PENSIONES. EL GRAN TABÚ Y LAS VERGUENZAS QUE PROVOCA

La sostenibilidad de las pensiones es el gran tabú que ha tenido que afrontar la economía nacional en los últimos cuarenta años y tanto los gobiernos socialdemócratas como los de tinte liberal conservador han venido haciéndose un sinfín de trampas en el solitario en su empeño por salvaguardar al erario público del llamado ‘lobby de los pensionistas’, el más fuerte y numeroso grupo de presión existente en nuestro país dispuesto a explotar sin mayores escrúpulos unos sentimientos demagógicos sin ningún rigor ni económico ni social..

La amenaza que desde muy distintos ámbitos económicos se cierne sobre el sistema público de pensiones es un fantasma al que le chirrían las cadenas porque, a la postre, la Seguridad Social es parte integrante del Estado y sus cuentas incorporan cada año las transferencias de capital procedentes del Ministerio de Hacienda. Por mucho que los más ortodoxos defensores se nieguen a reconocer las evidencias, las jubilaciones ya se vienen pagando a partir de los impuestos. En otras palabras, la quiebra de la Seguridad Social es simple y llanamente una falacia, al igual que ocurre con la famosa hucha de las pensiones que no deja de ser una mera y simple ilusión contable; muy eficaz, no obstante, como arma arrojadiza del debate político.

El ejército de los casi nueve millones de españoles que cobran a día de hoy una prestación por jubilación irá nutriéndose con nuevos refuerzos infranqueables de la generación de los “baby-bomm”. El reconocimiento de las pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo será condición indispensable para cualquier partido político que aspire a conservar el poder.

Convendría recordar que los sistemas de pensiones no quiebran en sí mismos sino como consecuencia de la bancarrota de los Estados.

A partir de esta consideración, el coste de las jubilaciones debe entenderse como un gasto público, probablemente el más justo y necesario además de la sanidad y de la educación.

La disminución de la tasa de natalidad, el incremento de la esperanza de vida, traducidos en una tasa de dependencia muy elevada parece indicar que el Estado no podrá seguir abonando pensiones a los niveles actuales por los motivos aquí comentados y sin duda, la solución de nuestras pensiones tendrá que pasar por, además de la transparencia y la comunicación, por la coordinación y cohesión de los tres pilares de previsión social. La realidad es que en España, transcurridas dos décadas de siglo XXI, seguimos contando con un sistema antiguo, adecuado a la realidad demográfica del último tercio del siglo pasado, pero en ningún caso adaptado a la situación actual y futura de nuestra economía y situación demográfica.

Quizás las soluciones pasarán por una reducción de las pensiones, aplazamiento de la edad de jubilación y ligar ésta a la esperanza de vida, retomar las medidas de 2013 actualmente suspendidas, e incrementar el escaso protagonismo actual del sector privado, para poder paliar parte de la merma que sin duda tendrán que sufrir nuestras pensiones de jubilación.

Pedro Sánchez tiene bien aprendida la lección de Zapatero, que fue el último gran reformador (y deformador con su Ley 27/2011) del sistema público de pensiones y en esta tesitura no parece dispuesto a entregar la cuchara de la SS a sus socios de Podemos para no soliviantar al resto de colegas comunitarios y la opción que cobra fuerza es el traspaso de la Seguridad Social a la tutela del Ministerio de Economía desgajándola de Trabajo, bajo control de una de las vicepresidentas socialistas del hipotético Ejecutivo social-comunista, Nadia Calviño.

No conviene olvidar que fue Podemos y, más concretamente la presunta ministrable de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se cargó el Pacto de Toledopoco antes de las elecciones fallidas del 28-A. Previamente las huestes de Podemos dieron al traste con el acuerdo que prácticamente tenía ventilado la exministra Fátima Báñez con la que luego sería su sucesora, Magdalena Valerio, para dar cobertura al déficit de la Seguridad Social en un programa de actuación establecido durante un plazo de cinco años. El objetivo de este verdadero pacto de Estado, imposible después de la célebre moción de censura de junio de 2018, no era otro que asegurar la separación de fuentes de modo que las prestaciones de jubilación no tengan que ser sufragadas con ocultamente, como si eso fuese “vergonzoso”, cargo a los Presupuestos.

Fuente: José Antonio Navas en La Información

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