PENSIONES. LAS ‘DOLOROSAS’ MEDIDAS QUE YA ESTÁN SOBRE LA MESA

Hay que entender cómo funciona el sistema de pensiones público en España (y en casi todos los países desarrollados del mundo). Es un sistema de reparto: son los cotizantes, los trabajadores de hoy, los que pagan las pensiones de los jubilados. Es decir, cuando un trabajador cotiza no está «ahorrando» dicho dinero para el futuro, ese dinero se usa para pagar ese mismo mes a los pensionistas.

El actual sistema de las pensiones, que mantiene casi la misma estructura desde que se configuró a finales de los 60 del siglo pasado para una situación económica, demográfica y social muy diferente a la actual, urge una reforma, que se ha visto aplazada por la falta de Gobierno -y sobre todo de consenso entre los partidos- y que obligará a duros ajustes e importantes cesiones en el medio y largo plazo tanto de los trabajadores como de los jubilados.

Las pensiones públicas a día de hoy son insostenibles. En 2016 el déficit de la Seguridad Social (la diferencia entre lo gastado y lo recaudado) fue de 18.500 millones de euros. En 2017 fue de 18.800 millones. En 2018 se estima (las cifras todavía no son públicas) que rondará 19.500 millones y para 2019 se barajan los 22.000 millones, todo esto con una expansión del empleo importante.

Cada vez hay más pensionistas y los trabajadores no aumentan en la misma proporción, debido a que la demografía de las últimas décadas es la que es y la crisis económica ha hecho que la llegada de inmigrantes sea baja. Además en un contexto de sueldos bajos y empleos precarios, un incremento progresivo del número de demandantes de prestaciones -que se intensificará por el inminente desembarco en el sistema de la generación del ‘baby boom’- y un aumento del tiempo durante que se pagan las pensiones por la mayor esperanza de vida; los retrasos, voluntarios o involuntarios, obligarán a medidas cada vez más severas

Los responsables políticos de todos los colores parece que se han comprometido a garantizar a que las pensiones suban de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), un compromiso sin duda justo, pero que obligará a aplicar otras medidas posiblemente muy dolorosas y de gran calado.

¿Qué iniciativas están ya sobre la mesa?

Aumentar la edad de jubilación

Aumentar la edad de jubilación progresivamente es el camino que ya han tomado la mayoría de los países europeos, incluida España, para garantizar el pago de las pensiones. Los incentivos para un retiro cada vez más tardío contribuyen a que los trabajadores sigan cotizando al tiempo que retrasan el cobro de su pensión, en una coyuntura, que por la mayor esperanza de vida es posible seguir activos más años. La edad media de jubilación se sitúa en los 64,4 años, lejos todavía del objetivo de 67 años en 2027, con un número importante de trabajadores que pueden retirarse mucho antes de esa edad dadas sus largas carreras de cotización.

Mientras la esperanza de vida a partir de los 65 años crece 16 meses cada década, la edad media de jubilación lo hace a un ritmo de seis meses cada diez años. Ahora, el objetivo es fijar la edad límite de jubilación adecuada en un momento en el que ya se empieza a hablar de los 70 años.

Más inmigrantes

El gasto en pensiones se elevó en septiembre a una cifra récord de 9.735 millones, un 4,8% más que en el mismo mes de 2018. Para afrontar este incremento -imparable- será necesarios nuevos ingresos y una de las vías, posiblemente la menos traumática, será la incorporación en el mercado laboral de nueva mano de obra. Con una natalidad en mínimos y una población envejecida, que de momento es poco receptiva a retirarse más allá de los 65 años, la entrada de inmigrantes en el mercado laboral resulta vital y será necesario un aluvión de nuevos trabajadores. En 2050, la fecha crítica que fijan la mayoría de los informes, el número de pensiones pasará de los casi 9,8 millones actuales a los 15 millones. Para afrontar este escenario casi apocalíptico en las actuales circunstancias serán necesarios 29 millones de cotizantes, casi diez millones que los que hay en la actualidad.

