Las pensiones raramente han sido una de las tres primeras preocupaciones de los españoles. El liderazgo en las encuestas del CIS lo ocupa siempre el paro. Le siguen los “problemas de índole económica” o “la sanidad”. Hay que bajar bastante para llegar a las pensiones, que hasta 2015 solía desvelar solo al 3% de encuestados. La regla se ha roto en los últimos años, conforme se vaciaba el Fondo de Reserva y persistía el déficit en la Seguridad Social: este pasado mes de febrero un 17% consideraba las pensiones como uno de los tres principales problemas de España. Después llegó la covid y cambió las prioridades, pero en el recuerdo de los españoles aún están frescas las manifestaciones de jubilados de 2018. Las pensiones preocupan, y con razón.
El Congreso lleva años atascado en el tema. La comisión permanente especializada (nacida de un gran acuerdo político, el Pacto de Toledo, para proponer medidas de sostenibilidad del sistema de pensiones) solo ha conseguido pactar una recomendación en cuatro años de discusiones. Fue en otoño de 2018 y estableció que las pensiones no puedan perder poder adquisitivo.
Mientras, se acerca el momento en que se jubilará la generación del baby boom, una explosión de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial (llegó a España algo más tarde) a la que sucedió un desplome de los nacimientos. Ese grupo empezará a retirarse en 2022 ó 2023. A esto se suma que la esperanza de vida crece.
1. El invierno demográfico
La pirámide poblacional en España ha cambiado en las últimas cuatro décadas. Los grandes grupos de edad se concentran entre los 40 y los 60 años. Las proyecciones para las próximas tres décadas calculan un gran aumento de la población mayor de 65 años.
La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que en 2050 habrá algo menos de dos personas en edad de trabajar por una mayor de 66 años, una ratio del 53%. Un porcentaje similar calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Banco de España explica en Papeles de Economía Española, que ha desaparecido el “dividendo demográfico”, es decir, el potencial crecimiento económico en una sociedad que tiene un número de pensionistas reducido frente a la población en edad de trabajar. Algunos no creen que esta sea la principal amenaza para la sostenibilidad del Estado de bienestar y que España ha tenido y tiene suficiente demografía para mantener la Seguridad Social. Pero todos coinciden en que debe haber reforma del sistema de pensiones, teniendo presentes los siguientes aspectos:
España tiene una natalidad muy baja, 1,2 hijos por mujer. En 2050 habrá un 30% de población por encima de los 65 años, según el INE y la Airef, y el envejecimiento sería aún mayor si no fuera por la entrada de inmigrantes.
Los nacimientos en España
La cifra en 2018 fue la más baja desde mediados de los 90. A pesar de la apreciable subida en la primera década de los 2000, el número de nacimientos se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años.
La inmigración podría aliviar parte del impacto del envejecimiento en la sostenibilidad financiera, pero esta no es una alternativa a las reformas. Claro que hay que confiar en la inmigración. La pregunta es si la inmigración confía en nosotros. La mayoría de inmigrantes se desplazan hacia donde hay trabajo así que si volvemos a crecer por inmigración significará que crecemos económicamente. Eso sí, esta es una solución a corto y medio plazo, puesto que los inmigrantes se acabarán jubilando también.
2. Financiación
Desde 2011 la Seguridad Social cierra el año con déficit. Las cotizaciones no dan para pagar las pensiones y probablemente no lo harán en años. El gasto crecerá más, del 11% del PIB actual al 14,2% en 2050, prevé la Airef. La OCDE lo deja en 13,9%. Esos serán los años de mayor presión, porque para 2060 la OCDE espera que el gasto en pensiones se hunda a niveles más bajos que los de hoy.
Para evitar parte de ese déficit, el Ministerio de Seguridad Social y los borradores que se van conociendo del Pacto de Toledo proponen que se aporten más fondos desde Hacienda con transferencias directas, no con préstamos. Algo así planteó este verano el Tribunal de Cuentas cuando recordó que hasta 2013 el instituto público financió gasto que no le correspondía, incluso con préstamos que siguen en su balance. Las vías para allegar esos fondos son varias: asumiendo los costes de las políticas de empleo que todavía asume la Seguridad Social, traspasando algo del dinero recaudado para el desempleo…
Muchos apuestan por sacar del sistema determinadas prestaciones, ya que debido al desarrollo de nuevas políticas sociales (ingreso mínimo vital, por ejemplo) es improcedente mantenerlas con cotizaciones. No creen conveniente incrementar las cotizaciones, con la excepción de las referidas a los trabajadores autónomos. Otros apuestan por mejorar la calidad del empleo y de los salarios para aumentar la recaudación a través de cotizaciones.
3. Jubilarse más tarde
Retirarse a los 65 años es una de las ideas más arraigadas entre los españoles. El horizonte legal se cambió en la reforma de 2011 y se eleva año a año hasta alcanzar los 67 años en 2027. Aunque las excepciones (jubilaciones forzosas anticipadas, voluntarias cuando se ha cotizado cierto números años…) reducen la edad media real de jubilación (la edad en que se percibe la primera pensión de jubilación) a 64,6 años y la salida del mercado laboral (la edad en que se pierde el empleo sin posibilidades de volver a trabajar) a los 62,1.
