El Gobierno destapa por fin el ‘pinchazo’ del IMV tras años inflando los datos de beneficiarios
En inicio, con el ministro José Luis Escrivá al frente, el Ministerio de Inclusión se comprometió a que el IMV llegase a 850.000 familias y a 2,3 millones de personas. Posteriormente, tras un arranque a medio gas, el objetivo se rebajó a unos 650.000 hogares. Dos años más tarde, el número de beneficiarios del IMV se mantenía en 284.000 hogares, «el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo», alertó la AIReF en junio de 2023 Ahora el Gobierno revela por fin que sólo 376.073 familias están cobrando el IMV, un 44% de los que quería cubrir, pero pero defiende que se deben añadir los 181.332 beneficiarios del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) que no reciben el IMV
De esos perceptores del IMV, 181.075 reciben únicamente ese ingreso y 194.998 reciben, además del IMV el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) de forma adicional. Aunque la suma de ambos daría un total de beneficiarios que se sitúa en 376.073, el Ministerio de Seguridad Social insiste en que el número total de hogares que perciben el IMV asciende en febrero a 557.405 porque decide integrar en los mismos a las 181.332 familias que únicamente cobran el CAPI sin percibir el IMV.
Sumar ambos datos le permite a la Seguridad Social decir que el número de hogares beneficiarios del IMV ha crecido en los últimos años pasando de 159.482 en 2020, a 294.915 en 2021, 406.635 en 2022 y 501.991 en 2023. Resulta curioso que la cifra de perceptores de 2022 es muy superior, sin embargo, a los 284.000 que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cobraban el IMV ese año. «Nosotros incluimos en el IMV a los que reciben el complemento a la infancia. Esos son los beneficiarios que aspiramos a cubrir, mientras que en el informe de la AIReF no incluyen a los que cobran el complemento», han explicado fuentes de la Seguridad Social.
La cuantía media mensual de los que perciben sólo el IMV se sitúa en 526,33 euros; sube a 822,47 euros para los que cobran además el CAPI, y se queda en 127 euros para los que únicamente reciben el complemento para la infancia.
Si en lugar de familias se analiza la cobertura de la prestación en número de personas, la estadística muestra que en total 964.787 personas recibieron en España en febrero el IMV (258.619 de forma individual y 706.168 junto al complemento de infancia), mientras que hay 705.574 que únicamente reciben el CAPI sin IMV.
Los datos demuestran que la penetración de la ayuda es inferior de lo que se podría esperar. Según los cálculos de la AIReF, el número total de beneficiarios que podrían percibir el IMV se situaría en 800.000 (con datos de 2022), mientras que los hogares que podrían recibir el CAPI serían 1,5 millones.
De hecho, la AIReF estimó que 356.000 familias podrían recibir simultáneamente el IMV y el CAPI, algo que ahora sólo sucede con 194.998.
Aunque El Ministerio de Seguridad Social dice que no puede conocer cuál es el número de potenciales beneficiarios (porque necesita datos fiscales de 2023 que no se cerrarán hasta mediados de 2024), apunta a que la cifra inicial de 850.0000 posibles receptores ha tenido que bajar por la mejora que se ha producido en el mercado laboral. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, argumentó que «hoy en día la situación es muy distinta a la que teníamos cuando llegó el IMV, con el desarrollo de políticas para favorecer la creación de empleo y mejorar su calidad». También recalcó otras medidas para «reforzar el escudo social», como «la revalorización de las pensiones y las mejoras del resto de prestaciones de la Seguridad Social». «Eso tiene una repercusión directa en el IMV, con un número de potenciales beneficiarios de esta prestación lógicamente muy distinto al que existía antes del estallido de la crisis», sentenció.
El problema está en que sin conocer el número de potenciales beneficiarios es imposible saber si la prestación está siendo eficaz o no en su misión de proteger a los más vulnerables.
En cuanto al gasto, en 2023 la Seguridad Social desembolsó 3.560 millones de euros en el pago de estas prestaciones. En el acumulado de los últimos cuatro años, el Gobierno asegura que el IMV ha llegado a 770.000 familias y 2,2 millones de personas. Dado que a día de hoy llega a 557.000, se asume que menos de un tercio de los que lo han recibido alguna vez han sido capaces de encontrar un empleo y dejar de necesitar esta ayuda, pero el Gobierno no confirma el porcentaje ni tampoco comunica cuál es el tiempo medio en que se cobra esta prestación.
