“No cumplir una reforma fundamental de un plan costará mucho, como debe ser”, explica la Comisión Europea, ante el potencial cuarto pago a España.
La entidad presidida por Ursula von der Leyen urge a culminar las reformas fundamentales de un plan de recuperación, algo que incluye a las pensiones, mientras el Gobierno insiste en su buen trabajo en la materia. Este año se incrementarán un 8,5%, pero Bruselas quiere que los borradores que maneja el ministro José Luis Escrivá se concreten.
Lo que impone la UE para pagar
El Ejecutivo comunitario ha publicado un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.
En este caso, la cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos. Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos “relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa”.
En el caso de España, las negociaciones se enmarcan en lo que sería el cuarto paquete de ayudas, de 10.000 millones de euros, un pago aún no solicitado. Tras la reciente aprobación de la tercera entrega, de 6.000 millones, la pasada semana, ahora Bruselas impone el obligado cumplimiento de otros 58 hitos, entre ellos cuatro directamente ligados a la reforma de las pensiones. Estos son el cómputo de los años de cotización, los cambios en la base máxima de cotización, el mecanismo de equidad intergeneracional y la sostenibilidad de todo el sistema
.
En qué punto están las negociaciones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo recientemente en Bruselas, donde aseguró que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo.
Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Posteriormente, ya en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que visitó España para supervisar la gestión de los fondos europeos.
La queja de los autónomos
El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha criticado que los fondos europeos no están llegando al tejido empresarial, especialmente en el caso de las pymes y autónomos. “Los autónomos no perciben los fondos. De los más de 3.300.000 autónomos, apenas 5 de cada 100 ha solicitado los fondos, no llegan a 170.000 autónomos y debemos llegar al menos a 1 millón. Nuestro objetivo es mejorar y hay que hacerlo ya”, ha asegurado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, tras reunirse con la delegación de europarlamentarios. Como ejemplo ha puesto que las ayudas del kit digital solo han beneficiado a 70.000 autónomos.
Bruselas impondría la máxima penalización a España si no reforma las pensiones
No lograr objetivos clave, que España debe conseguir para el próximo desembolso, tendrá el coeficiente de castigo máximo, cinco veces lo que una inversión menor. El proceso para que el dinero de los fondos europeos Next Generation llegue la economía real y las empresas es largo, burocrático y muy complicado, pero el mecanismo que explica su funcionamiento es muy sencillo. España, como los otros 26 socios de la UE, presentó en 2021 un Plan Nacional de Recuperación con 415 hitos y reformas que cumplir, y pactó un calendario orientativo con la Comisión Europea. Por cada cierto número de inversiones, hitos y reformas cumplidas tiene derecho a un desembolso. Cuando el Gobierno cree que todo lo que está en la lista está hecho presenta una solicitud, la Comisión Europea lo verifica y tras otro par de trámites en Bruselas, si todo está en orden, se abona el dinero. Mediante esa fórmula España ha logrado ya algo más de 37.000 millones de euros en tres desembolsos, además del inicial, conocido como prefinanciación.
A pesar de que el sistema lleva en marcha más de año y medio, había un elemento que faltaba por definir: qué hacer exactamente con los países que habiendo presentado una solicitud de desembolso no han completado todos los hitos o reformas exigidos. La mayoría sí, pero no todos. Desde el primer día quedó muy claro que existía la posibilidad de desembolsos parciales. Que debería ser una excepcionalidad, pero era una opción en casos muy particulares, para los que fuera necesario algo más de tiempo o consenso Parlamentario, por ejemplo. Este martes la Comisión Europea dio el paso final al publicar la metodología sobre cómo actuar en ese caso, cómo penalizar en esos desembolsos parciales y cómo ponderar las reformas y las inversiones contempladas, porque siempre estuvo muy claro que no pueden valer todas lo mismo.
Así, por ejemplo, las reformas tendrán un peso muchísimo más relevante que las inversiones. Y los hitos finales más que los hitos intermedios, aunque sean parte de un mismo proceso. En casos de cumplimiento parcial, la cuantía de cada desembolso se calcularía en función del número de objetivos no completados. Se coge el total de las transferencias previstas para un país (a España se le adjudicaron 69.500 millones, aunque se ha revisado al alza por el mayor impacto de la recesión hasta 77.000 millones) entre el total de hitos y objetivos del plan (415 en nuestro caso), lo que daría en torno a 167 millones de euros cada uno.
Pero como “no todas las medidas contribuyen de igual forma a la consecución de los objetivos de un plan nacional de recuperación”, Bruselas ha establecido factores de ponderación. Así, por ejemplo, todos los objetivos “relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa” tienen un coeficiente multiplicador de 5. Pero además, puede haber ajustes al alza de los valores si la Comisión considera que la implementación de la reforma “es de particular importancia para justificar la calificación para abordar todos o un subconjunto significativo de los desafíos identificados en las recomendaciones específicas de cada país”. Igualmente, se aplicaría un coeficiente de 2 para hitos y objetivos de grandes inversiones (que representen más del 10% de la transferencia, con un número limitado de hitos y objetivos igual o inferior a 5. O un coeficiente de 0,5 para los hitos e inversiones más pequeñas.
El caso de las pensiones
Eso quiere decir que una reforma tan importante como la de las pensiones, clave para la UE y que está recogida en el Plan de Recuperación de cara al próximo desembolso de 10.000 millones de euros, el cuarto y que contempla 58 compromisos en total, el factor que se aplicaría es de 5 para cada reforma, con ajustes al alza incluso.
En esta cuarta fase del plan se contemplan al menos cuatro elementos clave en tema de pensiones: el cómputo de los años de cotización, que se está negociando con los agentes sociales. Los cambios en la base máxima de cotización, que se pelea cada día con la Comisión. El mecanismo de equidad intergeneracional, y si extenderlo desde 2032 hasta 2050 por lo menos. Y, además, la sostenibilidad de todo el sistema, que Bruselas evaluará cuando toda la legislación ya esté aprobada por el Parlamento. Así que hay en juego muchos cientos o varios miles de millones de euros, potencialmente.
El escenario, sin embargo, es puramente hipotético. Esta metodología sólo se aplica si un país presenta una solicitud para un desembolso parcial, y ahora mismo España tiene pocos alicientes, y antecedentes, como para sugerir que vaya a ser así. Es cierto que estos elementos de la reforma de pensiones son muy complicados y muy divisivos, tanto entre los agentes sociales como dentro del Gobierno, pero también con los socios que necesitaría para su aprobación en las Cortes. Pero España tiene pocos incentivos para presentar una solicitud antes de que toda la reforma esté completada, incluso si eso supone un retraso. Y los casos en que un país pueda presentar una solicitud esperando un pago entero y se lleve una sorpresa negativa son raros, porque todo el proceso se hace de la mano de las instituciones, con intercambios diarios y más en cuestiones tan importantes. Si España presenta la petición lo hará sabiendo perfectamente si es suficiente o no.
Imagen y estigmas
La cuestión de las pensiones ya debería haber quedado resuelta para que se pueda lograr un desembolso antes de este verano, como está marcado en el calendario orientativo pactado. Pero el tercer pago también tuvo retrasos y no pasó nada. El mayor problema es de imagen, de estigma, y de credibilidad. España asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el 1 de julio y no puede haber peor forma de empezar que recibir un desembolso parcial por ser incapaz de sacar adelante una reforma clave, para España y para un continente envejecido.
Pero sobre todo para un Gobierno como el español, que presume desde el primer día de ir a la cabeza del proceso. Es el único país que ha recibido el visto bueno provisional para el tercer desembolso (algunos no han recibido ni el primero), que está orgulloso de ir a vanguardia y fijando los estándares. Y para una vicepresidenta como Nadia Calviño, que dedica una parte enorme de su tiempo a esta materia y a la relación con quienes fueron sus compañeros en Bruselas y en muchos casos son sus amigos personales.
Según esa lógica, a España le puede interesar retrasar un tiempo, el que sea necesario, la solicitud de fondos si la reforma de las pensiones encallara, a pesar del optimismo que el ministro José Luis Escrivá mostró en Bruselas este lunes, anticipando un acuerdo en cuestión de días. Para evitar el mal trago y la mala imagen de un desembolso parcial, del escrutinio de sus socios en el Comité Económico Financiero. Y para no ser el primero que recibe una valoración no positiva del conjunto de un desembolso
Incentivos políticos
Pero hay también elementos de calendario. El reglamento definido este martes estipula que si un país recibe un visto bueno parcial, consigue un plazo extra de seis meses para completar el hito, la inversión o la reforma pendiente. Tras ese semestre vuelve a ser evaluado y si todo va bien se desbloquearía el pago pendiente, pero si se constata de nuevo que la reforma no ha sido completada, ese dinero se perdería definitivamente. Una parte pequeña en términos relativos sobre el total, y más si se suman los préstamos, pero mucho más que simbólica. Así que mejor esperar a tenerlo todo atando, sin penalizaciones, sorpresas ni dramas adicionales, que los de casa son suficientes.
La sensación en Bruselas, por todo ello, es que España sacará adelante la reforma. Lo ha hecho hasta ahora en cuestiones previas de pensiones o con la reforma laboral, que no será sencilla. Para el Ejecutivo, y sobre todo la parte socialista, es esencial, políticamente y porque nuestro país ha fiado la recuperación económica a los fondos Next Generation, al disponer de un músculo fiscal mucho más reducido que otros vecinos.
Para Sánchez es vital y hasta ahora ha logrado imponerse a Yolanda Díaz y los ministros de UP, a pesar de su discrepancia. A pocos meses de las elecciones generales, una ruptura asusta menos que un deterioro en su imagen cuando será uno de los rostros principales de la UE. La gestión de los fondos ha sido un arma y un campo de batalla con la oposición desde hace dos años, y el Ejecutivo ha salido victorioso en casi todas las etapas. Los críticos dijeron que el plan no sería aprobado, y lo fue. Que los controles no eran suficientes, y Bruselas lo avaló. Y a pesar de críticas, como las que han rodeado al viaje de una delegación de la Eurocámara esta misma semana, desde la Comisión Europea y el Eurogrupo todo son elogios para nuestro país, el Plan de Recuperación y los intercambios. Si Sánchez no quiere que eso cambie, aunque sea parcialmente, antes de ir a las urnas, tiene todos los incentivos para lograr la aprobación. Al precio que sea, literalmente.
