Los jueces de este país tienen un grave problema de salud laboral. Se pueden hacer sobreesfuerzos durante un tiempo, pero no se puede mantener un sobreesfuerzo todo el tiempo
La tasa de asuntos litigiosos sigue aumentando. En el año 2021 fue de 132,4 asuntos por cada 1.000 habitantes; y en el año 2022 la previsión ofrecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que la tasa será muy superior, ya que habrán 3.284.200 asuntos en trámite (un 4,4 % más que el año anterior), 1.729.500 sentencias dictadas (un 3,8 % más) y un total de asuntos ingresados de 6.678.300 (6,5 % más), de los que se habrán resuelto 6.539.000 (un 3,5 % más).
Cada vez hay menos jueces. Según el CGPJ, en abril de 2022, había más plazas en los órganos judiciales (5.726) que jueces en la carrera judicial (5.521), lo que supone 205 plazas vacantes. A nivel europeo, cada vez nos alejamos más de la media de número de jueces por cada 100.000 habitantes (17,60). En España, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes ha pasado de 11,6 en el año 2019, a 11,2 en el 2022. Por ejemplo, Italia cuenta con 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, Finlandia con 19,5, Alemania con 25 (más del doble que España) y Eslovenia con 41,5.
Así, la Administración de Justicia se va a enfrentar a uno de los mayores desafíos de esta primera mitad de siglo: las jubilaciones masivas en la carrera judicial. En los próximos diez años se jubilará, como mínimo, un 32 % de la carrera judicial actual (unos 1.760 jueces). Esta situación no es previsible que pueda revertirse con la tasa de reposición, pues el número de plazas ofertadas en el 2022 para el ingreso de futuros jueces en la Escuela Judicial (120, más 80 para fiscales) fue inferior a las ofertadas en el 2021 (139, más otras 101 para fiscales) y aún es menor la prevista para el año 2023 (se prevén 200 plazas en total para jueces y fiscales).
Según los datos de población del INE, de cumplirse el número de jubilaciones y mantenerse la tendencia en la tasa de reposición, en el año 2030 España tendrá 10,06 jueces por cada 100.000 habitantes, que nos alejaría más aún de la actual media europea de 17,60.
El Ministerio de Justicia y el CGPJ son conocedores de la situación y, a día de hoy, no existe ningún plan para abordar el problema de las jubilaciones masivas. Aunque nuestros políticos viven en el cortoplacismo, este problema es una cuestión de Estado.
Si bien para los jueces la jubilación por edad es forzosa al cumplir los 70 años, esta fecha puede prolongarse dos años más hasta que se llega a los 72 años de edad. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa legislativa para modificar el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de manera que sea posible que los magistrados del Tribunal Supremo puedan jubilarse voluntariamente tres años más tarde, a la edad de 75. Pretende así paliar un posible colapso del Alto Tribunal derivado de la imposibilidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nuevos nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
Esta modificación añade un cambio más en la ley, en concreto el artículo 61 bis, con el que busca posibilitar la prórroga por anualidades de la adscripción de miembros adicionales al servicio del Gabinete Técnico del Supremo. Añade que el informe sobre la situación de la Demarcación y la Planta Judicial, publicado por el CGPJ el 1 de enero, fija un total de 79 plazas de magistrado del Supremo en las cinco salas, pero indica que según el dato que aporta la Sala de Gobierno hay 19 vacantes (el 24% de la plantilla), y esa cifra se verá aumentada dado que en los próximos meses se jubilan otros cinco magistrados más.
