Ni siquiera sus detractores podrán negarle a Pedro Sánchez que es audaz hasta el extremo de resultar temerario. A pesar de que en su carrera política ha dado varios saltos mortales siempre ha caído de pie. En contra del aparato de su propio partido, revalidó la secretaría general del PSOE después de que le echaran por intentar forzar una votación fraudulenta. Expulsó a Mariano Rajoy de la Moncloa, haciendo bueno su «no es no» tras ganar una moción de censura por primera vez en democracia y sigue en la Moncloa tras haber decretado, no una, sino en varias ocasiones, un Estado de Alarma inconstitucional.
Ahora, cuando ni siquiera puede pisar la calle porque los abucheos son atronadores se juega la reelección en unos Presupuestos que, en el mejor de los casos, dan risa y en el peor, dan miedo y que ni un día han tardado el Banco de España y el servicio de estudios de BBVA en enmendar las cuentas de arriba a abajo. No son presupuestos de gestión, son cálculos electorales.
El sector público sigue comiéndose al privado, asfixiándole. En los últimos veinte años, apenas han subido los salarios reales. En 2024, cuando vayamos a las urnas, seremos más pobres, más si cabe. Sin embargo, aunque con sufrimiento, la economía acaba siempre por enderezarse.
El antecesor de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, lidió con tres problemas económicos de insomnio: el pufo de deuda oculta que le dejó Zapatero debajo de la alfombra, el estallido de la burbuja del ladrillo y el reventón de las cajas de ahorros. Cabe aplaudir que Rajoy logró sacarnos del hoyo de la quiebra (aunque con una devaluación encubierta de nuestro nivel de vida). Pero Mariano Rajoy no desmontó el tinglado “progresista”, ni si quiera lo intentó, que había montado Zapatero, probablemente porque, como se le acusó en su momento, Mariano era en el fondo un “conservador progresista”, tanto en lo económico como en lo social.
La economía es importantísima, pues aborda los medios de vida de las personas y las empresas. Pero no lo es todo y el precio de la abulia marianista ante lo no económico tuvo un precio: el Frente Popular que hoy padecemos. Es de temer que la historia puede repetirse. La estrategia popular actual pasa por pescar votantes socialistas moderados desencantados, y por eso está evitando las batallas ideológicas. Pero ese planteamiento puramente táctico resulta peligroso, porque el mundo no se agota para nada en la economía.
El Gobierno de coalición ya ha logrado aprobar 154 leyes desde el comienzo de su andadura en enero de 2020. De esas 154 iniciativas, la mayor parte se trata de reales decretos leyes convalidados por el Congreso: 82 (el 53% del total, volumen explicable por la pandemia). Otras 48 son leyes ordinarias (31%) y 23, leyes orgánicas, de mayor rango (15%).
Pero las que aún restan en la mochila tienen un enorme calado ideológico para el Gobierno de coalición. Como la Ley de Vivienda que finalmente el Consejo de Ministros pudo enviarlo al Congreso el pasado 1 de febrero. Un mes más tarde superó las enmiendas de totalidad pero ahí se paró todo por la falta de acuerdo con los socios de investidura que temen una invasión competencial.
La falta de consenso con los grupos que habitualmente apoyan al Ejecutivo explica también el atasco que sufre la derogación de la ‘Ley Mordaza’ (o reforma de la ley de seguridad ciudadana), otro de los compromisos bandera del Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos llegaron a acordar las enmiendas, pero uno de los escollos sigue siendo el tipo de material antidisturbios que pueden usar los agentes.
Los socialistas confían en dar un impulso definitivo a estas dos normas antes de entrar en el año electoral 2023.
La Ley de Memoria Democrática, sí se logró desbloquear gracias al pacto con Bildu y PNV (ERC se abstuvo). Al texto solo le falta el trámite en el Senado y, si allí se aprobaran cambios, volvería a la Cámara baja.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de junio el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, pero aún debe ser calificado por la Mesa.
Falta porque vea la luz la abolición de la prostitución, compromiso claro de los socialistas que genera fricciones con sus aliados en el Ejecutivo. El Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición con el voto de PSOE, PP y Unidas Podemos, pero con el rechazo de los comunes.
La nueva Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la de Secretos Oficiales de 1968, fue aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, pero suscitó la oposición inmediata de los podemitas y las críticas de los socios habituales, lo que hace prever cambios antes de que la norma llegue a la Cámara Baja. La nueva regulación que reforzará las garantías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está aún en elaboración por Defensa. Y el proyecto Ley de Diversidad Familiar y de Apoyo a las Familias, obra del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está comprometido un año después de que el Ejecutivo estudiara el texto en primera ronda.
Estas son, no obstante, solo las normas fetiche del bipartito, pero la hoja de ruta del Gobierno es su Plan Anual Normativo (PAN) de 2022 pero el Ejecutivo deberá seguir haciendo frente a la emergencia ocasionada por la guerra en Ucrania, fuente, seguramente, de más reales decretos leyes, como los dos paquetes anticrisis ya convalidados o las iniciativas de ahorro energético duramente criticadas por el PP, y el plan de contingencia que Bruselas exige.
VER: 2022: LA NORMATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE VIENE
VER: PROYECTOS DE LEY. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
