La reforma cuestiona las pensiones de los jóvenes y provoca un terremoto en el país
El mayor sistema de pensiones ocupacionales de la UE abandona el modelo de prestación definida y abre una transición que afectará a los mercados
Sí bien es cierto que el sistema de pensiones en los Países Bajos aparece en muchos ránkings como uno de los mejores del mundo, por su rara mezcla de sostenibilidad y suficiencia (es decir, paga pensiones elevadas sin generar un problema constante de tensión fiscal), también es verdad que está basado en un tres pilares: el primero es una pensión básica de reparto ligada a los años cotizados (complementada con una prestación no contributiva para los que no llegan al mínimo de la contributiva) y con una cuantía asociada al salario mínimo y no a lo que cobraba el trabajador durante su vida laboral. El segundo pilar, que es el más importante para la mayoría de los trabajadores, gira en torno a planes de pensiones de empleo: ahorro colectivo, sectoriales o empresariales, y que garantiza una prestación ligada al salario que recibía el trabajador antes de su jubilación. La tercera pata descansa sobre los planes de pensiones individuales como los que tenemos en España.
Lo que se está modificando ahora es el segundo pilar. Durante años, casi todos los planes de empleo eran de los llamados «de prestación definida»: es decir, el compromiso del empleador era garantizar a sus empleados una prestación que se calculaba en función del salario (a veces, los salarios de los últimos años; en otros planes, el salario medio durante toda la carrera). Como saben bien en los países con estos modelos de prestación definida: son esquemas muy queridos por los trabajadores, pero están sometidos a una cierta inestabilidad. Si los rendimientos de los fondos o la esperanza de vida no marchan en la dirección prevista, puede generarse tensión financiera. A partir de ahora, los planes de empleo serán «de aportación definida»: es decir, lo que cuenta es lo que ahorra cada trabajador (con aportaciones también de su empleador) y la prestación se calcula en función de lo cotizado y de los rendimientos generados con ese ahorro.
Desde e 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones de Países Bajos ha empezado a funcionar con unas reglas muy distintas a las actuales. El país ha comenzado a abandonar progresivamente un modelo que garantizaba una prestación futura para pasar a otro en el que la pensión final dependerá tanto de las aportaciones realizadas y de cómo se comporten los mercados financieros. Se trata de un cambio de filosofía que afecta al mayor sistema de pensiones ocupacionales de la Unión Europea y que empieza a tener efectos más allá del ámbito social.
La reforma tiene su origen en la Ley del Futuro de las Pensiones, aprobada en 2023, que dio un amplio margen temporal para preparar la transición. Según explica De Nederlandsche Bank, el banco central neerlandés, el objetivo es adaptar el sistema a un entorno económico y laboral muy distinto al que dio forma al modelo tradicional: tipos de interés muy bajos durante años, una población cada vez más envejecida y trayectorias profesionales más fragmentadas, con trabajadores que cambian de empleo con mayor frecuencia. En ese contexto, mantener la rigidez del sistema se había vuelto cada vez más difícil y generaba tensiones generacionales.
En el nuevo sistema, los fondos de pensiones ya no se comprometen a pagar una cantidad concreta en el momento de la jubilación. Cada trabajador acumula derechos a través de un esquema de contribuciones, que se invierten en los mercados financieros. El resultado es una cuenta personal que puede aumentar cuando la economía acompaña, pero también reducirse en periodos adversos. Para limitar los riesgos, la ley establece que, cuanto más cerca esté una persona de la jubilación, menor será el riesgo que asuma su ahorro. Los jóvenes, con más tiempo para recuperarse de eventuales pérdidas, podrán estar expuestos a inversiones más volátiles, mientras que los mayores se ceñirán a carteras más conservadoras. Además, los fondos podrán crear mecanismos de solidaridad colectiva para amortiguar oscilaciones extremas.
Aunque la ley está vigente desde 2023, los empleadores y los fondos tienen hasta 2028 para completar la transición. Antes de hacerlo, deben acordar el tipo de contrato de pensiones, adaptar sus sistemas de cálculo y repartir el capital acumulado entre generaciones, un proceso conocido como «conversión». Durante este periodo, el supervisor evalúa que el reparto sea equilibrado y que los intereses de todos los partícipes estén debidamente protegidos. La complejidad del proceso explica que algunos fondos hayan retrasado sus planes iniciales.
El verdadero punto de inflexión llega a partir de este año, cuando los primeros grandes fondos -que gestionan cientos de miles de millones de euros- empezarán a operar bajo las nuevas reglas. A partir de ese momento, no solo cambiará la forma en que los ciudadanos neerlandeses entienden su jubilación, sino también el comportamiento de uno de los mayores inversores institucionales de Europa. De acuerdo con estimaciones recogidas por Reuters, el sistema neerlandés gestiona cerca de dos billones de euros, una cifra que da idea de su peso en los mercados financieros.
