La amnistía y el referéndum de autodeterminación “están encima de la mesa negociadora” con Junts per Catalunya para conseguir la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo ha admitido el Gobierno que considera “lógico” que los posconvergentes y Esquerra Republicana entablen el diálogo partiendo de “una posición de máximos y a partir de ahí, tenemos que encontrar fórmulas para avanzar”
La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se comprometió durante la campaña electoral a que, de la mesa de diálogo bilateral que el Ejecutivo de Sánchez y la Generalitat inauguraron en 2020 [una exigencia de ERC para no bloquear la investidura de enero de aquel año], salga un acuerdo durante la próxima legislatura que se someta a votación entre los catalanes.
Sánchez aseguró durante la campaña que no negociaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña para obtener el apoyo del independentismo. Recordó que no negoció algo así en la pasada legislatura ni lo hará ahora porque la Constitución no lo permite. No obstante, en distintas ocasiones, el propio Sánchez también se ha mostrado partidario de “votar un acuerdo” para resolver la crisis política en Cataluña, ya que “tras la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un Estatuto autonómico que no votó”.
Entre las reivindicaciones del líder de Junts per Catalunya, Carles Puidemont, está la aprobación de una amnistía y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña . Con estos dos puntos de fondo, asistimos a una especie de día de la marmota que nos recuerda a cuando Sánchez y Puigdemont se reunieron en 2016 para intentar acercar posturas con el objetivo de solucionar el conflicto catalán, allá por 2016.
Sánchez y Puigdemont en su reunión en 2016 en el Palau de la Generalitat (Youtube/EFE)
“Si tú eres atrevido con el referéndum, te ayudaremos” le dijo el entonces president de la Generalitat de Catalunya al entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez. Estas palabras se produjeron en una conversación en Cataluña, cuándo el líder de los socialistas acudió a reunirse con Puigdemont con el objetivo de acercar posturas y avanzar en la relajación de la tensión entre la Generalitat y el Estado.
En aquel encuentro, Sánchez le trasladó lo que ha mantenido siempre: la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación por ser contrario a la Constitución, además de puntualizar que, de celebrarse, se debería votar en todo el territorio nacional, cuestión que a los independentistas no les satisface por la postura claramente contraria de la mayoría de los españoles a la separación de Cataluña del resto del Estado.
Reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Imagen de archivo. (David Zorrakino – Europa Press)
En aquel momento, en marzo de 2016, quedaban pocos meses para la caída de Sánchez tras la confabulación de algunos dirigentes históricos del PSOE y la colaboración necesaria de baronías tan importantes como la andaluza o la castellanomanchega.
Al mismo tiempo, en el momento de la celebración de ese cónclave, aún quedaba algo más de un año para alcanzar el punto de no retorno: la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal impulsado por el Govern autonómico presidido por Puigdemont y la posterior declaración unilateral de independencia.
Sánchez ya había dejado clara su oposición frontal a la celebración de un referéndum en Cataluña, tal y como demandaban los partidos soberanistas y otras formaciones como Podemos y su marca En Comú Podem. Se preveía, además, que el presidente catalán planteara en la reunión con Sánchez la necesidad de celebrar en Cataluña un “referéndum legal”, una idea que el secretario general del PSOE no suscribía, aunque sí ofrecería otras recetas para evitar el choque de trenes territorial.
El plan era exponer al president su convicción de que la independencia de Cataluña no era la solución y defender la reforma federal de la Constitución. Sánchez, según fuentes socialistas consultadas en ese momento, quería insistir ante Puigdemont en que el proyecto de reforma constitucional que abanderaba el PSOE contemplaba que los catalanes puedan votar hasta en dos ocasiones: la primera, en el referéndum en toda España para avalar la reforma de la Carta Magna; y la segunda, ya sólo en Cataluña, para dar el visto bueno a un nuevo Estatut.
En la autobiografía de Puigdemont Me explico: de la investidura, al exilio, el expresident de la Generalitat relata, según su versión, como se desarrolló aquel encuentro. En aquella reunión, Sánchez planteó la posibilidad de abordar una reforma profunda de la Constitución y la modificación del sistema de financiación autonómico.
Ambas propuestas, en 2016, fueron rechazadas por el president: “¿Tú has oído que en Cataluña alguien esté pidiendo un nuevo Estatut? ¿Y para hacer qué? […]. Aquí lo que queremos es un referéndum. Si tú admites la posibilidad de referéndum, nosotros te ayudaremos; podemos entendernos”, cuenta Puigdemont en el libro.
“Nosotros no creemos en esa posibilidad. Porque ¿qué mayoría tienes para llevarla a término?”, preguntó a Sánchez sobre la reforma de la Carta Magna. “Está claro que tendríamos que esperar al apoyo del PP”, respondió el líder del PSOE.