Retrasar la edad real de jubilación es la mayor palanca para contener el gasto. Los números de la Airef así lo señalan: cada año que se retrasa la edad de jubilación efectiva, se reduce el gasto en una cantidad equivalente al 0,8% del PIB. La Airef apuesta por el retraso de la edad real de jubilación, y no de la edad legal. También señala este camino la Seguridad Social, que prevé, por un lado, estimular la permanencia voluntaria de los trabajadores más allá de la edad legal y, por otro, endurecer la jubilación anticipada voluntaria.
La tasa neta de sustitución es la relación entre el porcentaje de ingresos de la primera pensión promedio y el último salario promedio.
No olvidar que el mercado “expulsa a los trabajadores de mayor edad”, abocándoles a la jubilación como única salida para lograr una renta. Y con la actual esperanza de vida, si no se retrasa la edad de jubilación se desequilibran “peligrosamente” los periodos de cotizaciones y los de prestaciones. Parece que retrasar moderadamente la edad de la jubilación para acompasar el aumento de esperanza de vida es razonable.
4. Tiempo cotizado
Desde 1985 ha ido aumentando el tiempo sobre el que se calcula la pensión, desde los últimos dos años cotizados hasta los 25 a los que se llegará en 2022 (Airef propone aumentar ese periodo). El objetivo: más consonancia entre lo que se paga y lo que se recibe. El Banco de España cifra en 1,74 euros lo que percibe un jubilado medio hoy por cada euro aportado. Normalmente, incrementar ese periodo sobre el que se calcula la jubilación se traduce en pensiones más bajas. No obstante, recuerda Bravo, de CC OO, es “habitual en España” que los trabajadores pierdan el empleo mayores. A esos afectados, tomar más años al calcular la pensión les beneficia.
Aumentar ese periodo, además, reduce la llamada “tasa de sustitución”: la primera pensión que se cobra comparada con el primer salario. Hacerlo nos acerca a modelos de otros países europeos, apunta Ana Vicente, ex directora general de Ordenación de la Seguridad Social. España tiene una tasa alta respecto de otros países de la OCDE.
Un paso más radical en esta línea lo da el economista Juan Francisco Jimeno. Apuesta por el “sistema nocional” en el que la Seguridad Social crea una cuenta virtual en la que a cada trabajador se le anota lo que cotiza más un rendimiento, y la pensión está ligada directamente a lo cotizado.
5. Desigualdad de género
“La pensión es sustituta del salario”, cuando habla de la brecha en pensiones entre hombres y mujeres. Partiendo de esto y de que la pensión está vinculada a la carrera laboral, se explica el origen de esa brecha. Se calcula que las mujeres cobran un 36% menos, aunque la brecha se cierra conforme se jubilan las generaciones más jóvenes.
Pero esa tendencia tiene un tope: la brecha persiste en el mercado laboral. Por eso es necesario mejorar las condiciones de participación laboral de las mujeres. Podría conseguirse acreditando los periodos dedicados al cuidado familiar —lo cual incentivaría la asunción de labores de cuidado por parte de los hombres— y combatiendo las diferencias salariales, aseguran.
6. El papel del ahorro privado
Los planes de pensiones de empleo y los fondos de pensiones tienen un papel reservado como complemento, no como sustituto, en el Pacto de Toledo desde hace 25 años. Sin embargo, nunca han tenido un gran desarrollo. El ministro Escrivá ha propuesto corregir las ventajas fiscales actuales con el argumento de que benefician a quienes más tienen. Muchos especialistas creen que no están justificadas las ayudas a los fondos individuales y sí a los planes de pensiones de empleo, que se organizan en el seno de empresas y sectores con la participación de la negociación colectiva. No cabe hablar de “la solución única”, pues hay países en los que la Seguridad Social es un complemento a las pensiones de empleo (obligatorias).
CONCLUSIONES
1 España afronta un escenario demográfico exigente en las próximas décadas por la jubilación de las generaciones del baby boom.
2 La inmigración puede ayudar a frenar el envejecimiento en parte, pero depende de la evolución económica.
3 Las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones y el sistema precisará de fondos adicionales para afrontar sus obligaciones.
4 El sistema tiene margen para profundizar en la relación entre lo que se cotiza y la pensión futura.
5 Las pensiones reproducen de forma ampliada la brecha de género que se da en el mercado laboral.
RECOMENDACIONES
1 Agilización reformas. Culminar pronto y con consenso las recomendaciones del Pacto de Toledo para dar paso a la reforma legal.
2 Preservar el poder adquisitivo de las pensiones.
3 Más aportaciones con impuestos. Así se podrá cerrar el déficit actual y compensar lo que falta por cotizaciones.
4 Más inmigración. Permitir y ordenar la llegada de extranjeros para rejuvenecer la pirámide demográfica.
5 Retrasar la edad real de jubilación. Estimular el trabajo más allá de los 65 o 67 años y endurecer el retiro anticipado.
6 Tiempo de cotización. Incrementar los periodos necesarios para calcular la pensión. Acercar lo cotizado a lo percibido.
7 Género. Estimular la participación de la mujer en el mercado laboral y la mejora de su salario.
8 Impulsar el ahorro privado. A través de planes de pensiones de empleo se evitaría la pérdida de nivel de vida en la jubilación.
Fuente: El Pais
