Sánchez es como Nerón, lo incendia todo para su propio capricho
El asalto al poder judicial
El resultado de las políticas puestas en marcha por Zapatero perfeccionadas, ampliadas y multiplicadas por Sánchez nos ha llevado a un régimen de apariencia democrática, pero claramente autoritario: es un régimen de concentración de poder
Sánchez está cargándose una democracia real mientras toca la lira contemplando el pavoroso fuego que está generando en todas las instituciones. El presidente del Gobierno ve arder una democracia legítima gracias a la que alcanzó el poder y disfruta contemplando la escena, desde la certeza de su seguridad personal, amurallado en palacio. Pretenden fabular que la nuestra es una democracia imperfecta que no llega ni al nivel de las llamadas «democracias vigiladas» del mundo, categoría en la que estaban Singapur, Turquía y Marruecos.
En el régimen parlamentario, si la separación de poderes no es radical, gracias a la independencia de los diputados que conforman la mayoría, no hay verdadera separación de poderes. En España las mayorías del poder judicial dependen de las mayorías parlamentarias. El régimen parlamentario, en la mayoría de las democracias, tiende a concentrar dos poderes pues el poder ejecutivo necesariamente emana del poder legislativo, pero en España además el poder ejecutivo controla el judicial y de hecho controla también el legislativo. Y si los tres poderes están en las mismas manos, dispuestas a dar lo que sea con tal de retener esos tres poderes, España no es una democracia.
Todo acaba, lo bueno y lo malo. Es decir, el sanchismo, variante venenosa del socialismo, también tiene que acabar, por larga que se nos haga su extinción. Pero los desastres políticos cometidos por Sánchez y sus acólitos sobrevivirán quizá largo tiempo después de la sustitución de su gobierno por otro. Es evidente que el felón ha logrado descuajeringar al PSOE de manera rotunda, reduciéndolo a la insignificancia (Galicia) o convirtiéndolo en algo deforme y repulsivo (Cataluña). De paso ha conseguido arrastrar por el barro a su posible recambio “progresista” con el nombre de Podemos y luego Sumar.
El agujero negro producido en la política española por el sanchismo letal tiene que ser ocupado por algo, por alguien. Y ahí está el problema.
El régimen sanchista va a dejar una herencia emponzoñada que viene fraguándose desde Zapatero (el paleosanchismo): el reforzamiento político de los partidos separatistas de todas las latitudes, proclamados progresistas y bendecidos por ese tufo de izquierdas que les hace irresistibles a los imbéciles de cualquier género y edad.
La Ley de Amnistía
Acaban de anunciar que la «Ley de Amnistía» tras los últimos “retoques” se someterá a votación el próximo jueves a las 11,00 de la mañana. ¿Qué no habrá cedido Sánchez ante Puigdemont?
El pacto entre el PSOE y Junts se anunciará en las próximas horas. El presidente del Gobierno no era partidario de cambiar la norma, pero siempre puede cambiar de opinión al día siguiente sin más explicaciones.
En los calendarios de La Moncloa, hace tiempo que los días se tachan con rotulador según pasan, a modo de conteo. Un día menos. Redondeado en rojo, el 7 de marzo. En el Gobierno hay convicción de que ahora sí, la norma será aprobada. Desde hace semanas PSOE y Junts han intensificado una negociación que deriva en nuevos cambios en el texto. Pedro Sánchez asume estos nuevos retoques a fin de trasladar más garantías a Carles Puigdemont de que será amnistiado y quedará satisfecho en lo relativo al terrorismo y la alta traición. El presidente del Gobierno está convencido, pese decisiones como la del Tribunal Supremo de abrir causa a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, de que «todas las personas vinculadas al procés van a estar cubiertas por esta ley. La nueva versión del texto, considera Sánchez que mantiene las «garantías» constitucionales para superar los filtros de la Justicia española y europea.
Uno de los principales temores de Puigdemont es que una vez aprobada la amnistía, en caso de regresar a España, pudiera haber una actuación judicial que decretase prisión preventiva contra él. O que tuviera que demorar su vuelta precisamente porque no estuvieran concluidos los procesos judiciales en los que está implicado. En La Moncloa dan por seguro su regreso una vez esté en vigor el perdón, pero no aseguran cuándo podrá ser. Es decir, contemplan un escenario en el que Puigdemont no pueda pisar suelo español al día siguiente y deba esperar unos meses.
En el Gobierno mantenían la tesis de que el texto que tumbó Junts a finales de enero en el Congreso ya amparaba a todos los implicados en el procés, incluidos Carles Puigdemont, líder de Junts, y que está implicado en dos causas judiciales -el caso Tsunami, aquí imputado por terrorismo, y el caso Volhoh, que investiga alta traición por los nexos con Rusia-
Pero los independentistas, sobre todo Junts, aducen el trabajo de los jueces para exigir una «amnistía total». De hecho, en estos últimos compases de la negociación, los independentistas también han exigido que se incluya en el perdón los casos de lawfare, pero fuentes de la negociación señalan que los socialistas se han negado.
La Ley de Amnistía ya sufrió variaciones cuando el Gobierno aceptó establecer una graduación del terrorismo y situar fuera de la amnistía únicamente el que supusiera una violación de los Derechos Humanos.
La pandemia y los robos
Sánchez es un líder preocupado por su imagen en la posteridad. Y esa imagen ha quedado manchada para siempre. Ocho contratos que se firmaron desde dos Ministerios del Gobierno presidido por su persona y desde otras dos comunidades del PSOE. Un enriquecimiento descomunal por el presunto cobro de comisiones en la compra de material sanitario destinado a una sociedad muerta de miedo en aquel entonces.
El papel de Salvador Illa, José Luis Ábalos, Francina Armengol o Ángel Víctor Torres en el ‘caso Koldo’ enfanga el legado de Sánchez con la mancha de la corrupción. Y confirma que la gestión que hizo su Gobierno de la pandemia del covid-19 es, sin duda, una de las peores de Occidente. La memoria es frágil, pero la Historia recordará cómo nuestro Gobierno nos dijo que ese virus era un simple resfriado, mientras los hospitales se colapsaban, China se cerraba a cal y canto y centenares de personas morían en Italia cada día.
Y llegó el confinamiento. Ilegal por cerrar el Congreso, según el Constitucional, pero como toda regla, el confinamiento tuvo sus excepciones, que se lo digan a la presidenta del Congreso Armengol, pillada de copas bien superado el toque de queda sin que tuviera consecuencia alguna para ella. Algún día habrá que analizar cómo una de las peores gestiones sanitarias del mundo protagonizada por Illa que además tampoco pareció percatarse del gigantesco robo de las mascarillas.
El Servicio de Salud de Islas Baleares, bajo el Gobierno de Francina Armengol, adjudicó contratos por valor superior a los diez millones de euros a empresarios que gestionaban sociedades off-shores en paraísos fiscales. Las adjudicaciones tuvieron lugar en el marco de la adquisición de productos fitosanitarios, como mascarillas o guantes, durante los peores compases de la pandemia de coronavirus. La Fiscalía europea ya investiga los contratos suscritos por el ejecutivo balear de Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, con la empresa del caso Koldo.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares destaca que el IBSALUT [Servicio de Salud de Islas Baleares] adjudicó un total 10.161.576 € a “empresarios que, según la International Consortium of Investigative Journalists (Offshore Leaks Database), tienen relaciones con sociedades off-shore domiciliadas en paraísos fiscales”. Así consta en un informe elaborado por este órgano, dependiente del Parlamento balear y encargado de prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos.
Una de estas sociedades sería Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en el epicentro de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, donde se investiga el supuesto cobro de mordidas en adjudicaciones para la compra de material sanitario durante la pandemia. Un caso que ha suscitado una airada polémica en esferas políticas, con la dimisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al frente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y su consiguiente decisión de pasar al grupo mixto.
Esta compañía suscribió varios acuerdos con la administración pública para proveer de mascarillas y material fitosanitario durante la pandemia. Los contratos más cuantiosos llegaron desde Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el propio Ábalos. Pero también hay adjudicaciones del Ministerio del Interior y de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente bajo la presidencia de Armengol y Ángel Víctor Torres -hoy titular de Política Territorial-.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares centra sus investigaciones en las adjudicaciones que el Gobierno de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, suscribió durante la pandemia. El informe elaborado por este órgano recoge otra referencia a contactos de los empresarios con paraísos fiscales, en este caso relacionada con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
Al desglosar la actividad empresarial y financiera de esta entidad, la oficina anticorrupción destaca la figura de José Ángel Escorial Senante como administrador único. Un individuo que “aparece en el caso de los denominados Paradise Papers con dos sociedades offshore en Malta.
Las sociedades radicadas en estos países o territorios están sometidos a una escasa o nula tributación, y su opacidad permite eludir los controles habituales financieros e impositivos.
La presidenta del Congreso compareció este martes en la Cámara Baja para defenderse en medio de la polémica por la gestión de su Gobierno en la adjudicación de contratos durante la pandemia. Armengol manifestó su intención de mantenerse en el cargo y arremetió contra el Partido Popular, a quien acusó de traspasar “todas las líneas rojas posibles” al exigir su dimisión.
En dicha comparecencia, Armengol aseguró que no hubo un contacto directo entre su Gobierno y las diferentes firmas salpicadas por el caso Koldo. No obstante, esta versión contrasta con el contenido de un informe elaborado por el Gobierno balear en 2021, donde se detalla que fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas quien contactó directamente con el Ejecutivo regional, tal y como adelantó en exclusiva este diario.
Por su parte, la Fiscalía Europea ya ha abierto una investigación en relación a los contratos que Francina Armengol y Víctor Torres suscribieron con la trama Koldo, tras recibir una denuncia de un particular en relación a los contratos de mascarillas y verificar su competencia. En concreto, investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Por otra parte Antifraude señala al actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres por crear al inicio de la pandemia un comité ‘en la sombra’ que seleccionó a la trama Koldo para la compra de mascarillas. También la esposa de Sánchez gestionó con Globalia importar mascarillas justo antes de su rescate. El caso Koldo parece ser una bomba de racimo que se sabe como empiezan pero no como acaban.
Roma arde
Dicen que «lo peor del comunismo es lo que viene luego» y es de temer que del sanchismo pueda decirse algo parecido. No es lo mismo el derecho a la diferencia que la diferencia de derechos. El derecho a la diferencia es lo que caracteriza a una democracia plural que comparte identidad ciudadana bajo leyes comunes; la diferencia de derechos es la incapacitación legal de un país por la contraposición de normas alérgicas a una constitución única y común para todos.
Y mientras tanto, Nerón enloquecido de soberbia sigue tocando la lira desde la Moncloa sin importarle una higa lo que puede costar sofocar el fuego demoledor. Ni a un portero ni a un político se les puede pedir que saque ningún balón de los que van dentro, pero si exigirles que no meta los que van fuera.
