Día sí y día también, salen artículos en las páginas salmón y en las sepias donde se cuestiona la sostenibilidad del sistema público de pensiones porque vivimos demasiado, porque nuestras pensiones son demasiado generosas y porque cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes.
Ante estas verdades a medias nos ofrecen las mismas soluciones de siempre: aumentar la edad de jubilación a los 72 racionalizar su importe (es decir, bajarlas) y, como solución mágica, acogernos a los planes de empleo y al «aseguramiento» privado.
Los tres pilares: el público, el sectorial o de empleo, y el privado individual. Para que estos dos últimos tengan recursos, es a costa de adelgazar el público, de cambiar un derecho de ciudadanía por un producto más del mercado.
Quienes defienden la política de los tres pilares rompen con la contundencia y seguridad de un saneado sistema público, y ocultan los efectos nocivos que intoxican los productos que intentan vendernos y quieren obligarnos a comprar.
Los planes de empleo desvían una masa de dinero que, en un sistema de reparto puro, se podría ingresar directamente en la Seguridad Social mediante las cotizaciones. Al canalizarse hacia fondos privados, esos recursos pasan a generar beneficios e intermediación para gestoras de fondos, bancos y aseguradoras a través de comisiones de gestión, depósito y otras que se puedan inventar.
Estos planes están expuestos al riesgo de los mercados. A diferencia de la pensión pública, que está garantizada por el Estado y se puede y debe actualizar por ley con el IPC, los fondos de empleo dependen de la evolución de la bolsa y los mercados financieros. Crisis financieras globales, como la de 2008, demostraron que las futuras generaciones de jubiladas y jubilados pueden ver reducido el importe de sus pensiones de forma drástica justo antes de retirarse, convirtiendo un derecho social en un activo sujeto a especulación.
Se rompe con la lógica solidaria donde el sistema público redistribuye la riqueza y garantiza mínimos de subsistencia a través de la solidaridad intergeneracional (quienes ahora trabajan pagan las pensiones de sus mayores) e intrageneracional (los salarios altos sostienen las pensiones mínimas). Los planes de empleo operan bajo la lógica individualista de la capitalización: «tanto pones, tanto tienes».
Los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) que en teoría deben regir estos productos no dejan de ser un lavado de imagen, un «capitalismo ético» que no altera la raíz del problema: el dinero sigue atrapado en una lógica de acumulación y rendimiento financiero que choca frontalmente con la vocación de un sistema público, cuyo único fin es sostener la vida y garantizar el bienestar social mediante la redistribución directa (cotizaciones e impuestos pagan pensiones), sin intermediación mercantil
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En conclusión: el sistema público de pensiones no cobra comisiones, no arriesga en bolsa, no pierde los papeles en el casino especulativo; sin embargo, es solidario, redistribuye la riqueza, pone en valor derechos sociales y su fin es lograr el bienestar de la gente, de toda la gente.
Fuente: Los tres pilares de las pensiones