El cambio de modelo implica que los fondos ya no necesitarán tantas inversiones diseñadas para cubrir promesas muy lejanas en el tiempo. En la práctica, esto se traduce en una reducción de la demanda de bonos soberanos a muy largo plazo y de derivados utilizados para protegerse frente a movimientos de los tipos de interés. Un análisis de ING señala que solo en 2026 podrían reajustarse activos por valor de más de 550.000 millones de euros, con un impacto especialmente visible en los vencimientos más largos de la renta fija. Para los plazos más cortos, el efecto podría ser incluso el contrario, ya que los fondos ajustarán sus carteras en función de la edad de sus partícipes.
Los fondos disponen de hasta doce meses para adaptar sus carteras una vez realizada la conversión. Sin embargo, los analistas advierten de que la expectativa de estos movimientos ya está influyendo en los mercados y podría generar episodios de volatilidad, especialmente en momentos de baja liquidez.
El alcance de la reforma va más allá de Países Bajos. En un momento en el que los Estados europeos afrontan mayores necesidades de financiación por el aumento del gasto público, la transición neerlandesa elimina a uno de los compradores más estables de deuda a muy largo plazo. Algunos gobiernos ya están ajustando sus estrategias de emisión, mientras que otros países, percibidos como más arriesgados, podrían beneficiarse de un cambio en las preferencias de inversión de los fondos.
Este cambio de sistema provoca un terremoto en los mercados. Los grandes fondos de pensiones de Países Bajos eran compradores habituales de deuda pública a muy largo plazo y ahora reducirán ese tipo de inversiones justo cuando los países europeos necesitan captar más dinero en los mercados para financiar el gasto futuro. Alemania ha anunciado un aumento de su endeudamiento para impulsar la economía. Sin embargo, los países cuya deuda es considerada de mayor riesgo, como Italia y España, podrían verse favorecidos si los inversores, ante el cambio neerlandés, buscan rentabilidad en otros mercados.
Más allá de la derivada financiera, el caso es de máximo interés para los análisis sobre la sostenibilidad de las políticas de Seguridad Social. Hay que recordar que el sistema de pensiones neerlandés es el paradigma del sistema ‘mixto’ con tres pilares: hay una pensión estatal básica (AOW), financiada por impuestos y no vinculada al salario y planes privados individuales. Estos no se ven afectados por el nuevo sistema, que se centra en la la tercera ‘pata’: las pensiones gestionadas por fondos sectoriales como el sanitario, la construcción, la metalurgia o la administración pública.
El esquema inspiró levemente al impulsado por la última reforma de pensiones en nuestro país, que buscó fomentar el peso de estos fondos sectoriales impulsando los planes de empleo, con una notable diferencia: en Países Bajas estos no son un complemento, sino el eje principal del sistema. A diferencia de España no son las pensiones públicas (que cuentan con el respaldo de su propio ‘fondo de reserva’ de carácter público) las que determinan los futuros ingresos de los jubilados, sino esta hucha colectiva que concentra la mayor parte del ahorro previsional. De ahí, el ingente volumen que esta ‘hucha’ acumulaba
Durante décadas, el sistema funcionó bajo una lógica de prestación definida: los fondos prometían una pensión basada en el salario y años trabajados, e invertían en bonos soberanos y derivados de tipos de interés, pero años de tipos bajos y el envejecimiento de la población complican la compensación de la inflación y amenazan con recortes.
En respuesta, Países Bajos aprobó su reforma, en vigor desde 2023 y con aplicación gradual hasta 2028, que rompe con ese esquema: el patrimonio de cada fondo se divide en «potenciales cuentas individuales» y el valor de la pensión pasa a depender de las aportaciones personales y del rendimiento de las inversiones.
La transición ha abierto frentes legales en Países Bajos: organizaciones de jubilados han llevado esta semana a los fondos a los tribunales al considerar que pierden derechos de indexación acumulados al pasar al nuevo sistema, algo que califican de «expropiación sin compensación». Buscan que el caso sea remitido al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar si se vulneran las normas europeas sobre protección de la propiedad. También existe preocupación entre trabajadores que cambian de empleo o reducen su jornada antes de la transición, ya que pueden perder parte o la totalidad de la compensación.
La reforma de las pensiones neerlandesas marca el fin de una excepción histórica en Europa y anticipa un escenario en el que el riesgo se reparte de otra forma entre ciudadanos, instituciones y mercados. Sus efectos no se verán de un día para otro, pero el proceso que arranca en 2026 apunta a cambios duraderos en la arquitectura financiera europea.