Con la aritmética parlamentaria actual, el Presidente del Gobierno en funciones se ve en la obligación de empezar a tratar con un actor político que, durante los últimos años, se encontraba en un punto entre la autoexclusión de la vida parlamentaria y la innecesaria relación con el Gobierno de coalición.
Durante la anterior legislatura, Junts asumió un papel secundario, ya que el Gobierno no necesitaba sus votos para sacar adelante las votaciones. No obstante, con la nueva aritmética, Junts Per Catalunya se encuentra ante la encrucijada de decidir si prefiere darle una segunda oportunidad a la derecha o, por el contrario, intenta sacar provecho de la necesidad de Sánchez de contar con sus votos. Sánchez lo tiene claro: quiere sentarse a negociar.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la sesión constitutiva de la XV legislatura. (Eduardo Parra – Europa Press)
Este segundo escenario es el que, por el momento, se ha materializado con la votación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahora, con el debate sobre la amnistía o el referéndum de autodeterminación sobre la mesa, se abre un nuevo periodo de negociaciones en el que principalmente Junts deberá abordar con el PSOE y Sumar algunas de sus demandas.
A pesar de ser conscientes de la dificultad de alcanzar algunas de sus peticiones, es posible que los de Puigdemont comiencen a transitar por la misma senda posibilista a la que retornó ERC con el objetivo de convertirse un actor político más parecido a la antigua Convergència, que al papel político que han asumido estos últimos años. Un escenario que podría dejarnos una imagen para la historia: una nueva reunión entre Sánchez y Puigdemont.
Los juristas descartan que se pueda celebrar un referéndum de independencia en Cataluña
El fantasma de la independencia de Cataluña vuelve al centro del debate político. Los partidos nacionalistas apuntan a un referéndum de autodeterminación como contrapartida para apoyar la reelección de Pedro Sánchez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lanzado esta advertencia: «Si hay amnistía, pero no hay referéndum, volvemos a lo mismo». ERC también pedirá la consulta, aunque no descarta apoyar al presidente en funciones sin esa condición
El artículo 92 de la Constitución establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». No obstante, el artículo 168 precisa que siempre que se proponga una revisión «total o parcial» de la Carta Magna que afecte al Título preliminar (como es el caso), al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se tendrá que aprobar «por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes».
Las distintas modalidades de referéndum están recogidas en una ley orgánica que establece que la autorización para la convocatoria «en cualquiera de sus modalidades» es competencia exclusiva del Estado. En su artículo 2 precisa que el permiso lo acuerda el Gobierno a propuesta de su presidente «salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso», como es el caso, reconocen los constitucionalistas.
El Partido Socialista de Cataluña (PSC), fuerza más votada en esta región el pasado domingo y en las últimas elecciones autonómicas, tiene un plan. Su líder, Salvador Illa, ha verbalizado en varias ocasiones que su formación estaría dispuesta a una consulta para mejorar su autogobierno, ya que los catalanes tienen «un estatuto que no han votado», después de que fuese recurrido al Constitucional. La fórmula se aleja de la solución que plantea ERC, que pasa por un referéndum de autodeterminación.
La jurisprudencia constitucional es clara: una comunidad autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación pues el Estado es el único actor competente para activar una consultar popular a través del artículo 92 de la Carta Magna. Además si la materia que se va a tratar requiere la reforma de la Constitución no basta con el citado artículo 92 y hay abundante jurisprudencia al respecto, entre ellas varias sentencias del Tribunal Constitucional. Una de ellas ya declaró inconstitucional en 2017 el referéndum de autodeterminación que proponía el Parlament de Cataluña.
El primer antecedente se remonta a 2008, cuando el Constitucional negó al Parlamento Vasco «la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política». Tras el fracaso del Plan Ibarretxe, los nacionalistas trataron de realizar una consultar popular, pero los magistrados concluyeron que una comunidad autónoma no era competente.
En caso de que se convoque un referéndum debería aprobarlo ambas Cámaras por mayoría de dos tercios, disolverse las Cortes y que lo votaran todos los españoles. Es una cuestión territorial que afecta a toda España. En definitiva, esa vía «no tiene recorrido jurídico, aunque genera tensión. Esa concesión no es posible y aceptarla sería un suicidio. Es solo una estrategia de negociación: las partes exponen sus exigencias máximas, pero esconden las mínimas
Si el Gobierno acaba pactando un referéndum de autodeterminación en Cataluña cabría la posibilidad de impugnar el acuerdo, aunque esa fórmula podría abrir nuevos escenarios, ya que los miembros del Constitucional han cambiado pero lo cierto es que la corte de garantías cuenta con una doctrina consolidada cuyo camino se inició en 2008.