La Seguridad Social impulsa un Plan Integral de Accesibilidad al IMV “no es una paguilla, es una palanca a la inclusión”
La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la presentación de ‘IMV, una política más viva que nunca’, celebrada el 26 de febrero, ha sido directa y concisa: “no es una paguilla, es una palanca hacia la inclusión”. Por eso, ha anunciado el impulso por parte de la administración de un Plan Integral de Accesibilidad a la prestación.
Entre las novedades más destacadas está la puesta en marcha de un número telefónico corto, como ya tiene habilitada, por ejemplo la Administración General del Estado con el 060, “Con el fin de que esta renta garantizada llegue a un mayor número de personas y la información sea más accesible para intentar a un mayor número de familias”. Será el 020 y “se espera que esté listo para su funcionamiento en el verano”.
El Plan Integral de Accesibilidad afrontará retos como:
- Dar a conocer a un mayor número de personas el acceso a esta prestación.
- Poner en marcha ese número corto para dar información a todos las personas que lo necesiten.
- Permitir que los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) gestionen la tramitación de la ayuda.
- Aumentar el número de personal funcionariado que llegue a cabo todas estas medidas para dar un mejor servicio a la ciudadanía y que el acceso a la prestación sea más accesible para todos.
El 68% de los perceptores son unidades familiares con menores de edad a cargo y, de ese porcentaje, el 23% corresponde a familias monoparentales donde en la estructura familiar faltan alguno de los padres. Cabe destacar la edad de los perceptores, y se estima que de media tengan 28 años. La mayoría de ellas mujeres, el 66% frente al 43% de los beneficiarios, que son hombres.
La compatibilidad con el empleo
La ministra ha hecho inciso en el incentivo al empleo que tiene esta prestación. “Es una ayuda compatible con el empleo a diferencia de las rentas mínimas de las comunidades autónomas”. Desde que a comienzo de 2023 entrara en vigor ese incentivo, se ha traducido en un impacto positivo en 90.000 hogares.
Esto quiere decir que hay un mayor número de personas que están en activo dentro del mercado laboral, pero con unas rentas bajas pueden llegar a solicitarlo. Al igual que las personas desempleadas, al encontrar un nuevo trabajo, pueden cobrar la ayuda junto a su sueldo sin ver rebajado el importe de la prestación.
En realidad en su presentación en junio de 2020 José Luis Escrivá, el entonces ministro de Seguridad Social, indicó : “El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sacará de la pobreza extrema a más de un millón de personas. Pero este objetivo ha sido abandonado principalmente porque consideran que la mejora que se ha producido en España en el mercado laboral ha reducido el número de potenciales beneficiarios. Una sensación, sin embargo, que no confirman con datos, ya que no pueden calcular a cuántas personas podría llegar la prestación, según reconocieron este jueves al publicar la primera estadística oficial sobre el IMV. Podría haber influido también, quizá, que la cifra ha resultado ser inalcanzable.
Aunque ese fue el reto que se marcó Escrivá, el tiempo fue demostrando que se trataba de un plan demasiado ambicioso y que había trabas con las que el Ministerio no había contado -entre otras cosas, por la prisa con la que tuvo que aprobar esta medida ante la presión de Podemos y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias-. Entre ellas estaban una proporción de personas que, aunque sobre el papel no tenían ingresos, sí los recibían en la economía sumergida y, por tanto, no tenían incentivos para pedir la prestación; otro grupo de potenciales beneficiarios que, al estar al margen de la sociedad, no tenían capacidad ni herramientas para interactuar con la Administración Pública; y una serie de requisitos demasiado estrictos que limitaban el alcance, entre otras.
Para sortearlo, el Ejecutivo fue haciendo modificaciones legales, firmó acuerdos con entidades del tercer sector (ONG, por ejemplo) y desplegó campañas de difusión (un autobús recorrió todo el país para acercar el IMV a sus potenciales beneficiarios), con lo que la penetración fue mejorando pero sin llegar nunca a los objetivos planteados inicialmente.
En diciembre de 2021, el Gobierno aprobó la creación de un nuevo Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) -que ahora está en 115 euros para los niños de menos de tres años, 80,50 euros para los de 3 a 5 años, y 57,50 para los que tienen de 6 a 17- destinado tanto a los perceptores del IMV con hijos, como a otras rentas bajas. «El complemento de ayuda para la infancia que se pondrá en marcha en el marco del Ingreso Mínimo Vital llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar», explicó entonces Escrivá. Mientras que para cobrar el IMV, el patrimonio no puede superar los 28.495 euros en el caso de una familia de un adulto y un niño; el límite para percibir el Complemento de Ayuda para la Infancia se sitúa en 45.678 euros, con lo que hay muchos más potenciales beneficiarios. Lo mismo sucede con los activos, que no deben superar los 56.990 euros en hogares de un adulto y un menor para acceder al IMV, y sin embargo pueden llegar a los 60.905 euros para pedir el CAPI.
Aumentan los hogares con IMV pero la ayuda solo cubre la mitad de la pobreza extrema
A día de hoy, un total de 557.000 hogares y alrededor de un millón de personas están cobrando una ayuda del ingreso mínimo vital (IMV), con una cuantía media de 500 euros por hogar al mes, es decir, solo tres de cada 100 hogares en España están recibiendo alguna ayuda de la renta mínima estatal. Hay que tener en cuenta que la cifra incluye a 181.000 familias que no perciben esta prestación sino el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que sigue formando parte del paquete del IMV pero cuyos importes son bastantes más bajos. De media en febrero de 2024, unos 127 euros mensuales. Solo contando a los que reciben el IMV, la cifra bajaría hasta los 376.000 hogares.
En el siguiente gráfico se puede ver la diferencia entre el número de hogares perceptores de ayudas del IMV en junio de 2022, la nueva cifra publicada por el Gobierno, la meta de 850.000 hogares cuando se puso en marcha y un cálculo estimado de 1.100.000 hogares en extrema pobreza, dato se ha calculado a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida incluyendo a las familias que ingresan menos de 500 euros al mes por unidad de consumo.
La renta mínima estatal contra la pobreza garantiza unos ingresos mínimos a sus beneficiarios que van desde los 604 euros a los 1.462 euros mensuales en 2024, según el tipo de hogar. Hay que recordar que el IMV no es una cantidad fija, sino que establece un suelo mínimo de ingresos garantizados según cada tipo de hogar y abona a los beneficiarios una prestación hasta alcanzar esos umbrales.
Las cifras publicadas por la Seguridad Social siguen mostrando la brecha norte-sur en España en niveles de pobreza. Andalucía, Murcia y Extremadura lideran el ranking de comunidades con mayor proporción de hogares cubiertos por alguna ayuda del IMV. En el siguiente mapa se ilustra cuántos hogares perciben la renta mínima sobre el total de cada región.
Entre las posibles razones para el reducido acceso al IMV, están los cientos de miles de hogares que serían beneficiarios de la prestación porque cumplen los requisitos pero que no la han solicitado. en muchos casos, porque ni siquiera la conocen. También la burocracia puede estar entre las causas pues el 16% de las solicitudes denegadas en 2022 fueron por no tener la documentación completa.
En cualquier caso se ha pasado de 380.000 hogares beneficiarios en2022 a cerca de 557.000 en la actualidad. Si comparamos con el importe de las nóminas, el Gobierno ha pasado de abonar mensualmente 200 a 263 millones de euros a los beneficiarios de la renta mínima estatal. Precisamente, todos los datos señalan que gran parte de este aumento está vinculado a los que solamente reciben el complemento a la infancia, con importes mucho más reducidos y que entró en vigor en enero de 2022.
¿Es buena o mala noticia que el Ingreso Mínimo Vital no llegue a los objetivos del Ministerio?
Hasta ahora, el Ministerio (Escrivá) se había negado a ofrecer las cifras del IMV y lo que se daban eran las cifras agregadas de hogares que se había beneficiado de la ayuda desde el inicio de la misma (2020). Hay al menos tres apuntes de interés sobre esto:
1 – ¿Es buena o mala noticia?
En principio, que no se llegue a los 850.000 hogares, debería ser algo bueno. Al menos debería ser un punto del argumentario que el Gobierno de turno debería querer resaltar. Y es cierto que algo ha dicho el Ministerio en la presentación: mezclaba la mejoría del mercado laboral y los cambios sociales para explicar por qué no se alcanza esa cifra.
Pero, no nos engañemos, lo han hecho con la boca pequeña (pequeñísima). Por eso no quería sacar las cifras. Y por eso la mezcla del IMV y el CAPI; y el intento de relativizar los datos.
El despliegue del IMV pone sobre la mesa buena parte de las contradicciones de nuestro Estado del Bienestar. La lógica diría que el objetivo número uno de cualquier Gobierno debería ser reducir al máximo el número de personas-hogares que necesitan ayudas públicas, pero entonces, ¿quién les iba a necesitar a ellos? Y por eso, que no haya tantos perceptores del IMV… se nos intenta vender como un fracaso.
2 – Burocracia y caridad.
Otro punto importante es si podría haberse hecho mejor. La AIReF en junio de 2023 con datos de 2022 aseguró que sólo estaba cubriendo a un 35% de los hogares que podían necesitarlo: «Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron» (en esto de las peticiones no atendidas no tenemos claro cuánto hay de personas que lo piden sin tener derecho al mismo o si el problema es que falta información o el proceso es complejo).
Desde que se puso en marcha el IMV, los expertos le pidieron al ministro que simplificara el proceso para acceder al mismo. Por qué no lo ha hecho. Por miedo a que fuera un coladero o a no ser capaz de manejar el número de peticiones. Lo que ocurre es que fue peor el remedio que la enfermedad. Al final es tan complejo que muchos potenciales beneficiarios no lo solicitan; o porque no saben que tendrían derecho al mismo o porque no saben cómo hacerlo.
Este tipo de ayudas deberían ser muy fáciles de obtener cuando uno cae en una situación de necesidad; pero al mismo tiempo complicadas de mantener, porque el objetivo final es que el beneficiario deje de serlo. En España, lo habitual es lo contrario: muy complicadas de que te la concedan; pero una vez que la tienes, puedes eternizarte en el cobro de la misma, tanto porque no te la retiran como porque los incentivos te empujan a seguir en la situación que dio origen a la misma.
Es verdad que en España se superponen ayudas estatales, autonómicas e incluso locales; las ayudas muchas veces tienen en cuenta más factores (sobre todo, la edad) que la renta, haciendo que el reparto sea injusto, etc… Probablemente, lo más lógico sería plantear una renta de inserción general, que tuviera en cuenta rentas medias y precios de la provincia de residencia (tema polémico, porque no sería la misma en todos sitios), que integrase también las pensiones no contributivas y que se plantease, para las personas en edad de trabajar, como un impuesto negativo
3 – El acumulado y lo que se intuye
Según explica el propio Gobierno, el acumulado de familias perceptoras del IMV asciende a unas 770.000 en los últimos cuatro años (aquí se suman los que reciben el IMV y complementos de infancia). Dado que en febrero de este año lo recibían unos 557.000 hogares (de nuevo, según las cuentas del Ministerio), esto querría decir que un tercio de los que lo han cobrado en algún momento ya no lo hacen.
Pero dos tercios de los que lo han cobrado en alguna ocasión siguen haciéndolo. Habrá unos cuantos que hayan dejado de cobrar el IMV porque tienen acceso a otras prestaciones, especialmente pensiones. De los 557.405 hogares que cobraban el IMV en febrero, sólo unos 10.304 tienen un titular de más de 65 años. Es lo lógico: al final, tanto si uno cobra una pensión no contributiva como una contributiva con complemento de mínimos, lo normal es que tenga una renta superior al límite que marca la normativa del IMV. Lo cierto es que el IMV será un éxito si cada año dejan de cobrarlo unas decenas de miles de personas pues esto querría decir que está funcionando como debe: red de seguridad para una situación puntual de necesidad, pero no trampa que te atrapa en la rueda del subsidio.
La ley del subsidio por desempleo avanza la reforma del IMV
El Ministerio de Trabajo se encuentra en plena negociación para cerrar un texto de la reforma del subsidio por desempleo con los agentes sociales, la idea de la cartera de Yolanda Díaz es enviarlo en forma de proyecto de ley al Congreso de los Diputados «en breve», ya que está vinculado al cuarto pago de los fondos europeos. Solo se han producido dos reuniones desde que se retomasen las mesas de diálogo -después de que el documento decayera por el voto en contra de Podemos- en las que ha habido algunos avances como en lo referido al trabajo parcial, si bien quedan puntos clave por cerrar como la ‘pasarela’ por la que hasta 122.000 perceptores podrían pasar al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El punto que parece avanzar la reforma de la ayuda.
«Un elemento importante es el tratamiento de los colectivos que quieren enviar al IMV, son cinco colectivos, 122.000 personas», «han aceptado que hay que regular quiénes van y quienes no al IMV y en qué términos se integran, de manera que no se pueda posponer seis meses» destacó el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, a la salida de la última reunión. «Nos hubiera gustado tener un texto, hemos pedido que nos traigan por escrito cómo va a ser esa pasarela, cómo van a ser acogidos en Seguridad Social» añadió el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en declaraciones a los medios.
En el Ministerio de Trabajo rechazan aclarar cuáles son esos cinco colectivos, a la espera de constatar cómo avanza la mesa de diálogo social. No obstante, los derechos de los emigrantes retornados sí podrían haber quedado garantizados tras el último encuentro, según apuntaron los representantes de los trabajadores. CCOO y UGT celebraron que el departamento de Yolanda Díaz se haya comprometido a elaborar este puente con carácter inmediato y no al medio año de la publicación de la reforma como se indicaba en el texto rechazado, aunque advierten de que esta será uno de los puntos clave de esta fase de negociación, dado que algunos de estos perceptores no reunirían los requisitos para acceder a la ayuda que diseñó José Luis Escrivá en 2020.
Además, la necesidad de coordinar el subsidio por desempleo y el IMV es uno de los motivos a los que se hacía referencia en el real decreto-ley de la ayuda asistencial de diciembre para justificar que se recurriese a esta figura urgente y no al proyecto de ley. «La puesta en marcha del IMV, figura regulada por primera vez en 2020, tiene por objetivo proporcionar una red de protección mínima para todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad económica y social, entre los que se encuentran los desempleados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones contributivas y asistenciales, lo que hace determinante proceder a la efectiva coordinación de las dos figuras protectoras» reza el texto, cuya disposición adicional primera abordaba la transición entre ambas ayudas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz no está representado en la negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, por lo que el trabajo se hará de forma interna, puesto que las carteras aseguran estar en contacto permanente. Este ajuste previsiblemente requerirá una reforma de la ley 19/2021 de 20 de diciembre, en la que quedaron fijados los requisitos para acceder al IMV y que todos los actores consideran necesaria, dado que a tres meses de cumplir los cuatro años en vigor, el principal problema de la prestación contra la pobreza es su escaso alcance, como ha reprochado en dos ocasiones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y organizaciones como Oxfam o Save the Children.
Los dos partidos representados en el Gobierno, PSOE y Sumar, reflejaron esta voluntad de cambio en el acuerdo de coalición. «Reforzaremos y mejoraremos el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de inclusión socio-laboral» firmaron a la vez que se comprometieron a unificar el Complemento de Ayuda a la Infancia y la deducción por maternidad en el IRPF. La plataforma liderada por la ministra de Trabajo fue clara durante toda la campaña electoral al señalar el diseño actual del IMV como insuficiente para alcanzar su objetivo, una disputa que ya enfrentó en su momento al entonces vicepresidente y responsable de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y a Escrivá.
Cerca del 20% de los beneficiarios del IMV son extranjeros, según la Seguridad Social
Según las cifras publicadas por la Seguridad Social cerca de 1,7 millones de personas recibieron durante este mes de febrero el Ingreso Mínimo Vital, un dato que pone en tela de juicio la situación económica de país, pero que deja en buen lugar a la Administración demostrando que tiene los medios para hacer frente a los agravios generados por los conflictos bélicos y la recesión económica.
Aun así, la realidad es que España atraviesa un momento de inestabilidad que ha lastrado la salud financiera de un alto porcentaje de las familias. La constante subida del IPC, el precio del alquiler y de la vivienda que es inasumible para las nuevas generaciones y los sueldos que siguen congelados sin su respectiva subida por la inflación, son algunos de los factores que han provocado la caída al vacío de la economía española. Una tendencia a la baja que, como siempre, los que más la sienten son los que menos recursos tienen.
¿Es realmente preocupante la situación que se vive en España y el incremento de personas que perciben el IMV de la Seguridad Social? Para hacernos una idea de la gravedad del asunto, durante el último año se ha producido un aumento tanto del número de hogares como de beneficiarios del IMV. Esto se traduce en que, en el caso de los hogares, lo reciben 122.368 más que hace un año, lo que representa un incremento del 28,13% respecto a febrero de 2023, mientras que el número de beneficiarios presenta una variación interanual del 34,75% con 430.519 beneficiarios más.
La Seguridad Social asevera que «en términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 773.654 hogares y beneficiado a las 2.279.440 personas que formaban parte de ellos, en buena medida niños, niñas y adolescentes, lo que supone el 43,45% del total de beneficiarios». Por lo tanto, la nómina acumulada del IMV, desde que viera la luz, es de 9.650,7 millones de euros, siendo durante el mes de febrero de 346,4 millones.
En cuanto al perfil del beneficiario medio, lo habitual es que sean mujeres de unos 45 años de edad. Casi dos tercios de las personas que perciben el IMV son mujeres, es decir, el 66,6%. El 82,3% del conjunto de titulares son de nacionalidad española lo que supone que un 17,7% de los beneficiarios son extranjeros.
Por otro lado, los hogares de menores se llevan la mayor porción del presupuesto, con un 66,1% y entre ellos, hay 98.315 hogares monoparentales (el 26,7% sobre el número de familias con menores). La Seguridad Social indica que durante el mes de febrero el número de mujeres cayó hasta el 53,5%: Es muy destacada la presencia de menores: 688.794 de los beneficiarios (el 41,3%) tienen menos de 18 años, de los cuales hay 183.690 niños de menos de 5 años. La edad media de los beneficiarios es de 28,1 años».