El mito de la «garantía»
Su sistema es una mezcla reparto y capitalización; en el que hay cotizaciones, pero también ahorro real; y que incluso siendo mucho más sostenible y menos costoso para el contribuyente que el español, es capaz de reformarse cuando es necesario para garantizar que las promesas pueden pagarse. Una reforma que aparentemente es negativa para el trabajador (a todos nos gusta que nos garantizaran una pensión equivalente a un porcentaje del salario, pase lo que pase y vivamos los años que vivamos), pero que en realidad le protege, porque hace el modelo más estable y sostenible.
A partir de ahí, poco que podamos sacar en claro. Aquí este tipo de sistemas mixtos que incluyan esquemas de capitalización-ahorro ni están ni se les espera. Hemos puesto todos los huevos en la cesta del modelo de reparto. Por eso, el creciente peso de las transferencias y los préstamos del Estado para pagar las prestaciones: con las cotizaciones no da (ni dará).
Lo más interesante es lo de la «garantía». En España desde que hace treinta años ya se creará el funesto Pacto de Toledo, la obsesión de los partidos españoles ha sido «garantizar» a los pensionistas que seguirían cobrando, pasase lo que pasase y de hecho, por ahí va la trampa de la famosa «hucha» de las pensiones: que ni es una hucha ni garantiza nada. O las leyes para ligar la revalorización de las prestaciones al IPC. El mensaje siempre es el mismo «no os preocupéis, lo vuestro está protegido».
Cuando uno mira lo que hacen los países medianamente responsables con esto, es más consciente de la peligrosísima apuesta que hemos hecho. Las pensiones no están garantizadas ni nada lo está. Ni con un sistema de reparto ni con uno de capitalización. El futuro es incierto. La clave es si pones las probabilidades a tu favor o no. Por supuesto, que haya una ley que dice que lo están no significa que la seguridad de que se pagarán sea mayor. En un sistema de reparto, como el que tenemos en España, cualquier euro de dinero público que se abone en 2026 dependerá de los impuestos que se recauden y del resto de partidas que se sufraguen con esa recaudación. ¿Se pueden «garantizar» las pensiones del próximo año? Por supuesto. Alguna vez he dicho que se podrían incluso duplicar: sólo hay que meter la tijera en otros capítulos del presupuesto. Cierra todos los colegios públicos y echa al 50% de los policías y los guardias civiles: ya tienes para doblar las pensiones. No se extrañen por esta comparativa, porque esto es más o menos lo que llevamos haciendo desde hace quince años: no gastar más en nada que no sea pensiones. A ver si se creen que las listas de espera o los trenes que se quedan parados en mitad de la nada son sólo culpa que nuestros ministros o consejeros son unos pésimos gestores. Lo son; y, además, no tienen presupuesto.
Por el otro lado de la garantía, los ingresos, pues más de lo mismo. Una cosa es que hagas predicciones con unos ingresos crecientes año a año; y otra es que esas predicciones se cumplan: que nunca haya recesiones, que los salarios sigan subiendo, que a los empleados de alta cualificación no se les hinchen las narices por lo que pagan…
Por eso, por muchas leyes, garantías, golpes en el pecho o eslóganes, todo depende de si hay dinero en la caja. Y por eso, el día que haya que haya recesión que lleve a una caída de la recaudación y vuelva la tensión a los mercados de deuda soberana (como pasó entre 2010 y 2012, tampoco hablamos del siglo XVIII) habrá que recortar. ¿Dónde? Pues lo normal, será que en el capítulo más importante del presupuesto. Y si no lo hacen, casi peor, porque eso querrá decir que siguen su carrera hacia ninguna parte, con más impuestos y dejando el resto del presupuesto en los huesos. Los que no me crean, que miren a los griegos y la cara que se les quedó cuando les metieron un 40% de tijeratazo a sus pensiones. Les aseguro que a ellos también les habían dicho que estaban «garantizadas».
En los dos casos (en lo que había hasta ahora y en el nuevo sistema), los planes de empleo implican ahorro y capitalización. Por eso el modelo ha sido tan sostenible en el tiempo. Es decir, hay ahorro real y fondos puestos a trabajar. Lo que cambia es el método de cálculo de la prestación, más ligado ahora a la realidad de cada trabajador y de la rentabilidad obtenida por los fondos; y no ligado a un cálculo basado en el salario que puede sobrecalcular la capacidad del fondo para cumplir con todas sus obligaciones. En resumen, que pensiones (y muy buenas) había antes y seguirá habiendo: pero, para los nuevos jubilados, el sistema de cálculo de la prestación cambia.
Fuente:
Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa
Países Bajos ‘rompe’ su hucha de las pensiones en una radical reforma con la que España se la juega
