En el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno contempla varias líneas de actuación para capear la tromba de despidos prevista para el próximo año. Las políticas de desempleo contarán con 4.191 millones más para dar respuesta a las necesidades que se derivan de la pandemia y el fomento del empleo subirá en torno al 30%. Aunque sigue prohibido despedir por causas objetivas derivadas de la Covid y reducir plantillas en los seis meses posteriores al ERTE, muchas empresas están al límite e inevitablemente van a tener que recurrir a ajustes en 2021.
La red de protección que va a desplegar el Gobierno ante la amenaza real de una avalancha de despidos sin precedentes se plasma en cuatro vías diferentes:
1.- Un incremento general del gasto en desempleo del 20%, hasta superar los 25.000 millones de euros, para financiar la protección de los nuevos beneficiarios que resulten del impacto en el mercado laboral de la crisis sanitaria.
2.- El IPREM se incrementará en 2021 un 5%, el mayor aumento desde su creación en 2004, lo que supondrá un beneficio para los colectivos con menos recursos, ya que el IPREM es el indicador de referencia para recibir diversas ayudas, subsidios y subvenciones
3.- Un aumento de las ayudas para los trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas. Incluyendo, por ejemplo, aportaciones a planes de rentas en despidos colectivos o reposiciones de las prestaciones por desempleo consumidas durante los períodos de suspensión de los contratos o de reducción de jornada. El plan de rentas podrá consistir en el pago de un subsidio o de una cantidad destinada al pago por el trabajador del convenio especial con la Seguridad Social. Es una medida similar a la dispuesta en el Real Decreto 908/2013
4.- Un refuerzo del presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el organismo público que en última instancia asume el pago de las indemnizaciones y los salarios pendientes de cobro de los trabajadores cuando las empresas no disponen de recursos suficientes para hacer frente a las indemnizaciones por despido de sus trabajadores. Las previsiones del Consejo General de Economistas son que las insolvencias se van a disparar un 40% en 2021 tras el fin de la moratoria concursal. El principal foco de preocupación del Gobierno viene de la disposición legal que implica al FOGASA en el abono de las indemnizaciones en los supuestos de extinciones de contratos por causa de fuerza mayor autorizadas por la autoridad laboral y que se podrían disparar en el momento en que el Ejecutivo retire los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Para el año que viene se han presupuestado 295 millones de euros para este partida, lo que supone más que duplicar los créditos destinados a esta cobertura en el año anterior.
5.- Un incremento del 40% en la previsión de exenciones en el IRPF a las indemnizaciones por despido, que pasarán a 705 millones de euros en 2021, frente a los 501 millones de este año. Este beneficio fiscal exime de tributación las indemnizaciones por despido percibidas por los trabajadores hasta los 180.000 euros. Para 2021 el Ejecutivo espera que se beneficien de esta medida 1,2 millones de trabajadores.
