En España tenemos unos sindicatos “de clase” subvencionados que se pliegan al discurso y la política económica y laboral del Gobierno
La anecdótica y superficial reforma laboral que llevó a cabo Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo –tras renunciar a la derogación que había prometido, de la que hizo bandera– no llegó a provocar la más mínima protesta de unos sindicatos de clase que a lo largo de esta legislatura no han hecho sino mostrar su calidad de genuinos agentes políticos, y no sociales, desentendidos del papel que les adjudica la Constitución de 1978, que no es otro que el de contribuir «a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Al contrario, sus intereses coinciden casi de forma milimétrica con los del Gobierno. Lamentablemente los únicos que movilizan a algunos sectores son los sindicatos de funcionarios con reivindicaciones casi exclusivamente económicas como si al resto de trabajadores no les afectará, por ejemplo, la inflación desbocada en su poder de compra.
La ‘paz social’ que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE exhibe como logro en sus actos de precampaña es un artificio con el que camuflar la connivencia de los sindicatos con sus políticas, por lesivas que resulten para esa ‘clase media trabajadora’ que desde el comienzo de la legislatura ha sufrido los rigores de la crisis encadenada por la pandemia y la guerra de Ucrania.
No es casual que la manifestación del 1 de Mayo se haya transformado en una reunión informal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se hermanan con los líderes sindicales en una marcha que pone de manifiesto su complicidad, «paz social» en palabras del presidente del Gobierno. Ya el 1 de mayo de 2021 bajo el lema ‘Ahora toca cumplir. Un país en deuda con sus trabajadores’, los “sindicatos de clase” (¡valga el eufemismo!) celebraron una atípica, pero muy signifivativa, manifestación en la la que participaron seis ministros del Gobierno: entre ellos Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero y, en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid, los candidatos de la izquierda en las elecciones autonómicas de Madrid a los que además se les permitió tomar la palabra al final de la ¿manifestación sindical?. “Cosas veredes que farán fablar las piedras”.
Tampoco es fortuito que esa misma ‘paz social’ se rompa en las comunidades en las que gobierna el PP, donde los sindicatos no han dejado de agitar el descontento, a veces tan infundado como el que se deriva de un deterioro de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid que desmienten las estadísticas y las tablas comparativas del Ministerio de Sanidad.
No es casual, por último, que haya sido la patronal el objetivo cíclico y constante de las manifestaciones orquestadas por los sindicatos mayoritarios en los últimos años. En esto también coinciden con la doctrina de un Ejecutivo que, empezando por su jefe y terminando por los ministros con menos volumen de cartera, han cargado contra el tejido empresarial, cuando no han señalado y descalificado personalmente –«usurero», «capitalista despiadado»– a algunos de los mayores generadores de empleo de España.
Contrapuesta a la conflictividad que en las últimas semanas registra Francia, o España durante las legislaturas en las que gobierna el centro-derecha, la paz social de la que presume el jefe del Ejecutivo ha de ser entendida como un verdadero logro público, por lo que tiene de beneficiosa para el interés común y el bienestar general, pero no como un artificio político con el que maquillar las consecuencias sociales de la crisis económica, dar por buenas unas cifras de desempleo sesgadas o aceptar la prórroga de facto de una reforma laboral contra cuya primera versión los sindicatos, entonces sí, se echaron a la calle.
