Que las pensiones privadas son un buen complemento para la jubilación pública lo sabe la mayoría de los ciudadanos. Incentivar esos planes debería ser un objetivo de cualquier Gobierno y con más interés si la Seguridad Social ya no puede hacerse cargo del pago de las pensiones públicas al arrastrar un déficit superior a los 20.000 millones de euros y tener que pedir prestado al Estado para hacer frente a sus obligaciones
A pesar de ello, el Ejecutivo decidió cortar por lo sano una de las medidas que más ayudaba a fomentar el ahorro privado para la jubilación: la desgravación de las aportaciones. Desde este año, el importe máximo deducible en el IRPF se ha reducido de 8.000 a 2.000 euros, lo que resta mucho atractivo fiscal a unos productos de ahorro para la jubilación, que, desde luego, no están pensados exclusivamente para grandes patrimonios.
Los datos así lo muestran. Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), a finales de 2020 cuatro de cada diez hogares españoles tenían parte de sus ahorros en planes de pensiones individuales, sin contar los planes de empleo -los que son promovidos por una empresa o institución en los que empleador y trabajador aportan conjuntamente y, normalmente, están recogidos en los convenios laborales-.
Madrid es la primera comunidad en el ránking nacional, con el 53% de los hogares, seguida por Aragón, con el 52% y La Rioja, con el 51%. En los últimos puestos se sitúan Asturias, donde el 31% de las familias invierte en planes privados y Asturias, Extremadura y Cantabria, con el 35%. Cataluña se sitúa en el 45%, algo por encima de la media nacional.
En total, hay en España 7,52 millones de cuentas de partícipes de pensiones individuales y otros dos millones en el sistema de empleo. La inversión media es de 10.895 euros por ahorrador. Navarra es la comunidad con un patrimonio medio mayor, 15.190 euros por hogar y Murcia, el menor con 6.464 euros. La inversión media en la Comunidad de Madrid es de 13.722, mientras que en Cataluña asciende a 12.607 euros.
A pesar de ello, la reforma de las pensiones públicas no contempla incentivos a los planes individuales privados, sino más bien al contrario. La AIReF ha calculado que «el 70% del beneficio fiscal de los planes de pensiones privados se concentra en las rentas más altas», algo lógico porque suelen alcanzar el tope de las aportaciones desgravables, y eso le valió al Gobierno para rebajar considerablemente la deducción de las aportaciones en el Impuesto de la Renta.
Así, a partir de 2021, la cantidad máxima desgravable para la inversión en planes de pensiones privados se ha reducido de 8.000 a 2.000 euros, lo que ha provocado un frenazo en las inversiones en estos productos. El sistema de pensiones privadas registró aportaciones netas por valor de 1.336 millones de euros en 2020, un 18% más, «debido principalmente al notable incremento de las aportaciones brutas del año». Este aumento «puede estar relacionado con la reducción en el límite máximo de aportación hasta 2.000 euros y vigente a partir de 2021, por lo que los ahorradores pudieran haber aprovechado los mayores límites aún vigentes en 2020», explica Inverco.
De hecho, en el primer semestre de 2021, las aportaciones a planes de pensiones individuales han caído un 22% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone 309 millones menos que un año antes
Otro argumento utilizado por el Ejecutivo contra los planes privados es que discriminan a los jóvenes, que en los primeros años de su carrera profesional apenas tienen recursos para ahorrar en un plan de pensiones individual La AIReF señala que «sólo los planes de empleo, al caracterizarse por la no discriminación por edad, abarcan a la población joven más eficazmente».
Por estas razones, uno de los puntos de la reforma de las pensiones presentada por José Luis Escrivá la semana pasada en el Congreso propone «dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria» impulsando de forma preferente, «los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva».