Nuevo récord de gasto en pensiones: la Seguridad Social abona 25.565 millones con la paga extra de Navidad
El gasto en pensiones bate un nuevo récord en noviembre. La Seguridad Social ha abonado la paga ordinaria más la ‘extra’ de Navidad para 9,3 millones de personas que perciben 10,3 millones de pensiones contributivas. Así, el desembolso mensual de las pensiones escala hasta 25.565 millones de euros, la mayor cota de la historia, tras crecer un 6,8% respecto a la ‘extra’ de Navidad del año pasado.
Según ha informado esta mañana la Seguridad Social en su web, la nómina mensual de las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente…) ha sido de 12.941 millones de euros, un nuevo récord en el gasto en pensiones después de que el año pasado superase la barrera de los 12.000 millones de euros en el mes de julio. La extraordinaria supone otros 12.624,2 millones.
La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.260,9 euros este mes, un 5,3% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación asciende a 1.448,8 euros al mes, a los que se suman en noviembre los 1.428,5 euros de media de la paga extra: casi 2.900 euros brutos por la extraordinaria de Navidad.
«Los datos de 2024 reflejan un cambio de tendencia en el momento de solicitar la pensión de jubilación», afirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La última reforma de pensiones endureció los recortes para las jubilaciones anticipadas voluntarias y, a la vez, ha incorporado bonificaciones para quienes demoran por voluntad propia su edad de jubilación más allá de los 65 o 67 años.
Hasta octubre del presente año (último dato disponible) se han se han registrado 305.702 nuevas altas en pensiones. Las jubilaciones anticipadas (88.860 casos) se mantienen por debajo del 30% tras descender desde el 40% que representaban antes de la reforma. El 70,9% de las altas (216.772) accedieron a la jubilación con edad ordinaria de 65 o 67 años, según el periodo de cotización acreditado.
En el mismo periodo, el 9,4% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada frente al 4,8% que suponían en 2019, duplicándose. Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y el progresivo incremento de la edad legal de jubilación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Esta edad media se ha mantenido estable durante todo el ejercicio.
Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación. Estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 9.467,1 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.114,9 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.153,7 millones; la de orfandad, a 170,8 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,4 millones.
De las 10,3 millones de pensiones contributivas abonadas: 6,5 millones son de jubilación, 2,4 millones son de viudedad y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (989.767), orfandad (339.497) y en favor de familiares (46.266). El número total de pensiones crece un 1,6%, en términos interanuales. En cuanto al número de pensionistas, en noviembre ascendió a 9,3 millones. De ellos, 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres.
La pensión de jubilación es la principal para 6,4 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres. En el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 95,8% son mujeres. Por otra parte, hay 985.333 perceptores de incapacidad permanente, 321.398 de orfandad y 45.705 de la prestación en favor de familiares.
En noviembre, 890.872 pensiones cuentan con el complemento por brecha de género, de las que en un 89% de sus titulares son mujeres (793.139). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 70,2 euros.
Del total de pensiones complementadas, el 24,6% corresponde a pensionistas con un hijo (219.584); el 47,1% de los beneficiarios, con dos hijos (419.296); el 18,5% lo percibe por tres hijos (165.152), y por cuatro hijos, el 9,7% (86.840).
Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.
Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas, el régimen donde se ubicaban los funcionarios hasta 2011, ascendió a 1.620 millones de euros en el mes de octubre (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 102,1 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,7% más. El número de pensiones en vigor fue de 720.148, que son 15.091 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,1% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
Se consuma el retraso de la jubilación: a los 65,2 años y el 10% de los retiros ya son demorados
Desde que, en 2022, entraron en vigor nuevos incentivos para la demora de la jubilación y se reconfiguró el marco de la jubilación anticipada, los españoles han ido retrasando su jubilación de manera voluntaria, debido también al progresivo aumento de la edad legal ordinaria del retiro, que en 2024 es de 66 años y 6 meses (quienes tengan menos de 38 años cotizados, aunque se permite a los 65 si se tienen los citados 38 años de cuotas), y que desde el próximo 1 de enero de 2025 subirá aún más, hasta los 66 años y 8 meses para el común de los trabajadores.
Las estadísticas oficiales constatan que las últimas reformas del sistema de pensiones están logrando el objetivo del Gobierno: alargar la vida laboral y demorar la jubilación. Así, entre enero y octubre de 2024, último dato disponible, se han registrado 305.702 nuevas altas en pensiones, de las cuales, el 9,4% corresponden a la modalidad de jubilación demorada, lo que refleja un evidente cambio de tendencia, puesto que en 2019 representaban únicamente el 4,8%, tal como muestran los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
El 70,9% de los nuevos pensionistas hasta octubre han accedido al sistema con la edad ordinaria de jubilación (en este caso están 216.772 personas).
Al mismo tiempo, el volumen de jubilaciones anticipadas se ha reducido con fuerza, al punto de situarse ya por debajo del 30% del total (el 29,1%). Más en detalle, en los diez primeros meses de 2024, se han registrado tan solo 88.860 retiros adelantados, lo que supone un descenso del 10,9% de jubilaciones anticipadas con respecto al año 2019, cuando se anticipaba el 40% de las nuevas jubilaciones.
El despegue de los retiros demorados y la disminución de los anticipados está dando como resultado el retraso voluntario del momento de retiro, lo que ha conducido a que «la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4 años», según confirma el Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz.
De hecho, 2023 fue el primer año en el que la jubilación efectiva sobrepasó la barrera de los 65 años, con una media de 65,1 años en las 326.949 altas iniciales acaecidas ese año. Un salto contundente que parece no tener retroceso, puesto que 2022, la media de edad real de jubilación fue de 64,8 años; en 2021 se situaba en 64,7 años; y en 2020 fueron tan solo 64,6 años de media efectiva.
Este retraso voluntario del retiro de la vida profesional se explica no solo por la mera voluntad propia de seguir trabajando, sino también por los mayores requisitos exigidos para la jubilación ordinaria, que cada año que pasa, hasta 2027, incrementa en 2 meses la edad legal, y sube en 3 meses el periodo de cotización necesario para optar al 100% de la pensión.
Además, en los dos últimos años se ha endurecido la modalidad anticipada, que desde 2022 tiene nuevos y más estrictos coeficientes reductores de pensión, mensuales en vez de trimestrales (antes de la reforma, los tijeretazos eran por cada trimestre de anticipo, ahora son por cada mes), y el recorte económico a quien se retira antes de tiempo se aplica sobre el importe de la pensión (antes de 2022, sobre la base reguladora). Ambas medidas están disuadiendo a los trabajadores de parar antes de tiempo, por la pérdida de cuantía de la pensión que ello implica.
Este año, los requisitos para acceder a la jubilación demorada son haber cotizado un mínimo de 15 años y tener cumplida la edad mínima de jubilación. A cambio de no jubilarse al llegar a ese momento, las personas tendrán un plus cuando finalmente se retiren.
Existen 3 tipos de incentivos en vigor:
– Complemento del 4% sobre la pensión por cada año completo que el trabajador cotice tras cumplir la edad ordinaria de retiro.
– Una cantidad fija a tanto alzado, que se cobrará en un pago único y que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros.
– Una combinación de ambos tipos de recompensas económicas.
Estos incentivos, que ya están convenciendo a numerosos trabajadores, se van a incrementar en 2025, cuando entre en vigor la última reforma pactada por el Gobierno y los agentes sociales, ya que el pacto mejora la jubilación demorada, con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada 6 meses que se atrase el retiro a partir del segundo año, y no cada 12 meses, como sucede en la actualidad.
Es decir, el nuevo incentivo por retrasar la percepción de la pensión se aplicará por semestres, incrementándose el 2% del importe de la pensión, o su equivalente a tanto alzado. También se mantendrá la posibilidad del cobro mixto, es decir, una parte se podrá percibir en forma de incremento de la pensión, y otra mediante un único abono de una cantidad.
Esta última reforma de pensiones acordada (aún debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y el Parlamento), hará compatible la jubilación activa con la demorada, y el porcentaje de pensión aumentará entre el 45% y el 100%, según el tiempo que la persona permanezca trabajando tras alcanzar su edad ordinaria de retiro. Todas ellas, medidas enfocadas en que los trabajadores sigan postergando su jubilación de manera efectiva y voluntaria.
Nuevo récord en la deuda de la Seguridad Social: alcanzará los 126.000 M. tras el préstamo para las pensiones
El gasto público en pensiones ya supera los 200.000 millones de euros anuales, tras aumentar en unos 50.000 millones en los últimos cinco años, como consecuencia de la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Coincidiendo con la crisis inflacionista, desde 2022 las pensiones se revalorizan conforme a la variación del IPC en el año anterior. Esto ha acarreado subidas del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023 y del 3,8% en 2024.
En enero de 2025 el Gobierno ya perfila otra subida del 2,8% en las contributivas, que será superior a esa cifra en las mínimas y no contributivas. Esto añadirá más tensión a las cuentas de la Seguridad Social. Las revalorizaciones de 2025 se traducirán en unos 7.000 millones de euros más de gasto anual, a lo que que habría que sumar el coste que acarreará el aumento en el número de pensionistas por la jubilación de los babyboomers o el efecto sustitución (los nuevos pensionistas entran al sistema con prestaciones más altas que los que salen).
Con la subida del 2,8% prevista para 2025, que se confirmará este jueves cuando el INE publique el dato de IPC de noviembre, la pensión máxima superará los 45.000 euros anuales (unos 3.266 euros al mes) y la pensión media, los 18.000 euros (unos 1.300 euros al mes). Por su parte, la pensión media de jubilación, que en 2024 habrá superado la barrera de los 20.000 euros anuales al situarse en octubre en los 1.447 euros mensuales, rozará en 2025 los 1.500 euros mensuales y superará los 20.700 euros anuales.
Así, la deuda de la Seguridad Social experimentará este mes una subida próxima al 9% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico: alrededor de 126.000 millones de euros. Es la consecuencia del préstamo que ha concedido el Estado, como en años pasados, para pagar la ‘extra’ de las pensiones en noviembre. La factura se ha duplicado, alcanzando los 25.500 millones sólo en el caso de las contributivas, a lo que hay que sumar las nóminas de las clases pasivas y de las no contributivas. Este gasto público equivale al de todo un año en infraestructuras y defensa.
Tal y como está previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el Consejo de Ministros autorizó el pasado 15 de octubre la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 10.004 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado, al estar los Presupuestos prorrogados. A diferencia de lo que ocurrió hace un año, la Seguridad Social no se ha hecho eco de esta concesión, pero fuentes del Ministerio confirman la cantidad.
En aquel momento se explicó que este préstamo es necesario para el pago puntual de la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, y se reflejará en la deuda que acumula la Seguridad Social. Según los datos difundidos por el Banco de España, a cierre de septiembre se situaba en los 116.171 millones de euros. Se ha mantenido estable en esa cifra desde noviembre del año pasado, cuando creció en 10.000 millones de euros (un 9%) por el préstamo que concedió el Estado «para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario».
El nuevo préstamo, que se reflejará en la estadística que actualizará con datos de noviembre el Banco de España el próximo 17 de enero, elevará la deuda de la Seguridad Social en la misma medida, hasta previsiblemente rebasar los 126.000 millones de euros. Hace dos años, en noviembre de 2022, tras aprobar el Gobierno un préstamo del Estado por 6.982 millones de euros con el mismo fin, la deuda de la Seguridad Social rompió la barrera de los 100.000 millones de euros, de los que se aleja cada vez más.
Salvo que se adopten medidas adicionales, la deuda de la Seguridad Social está condenada a seguir creciendo. Los ingresos vía cotizaciones sociales sólo cubren alrededor de un 70% del gasto, siendo necesario el apoyo del Estado para pagar las pensiones cada mes. En 2023 el sistema sufría un déficit del 0,6%, que aumentaría al 3,8% si no se hubieran tenido en cuenta los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ni las transferencias del Estado, según los cálculos de Miguel Ángel García, investigador de Fedea.
La reforma pretende recuperar el Fondo de Reserva (conocido popularmente como ‘hucha de las pensiones’) a través de las cotizaciones al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Tras años de sequía, ya acumula cerca de 10.000 millones de euros, pero esos ingresos se plantean como un ahorro a futuro y no estarán disponibles hasta 2032. En este sentido, desde Fedea han advertido de que «la supuesta aportación al Fondo de Reserva carece de sentido pues no representa una reducción de la deuda neta del sistema, que sigue aumentando».
