El Pacto de Toledo se creó en el año 1995 alentado por Felipe González y José María Aznar con la intención de sacar las pensiones del debate político. La decisión, que fue muy aplaudida en aquel momento, se puede dar, al menos y a día de hoy, por enterrada. Todos hemos sido testigos de que, en los últimos años, los partidos han utilizado el Pacto de Toledo como un campo de batalla más de su ‘guerra de trincheras’ para ganar el voto de los pensionistas, colectivo con unos 9 millones de electores.
El Pacto se llama ‘Pacto de Toledo’ porque se proyectó en una reunión en el Parador de la capital castellano manchega entre PP-PSOE-CiU e IU. La idea era sacar las pensiones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento, las reformas en la SS se tomarían por consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
LAS PRIMERAS HERIDAS
La primera vez que el Pacto de Toledo saltó por los aires fue en diciembre de 2010. Los grupos de izquierdas, salvo el PSOE, votaron en contra de las recomendaciones propuestas por la comisión. La reforma del sistema público de pensiones que pretendía el Gobierno de Rodríguez Zapatero, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, tampoco contaba con el visto bueno de las organizaciones sindicales. Sin embargo, siete meses después, el Congreso de los Diputados, aprobaba la reforma de las pensiones que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, tras alcanzar, ahora sí, un acuerdo exprés con los agentes sociales (la Reforma Zapatero, la Ley 27/2011)
Además al margen del Pacto ha habido cambios trascendentales. En 2011, y por decreto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización anual de las pensiones, excepto de las mínimas y las no contributivas.
Posteriormente, en 2013 (Ley 5/2013), el Gobierno de Mariano Rajoy, tras crear una comisión de expertos, acometió una nueva reforma saltándose el Pacto. Lo destacado fue que se desvincularon la actualización anual de las pensiones del IPC. Se legislo el llamado IRP en el que se tenía en cuenta el estado financiero del sistema, por lo que en épocas de pujanza se podía llegar a un aumento de la pensión del IPC más un 0,5%, mientras que en épocas de crisis la subida sería del 0,25% independientemente de la evolución del IPC.
También se introdujo el polémico factor de sostenibilidad (mejor Factor de Equidad Intergeneracional –FEI-), del que luego renegó el propio PP, por el que se introdujo un mecanismo automático de cálculo de la pensión que estaba vinculado a la esperanza de vida. Pero la reforma de 2013 quedó en papel mojado cuando Mariano Rajoy cedió ante el PNV para buscar su apoyo a los PGE de 2018
EL PREACUERDO FALLIDO.
En las últimas semanas, y más aún en los últimos días, el Gobierno había presionado a los grupos para cerrar un pacto antes del 28-A pero sus planes no se han cumplido “cuando el objetivo parecía conseguido”. Quien hace saltar por los aires las negociaciones fue, precisamente, el partido socio preferente del Gobierno: Unidos Podemos.
El preacuerdo que se ha quedado en la cuneta incluía la revalorización de las pensiones según el IPC real, una medida que el Gobierno podría intentar aprobar por real decreto-ley antes de que concluya la legislatura.
En el año 2025 se marcaba el plazo para acabar con el déficit de la SS, en estos momentos del 1,5% del PIB. Se proponía además que la SS no tuviera que asumir gastos que no le son propios, como por ejemplo, bonificaciones y prestaciones por maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales
Se contemplaba también asumir algunas de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como redistribuir los tipos de las cotizaciones sociales, de forma que suban los que se destinan al sistema de pensiones y baje el que se destina al Servicio Público de Empleo (SEPE), que tiene actualmente superávit.
También desde la AIReF plasmaban la idea ampliar el periodo de cálculo para la pensión, llegando incluso a toda la vida laboral, como ocurre en otros países, y acercar la edad real de jubilación, en la actualidad de 62,7 años, a la edad legal que ascenderá a 67 años en 2027, endureciendo los requisitos para poder jubilarse de forma anticipada.
Otras medidas eran fomentar planes de pensiones de empresa, que los autónomos coticen por ingresos reales o que se integren los regímenes especiales en el Régimen General de la SS
También planteaban estudiar, al menos eso es lo que se ha filtrado, un ‘impuesto al robot’, para suavizar el impacto de la tecnología en el mundo laboral que podría provocar una caída en el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
