Las prestaciones de los jubilados crecen al doble de ritmo que las rentas que deben sufragarlas
Dos terceras partes de la subida de cotizaciones recaerá ‘sólo’ sobre un 5% de asalariados
El aumento del gasto en pensiones forzará al futuro Gobierno a tomar medidas ya en 2025
Dejando a un lado el prolijo volumen de cifras, proyecciones y estimaciones decimales sobre los efectos económicos de la reforma de las pensiones hay tres claros puntos contradictorios en sí mismos que dan cuenta de la debilidad y los pies de barro de la reforma. Tanto es así que ya no hay ningún organismo oficial que haya ahondado en este análisis financiero que no prevea la necesidad de medidas complementarias dentro de sólo tres años, cuando la Airef tenga que realizar un primer balance de la reforma.
Subida con el IPC: pensiones y salarios
En primer lugar, las rentas de los trabajadores que deberán sufragar las futuras pensiones crecen casi tres veces menos de ritmo de aumento de las prestaciones. Concretamente, cuando las jubilaciones en España han registrado un aumento del 8,5% para 2023, los sueldos pactados en convenio que afectan a 7 millones de trabajadores avanzan el 3,1% de media. Es de destacar que además la jubilación de los baby boom está elevando exponencialmente las cuantías de las nuevas prestaciones, que por vez primera en la historial han rebasado los 1.600 euros mensuales de media en las nuevas altas, lo que hace que este colectivo de recién jubilados perciba mayores rentas que el 60% de los actuales trabajadores en activo.
Probablemente, esta sea la mayor contradicción ya que se agrava por el motivo demográfico. No es sólo que los actuales cotizantes estén experimentando menores incrementos de renta que aquellas que deben sufragar, sino que además estos cotizantes serán cada vez menos y los beneficiarios de una pensión cada vez más. De hecho, la combinación del efecto de la ampliación de la esperanza de vida y la llegada a la jubilación de la generación del baby boom provocará un incremento del 50% del número de pensiones a pagar (de 10 a 15 millones) con una tasa media anual del 1,5 % anual hasta 2050.
Esta vinculación de las pensiones al aumento del IPC añadirá un sobrecoste en prestaciones de 36.000 millones de euros sobre los más de 190.000 millones que ya suponen la partida presupuestaria.
Aumento de las cotizaciones
Subir las cotizaciones a un millón de trabajadores para pagar a diez millones de pensionistas no es viable lo cual es un segundo elemento de falta de coherencia de las medidas aplicadas. Aunque se cotizará más los expertos advierten de que será insuficiente y cabe recordar que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) proyecta una pérdida de 190.000 puestos de trabajo debido al aumento de costes laborales.
Concretamente, la medida de subida de bases máximas de cotización afectará al 5% de la población asalariada, algo más de un millón de trabajadores con rentas por encima de los 54.000 euro anuales. Y sobre sus nóminas se cargarán dos terceras partes de la recaudación extra prevista por el alza de cuotas (sumado en este punto la parte correspondiente del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que afecta a todos los sueldos), con las que se espera llegar a ingresar 1,7 puntos porcentuales del PIB en 2050.
Concretamente, los 1.040.000 trabajadores que cobran por encima de la base máxima de cotización serán responsables, por lo tanto de aportar unos 15.700 millones de euros más a la Seguridad Social procedentes de sus nóminas allá por 2050. Mientras que la brecha fiscal (entendida como la suma de retenciones por IRPF y por cotizaciones sociales crecerá también exponencialmente) llegando a restar de media 8.800 euros anuales por las cargas tributarias.
Años para el cálculo de la pensión
Y por último encontramos la no ampliación del periodo de años cotizados para el cómputo de la pensión. La medida que Bruselas y el Gobierno habían comprometido y que estaba llamada a ajustar el gasto en la partida de jubilaciones al recoger más años de cotizaciones que empujasen las cuantías de las pensiones a la baja, finalmente no dará tal resultado. Todo lo contrario, la posibilidad de elegir los mejores 27 años de los últimos 29 o elegir los últimos 25 años agregará 2.500 millones de gasto al sistema. Se supone que la ampliación del periodo de cómputo era para reducir gasto y va a ser justo al revés.
