Un manifiesto de Euskadi y Galicia también apoyado por Catalunya, Andalucía, Castilla y León o Murcia busca quitar presión a las CCAA, que tienen transferidas las competencias de Sanidad.
La pandemia de coronavirus ha demostrado que el sistema sanitario español está al límite, hasta el punto que el Gobierno central se ha visto obligado a aprobar la regularización 67.300 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de acabar con la temporalidad de los contratos, una exigencia de Bruselas y que dependerá de las comunidades autónomas.
Pese a que el presidente Pedro Sánchez lo ha tildado de “la mayor estabilización de los sanitarios de la historia” en España, sindicatos y sanitarios alertan de que son necesarios muchos más médicos y recursos para atender las necesidades actuales, pero sobre todo que debe hacerse un cambio de estrategia ante la inminente llegada de la generación del baby boom a los 65 años.
Los nacidos entre 1958 y 1977 son uno de los grupos de población más voluminosos con cerca de 8 millones de nuevos mayores de 65 años en las próximas décadas, que están llamados a revolucionar los sistemas asistenciales tal como los conocemos, y especialmente el sanitario. La tensión que se prevé es doble, ya que por un lado afecta a los sanitarios próximos a jubilarse que dejarán su puesto y por otro, al previsible aluvión de pacientes según vayan llegando a una edad avanzada. Actualmente el 20% de la población española supera los 65 años y el 40% tiene al menos una enfermedad crónica.
No solo habrá falta de profesionales, camas o instalaciones sino que habrá que pensar cómo atender a cada vez más mayores dependientes con varias enfermedades. La edad media de las personas hospitalizadas en 2020 fue de 58 años y no para de crecer.
El sistema hospitalario se planificó en los años 70 como modelo de atención de pacientes agudos, pero se necesita ya una estrategia centrada en el envejecimiento, la cronicidad y la pluripatología, por ello hay que apostar más por la atención primaria y por la asistencia en domicilio
En España hay 3,4 profesionales de medicina en activo por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,6 de la media europea, lo que supone un déficit de 289.235 profesionales sanitarios. La situación es especialmente preocupante en los centros de salud para los que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria reclama al menos 10.000 médicos de Atención Primaria más, para garantizar el reemplazo por las jubilaciones y poder atender a los pacientes actuales y futuros. Los sinditatos estiman que habrá más de 50.000 jubilaciones de sanitarios en los próximos cinco años, que podrían aumentar con las jubilaciones anticipadas a los 60 años que exigen varias plataformas.
Con carácter general, las enfermedades crónicas con mayor incidencia entre los mayores de 65 años son la hipertensión, la artrosis, y la diabetes, así como dolencias más graves y limitantes, como las insuficiencias cardíacas o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). En España, el 80% de las consultas de atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios se deben a estas patologías, lo que genera un gasto sanitario estimado cercano al 70% del total. Pero los expertos llaman a poner el foco no solo en las enfermedades si no en la prevención de las patologías para el evitar el impacto de la cronicidad.
Ante esta situación, desde el Foro Español de Pacientes consideran que todos los esfuerzos son pocos para garantizar una sanidad de calidad. «Ante unas listas de espera de 2.300.000 personas para pruebas diagnósticas y 700.000 en España para una operación que hay en la actualidad, necesitamos gobiernos y comunidades autónomas que apuesten por un cambio de estrategia
Galicia y Euskadi han fraguado un frente autonómico al que después se han ido sumando la mayoría del resto de comunidades no gobernadas por los socialistas, como Catalunya, Andalucía, Castilla y León o Murcia, para demandar al Gobierno de Pedro Sánchez medidas “urgentes” para reformar el sistema de formación y capacitación de médicos de familia e incrementar las convocatorias de MIR con al menos 1.000 plazas ante el “grave déficit” de personal en atención primaria, entre otras propuestas
Las peticiones se recogen en un manifiesto de tres folios y seis puntos y según el manifiesto el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos deben acordar un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija la situación de déficit a la que llevan las previsiones de jubilación. Estiman la necesidad de ampliación urgente de un orden de 1.000 plazas formativas anuales de medicina familiar y comunitaria en toda España y piden también que Urgencias y Emergencias sea una nueva especialidad de modo que muchos profesionales de primaria no opten por estos destinos aparentemente más atractivos.
Las comunidades, con competencias en la materia y que están sufriendo en sus carnes protestas internas de oposición, sindicatos, sanitarios y ciudadanía por los recortes que ya se están produciendo en horarios en los centros de salud, han optado así por quitarse presión y elevar la pelota al tejado del Ministerio de Sanidad.
Fuentes conocedoras de la génesis del manifiesto explican que en los márgenes de los consejos interterritoriales, que sientan a la ministra Carolina Darias con las 17 comunidades, con Ceuta y Melilla y con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no se habla de otra cosa que de la necesidad “acuciante” de encontrar personal y de los problemas que se avecinan en verano. Lamentan, de hecho, que el 15 de junio se reunieran y que “nuevamente, ningún punto del orden del día abordara el gran problema que afronta la Sanidad pública en estos momentos: el grave déficit de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria”. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) también ha pedido expresamente a las comunidades que lo apoyen.
El texto, de hecho, quiere “servir como base para un gran acuerdo nacional”, aunque los firmantes prometen actuar “desde la máxima lealtad y con el objetivo de construir juntos soluciones para el Estado español”.
En el caso de las comunidades del PSOE, la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page parece secundar las peticiones aunque no se haya sumado formalmente al frente autonómico.
En el caso de Catalunya –la comunidad con más vacantes junto con las zonas rurales de Castilla y León y Extremadura–ha quedado claro que el sistema de incentivos basado sólo en el ámbito monetario no ha funcionado como se esperaba, y eso pese a que un residente en Catalunya podía haber sido el mejor pagado del Estado.
