La Seguridad Social le gana la partida a Hacienda:
las pensiones contributivas se revalorizarán en función de la media del IPC previsto para este año
Los socios de Gobierno han cerrado in extremis un acuerdo para aprobar esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Las negociaciones se han desbloqueado tras alcanzar un consenso sobre la ley de vivienda, y sobre la revalorización anual de las pensiones contributivas: la subida de las pensiones del año que viene se vinculará al incremento de la inflación media en el año anterior, según distintas fuentes gubernamentales, que calculan que estará entre el 2,2% y el 2,3%.
Esto significa que ha ganado la postura defendida por el Ministerio de Seguridad Social que sostenía que la revalorización se calculara según la fórmula que establece el Anteproyecto de ley que contiene la primera parte de la reforma de las pensiones, que se está tramitando en el Congreso y aún no ha entrado en vigor. Este establece que la base para fijar el incremento sea la inflación media de “los 12 meses anteriores hasta noviembre”. Es decir, el IPC promedio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.
En los Presupuestos para 2022, por tanto, no se incluirá un porcentaje concreto de incremento de las pensiones. Eso se debe a que, para determinar la cuantía, habrá que esperar a que concluya el ciclo de cálculo, esto es, hasta tener el dato de la inflación de noviembre. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán más que el resto, tal y como adelantó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la semana pasada.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, sostenía en un principio que se aplicara la normativa vigente para la revalorización de 2022, que utiliza como base del cálculo la previsión de inflación para el año siguiente, lo que hubiera dejado la subida en el 1,5%, la inflación prevista para el próximo año. Sin embargo, este método ha sido finalmente descartado, según aseguran fuentes gubernamentales, para reflejar en las cuentas públicas la escalada de los precios. La inflación cerró en septiembre en el 4%.
La revalorización de las pensiones con base en el índice de precios al consumo capitaliza el protagonismo del primer paquete de medidas acordado por el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones. Derogado el factor de sostenibilidad, que será reemplazado por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), todavía en discusión tanto en forma como en fondo, el empate de las pensiones con el encarecimiento de la vida focalizó las negociaciones del diálogo social. Tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, distanciados en otras materias, celebraron conjuntamente la medida, que empezará a aplicarse de forma automática el próximo 1 de enero.
Sin embargo, hasta que llegue ese momento, y debido al crecimiento inesperado de la inflación ―esto es, del IPC―, el Gobierno deberá complementar el aumento del 0,9% que determinó para el colectivo de pensionistas para este año para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo porque la inflación cerrará el año cerca del 4%. Para ello deberá ingresarles lo que se conoce como paguilla extra, que no es más que la cantidad adicional necesaria hasta alcanzar el porcentaje final que determine la media del IPC del año anterior. Teniendo en cuenta lo lejos que se quedarán las previsiones iniciales del Gobierno, las principales casas de análisis cuantifican que esa paguilla costará a las arcas del Estado algo más de 2.000 millones de euros, que se ingresará a principios del próximo año.
Por otra parte, el ministro José Luis Escrivá, ha anunciado hace unos días que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán el próximo año por encima del IPC, que vuelve a ser la referencia para la revalorización anual del conjunto de pensiones. Aunque el ministro no ha desvelado cuánto más subirán estas pensiones de cuantías más bajas, Escrivá ha adelantado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se plasmará un incremento más importante para estas prestaciones respecto al resto, como reclamaron también los sindicatos mayoritarios.
