los tripulantes de cabina después de 24 años de quejas. España tiene una cuenta pendiente con este colectivo que ejerce su labor en condiciones penosas, predominantemente mujeres.
MAESTROS DE LA ESCUELA PÚBLICA
La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs-i) ha denunciado con concentraciones frente al Ministerio de Trabajo la diferencia en la edad de jubilación de la mitad de docentes de la escuela pública, pese a que han realizado y realizan «exactamente el mismo trabajo que los compañeros que aprobaron las oposiciones antes del año 2011. Durante una concentración reclamaron la jubilación anticipada a los 60 años para la mitad del profesorado que, actualmente, no la tiene y que se verá obligado a trabajar hasta alcanzar los 67 años de edad.
En un comunicado, la confederación ha recordado que los docentes se encuentran divididos en dos grupos: el régimen Especial de Clases Pasivas, al que pertenecen aquellos quienes accedieron a la función pública antes de 2011; y el régimen de Seguridad Social, formado por el resto de funcionariado y todas las personas interinas. Esta división se enmarca en la aprobación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, en concreto en el artículo 20 y de su disposición transitoria cuarta.
Para los docentes del régimen de Clases Pasivas, para tener derecho a una pensión del 100% de haber regulador, es necesario tener 35 años cotizados en el grupo A2 y 32 en el grupo A1. Además, cuando se aplica el cómputo recíproco, es importante tener presente posibles reducciones en el porcentaje de la pensión, aunque se hayan alcanzado los años cotizados debido a posibles cotizaciones en grupos inferiores.
Por su parte, los docentes que pertenecen al régimen de Seguridad Social que accedan a la jubilación en 2024, o bien en uno de los dos años siguientes (2025 y 2026), serán necesarios 36 años y 6 meses o más cotizados para tener derecho a percibir el 100% de la base reguladora, según aclaran los sindicatos convocantes de las concentraciones en un informe. Y a partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder a una pensión del 100%.
ENFERMERAS
Más de 30.000 enfermeras han solicitado individualmente por escrito al Gobierno que les permita jubilarse de manera anticipada y voluntaria. Así lo ha informado el Sindicato de Enfermería (Satse), que reclama que se aplique un coeficiente reductor para la jubilación, como ya se ha hecho para otros colectivos profesionales (policías, mineros y bomberos, entre otros), en virtud de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé que la edad mínima exigida para tener derecho a jubilación pueda ser rebajada en aquellas actividades profesionales que sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad.
En ese sentido, la organización sindical subraya que la naturaleza y complejidad de la labor asistencial y de cuidados de las enfermeras «requiere siempre de una pericia, habilidad y actitud de alerta y vigilancia permanente que lógicamente se ven afectadas con el paso de los años, independientemente de que el profesional siga poniendo todo de su parte para dar una atención excelente«.
Satse también incide en el hecho de que un profesional con 60 años o más de edad, y con más de 40 de trayectoria profesional, tiene que enfrentarse a todo tipo de situaciones ante las que su estado físico, psicológico y emocional «no es el óptimo». «Es algo que es totalmente entendible para cualquier persona pero no para nuestro Gobierno, que sigue sin querer dar respuesta a una reivindicación que beneficia a los pacientes, los profesionales y al conjunto del sistema sanitario«, señalan desde la organización sindical.
En lo que respecta a las condiciones laborales de las enfermeras, Satse recalca que estos profesionales sanitarios se ven expuestos de manera habitual a numerosos riesgos para su salud, como son los biológicos, físicos, químicos, ergonómicos o psicosociales, además de estar en contacto permanente con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y, en ocasiones, la muerte. Además, un alto porcentaje desarrolla su labor realizando turnos rotatorios, que incluyen el trabajo nocturno durante gran parte de su vida laboral.
«Una realidad laboral que les acompaña durante muchos años y que, día a día y situación tras situación, va afectando seriamente a su estado físico, psicológico y emocional e, incluso, conlleva la aparición temprana de determinadas enfermedades y problemas de salud, como constatan numerosos estudios científicos nacionales e internacionales», apuntan desde Satse, que ha anunciado que tiene previsto continuar impulsando el envío «masivo» de escritos al Gobierno «hasta que haya un compromiso en firme» de posibilitar la jubilación anticipada voluntaria.
POLICÍAS NACIONALES Y GUARDIAS CIVILES COMO PROFESIÓN DE RIESGO
El pasado 19 de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba que había dado la orden de crear un “grupo de trabajo” para declarar a los policías nacionales y guardias civiles como trabajadores “de riesgo”, una condición que conllevaría mejoras en las condiciones de jubilación de los agentes, que tras su retirada anticipada pierden hasta 700 euros mensuales respecto a un mosso o un ertzaina. Tres meses después, no se conoce avance concreto alguno que camine en esa dirección.
Los sindicatos policiales llegaron a desconvocar una reunión sobre la jornada laboral para exigir al director general de la Policía, Francisco Pardo, que compareciese ante ellos para dar cuenta de los trabajos encaminados a su reconocimiento como profesión de riesgo. El máximo responsable del Cuerpo, en una reunión celebrada el pasado 15 de mayo, solo pudo confirmar que se han construido los “cimientos” del proyecto, según explicaron los sindicatos que acudieron al encuentro (Jupol, SUP, SPP y UFP).
Francisco Pardo aclaró que en los últimos tres meses el equipo de trabajo de Interior había solicitado “diversos datos” sobre los agentes que se acogen al régimen de la Seguridad Social y los que forman parte del régimen de clases pasivas, anterior a 2011. Se los habría pedido a las Direcciones Generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen directamente del ministerio que dirige Grande-Marlaska. Actualmente, esos datos se estarían “validando para poder contrastarlos” con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social.
Cabe recordar que el Defensor del Pueblo informó en junio de 2023, hace casi un año, del inicio de los trabajos para la jubilación digna de los agentes, que piden retirarse anticipadamente a los 59 años y sin pérdidas retributivas. Nueve meses después, el pasado mes de marzo, la institución dirigida por Ángel Gabilondo aseguró que los trabajos de las mesas técnicas habían comenzado “con retraso”.
El proceder de Interior ante las principales reivindicaciones de los agentes, como lo son la equiparación salarial y la jubilación digna previo reconocimiento como profesión de riesgo, han provocado la declaración de dos conflictos colectivos -la medida de presión más contundente que pueden llevar a cabo- por parte de tres sindicatos policiales. Uno de ellos, la Confederación Española de Policía (CEP), critica que el ministerio está “mareando la perdiz con los derechos” de los policías y guardias civiles.
Junto al CEP, los sindicatos Equiparación YA (EYA) y Alternativa Sindical de Policía (ASP) también presentaron un conflicto colectivo conjunto que desoyó Interior, por lo que las organizaciones demandaron al ministerio en la Audiencia Nacional. Ninguno de los representantes de los sindicatos en conflicto se sienta en la mesa de las reuniones del Consejo de Policía en señal de protesta por la postura de Interior.
“Pasado un año -de la información del Defensor del Pueblo- seguimos teniendo promesas vacías de contenido”, denuncia el secretario general de EYA, Natán Espinosa. “No nos fiamos del Gobierno y tampoco vamos a seguirle su juego sentándonos en el Consejo de Policía para tramitar todas las normas que quiera cuando hay cientos de compañeros jubilándose todos los meses con 700 euros mensuales menos”, concluye.
Policías y guardias civiles convocados por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, celebran este sábado una manifestación por el centro de Madrid para reclamar mejoras laborales como ser reconocidos como profesión de riesgo y la «plena equiparación» con Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales.