Nuevos impuestos finalistas

El pasado octubre, Japón, el país con mayor esperanza de vida -81 años para los hombres y de 87 para las mujeres-, decidió subir el IVA del 8% al 10% para hacer frente al envejecimiento de su población, que supone gran gasto en pensiones y sanidad. La subida del impuesto al consumo, en un país con un elevado endeudamiento y con un escenario demográfico con muy difícil arreglo, ha sido duramente criticado por los ciudadanos, que han visto como el tributo ha subido cinco puntos porcentuales en cinco años. La vía japonesa, que implica subir o crear nuevos impuestos para financiar unas prestaciones que no se pueden afrontar las cotizaciones de los trabajadores, es otro de los escenarios que se barajan.

Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, admitía recientemente que aumentar impuestos podría ser una alternativa, teniendo en cuenta que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la Unión Europea, y que el tamaño de los impuestos indirectos es menor. La opción, implica un problema a considerar: prácticamente toda la población se vería afectada, incluyendo a los pensionistas, y supondría un cambio evidente sobre el carácter contributivo del sistema.

La ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que si las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones sería será necesario «pensar en complementar los ingresos» con recursos procedentes de los Presupuestos o con la creación de impuestos exclusivos para garantizar el equilibrio financiero del Sistema. En una línea parecida, la probable ministra de Trabajo a propuesta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, reconoce la necesidad de acudir a la financiación vía presupuestos cuando las cotizaciones sociales no alcancen. En definitiva, nuevos o más impuestos.

El destope de cotización

Tanto Unidas Podemos como el PSOE, futuros socios de Gobierno, plantean (al menos debatir) el destope de las bases de cotización, algo que implicaría que los trabajadores cotizarían por los ingresos percibidos por rentas del trabajo con independencia de su cuantía. La decisión, que implicaría una penalización para los empleados con mayores ingresos, supondría en un primer momento un fuerte incremento de los ingresos de la Seguridad Social, pero tendría un efecto negativo de incrementar las pensiones de dichos cotizantes. La ‘jugada maestra’ que propone Unidas Podemos para evitar que el efecto recaudatorio desaparezca podría ser destopar la cotización pero no la pensión, algo que iría en contra del principio de contributividad.

Las cuentas nocionales

Suecia, Italia, Letonia o Polonia ya han adoptado el modelo de jubilación de cuentas nocionales con el objetivo de garantizar su sistema de pensiones. Este modelo ha sido aplaudido en diferentes ámbitos, desde BBVA a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), pasando por el Banco de España, que admite que aportaría transparencia y contributividad, al tiempo que lo ha calificado de «interesante». 

Las cuentas nocionales son cuentas virtuales individualizadas que se asignan a los trabajadores cuando comienzan su vida laboral y donde se van acumulando las cotizaciones que realizan. Cuando se alcanza la edad de jubilación, las prestaciones que reciben dependerán de lo acumulado en su cuenta ficticia.

Una de las principales ventajas de este sistema es la transparencia. El trabajador sabe en todo momento el importe que ha cotizado en un momento concreto de su vida activa -la suma de las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida, más la rentabilidad que se le reconoce a las mismas-, además del importe que alcanzará en el momento que se jubile, si se mantienen sus condiciones de cotización. Ese importe alcanzado a la jubilación se divide según los años de vida que se calcula va a vivir el trabajador en el momento de jubilarse.

Por ejemplo, si se jubila a los 65 años y tiene acumulados en su cuenta nocional 500.000 euros y se espera que en ese momento su esperanza de vida sea de 20 años, la pensión será el resultado de dividir 500.000 entre 20, lo que le permitiría tener una pensión de 25.000 euros anuales.

Si se jubila más tarde, acumulará más derechos en su cuenta y dividirá su importe entre una esperanza de vida menor, con lo que intuitivamente es muy fácil ver las implicaciones de jubilarse antes o después, así como si el esfuerzo de cotización a lo largo de la vida laboral es suficiente para tener el nivel de vida deseado en el momento de la jubilación. Esto permite flexibilizar la edad de acceso a la jubilación: Los trabajadores podrían decidir jubilarse antes teniendo información real sobre la cuantía de su prestación y asumiendo lógicamente que una jubilación anticipada implicará una menor cuantía de pensión.

La mayor desventaja de este sistema es que no asegura que el pensionista cobrará lo que necesita para vivir una vez se jubile. Además, penaliza enormemente a quienes, por un motivo u otro, no han tenido una vida laboral muy activa. Para remediarlo habría también que incluir una suerte de pensiones mínimas como ya existen en la actualidad para este tipo de casos.

Fuente: Francisco Lorenson en Periodista Digital

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y sin marcas de agua

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