Yolanda Diaz en su toma de posesión de la cartera de Trabajo ha hecho pública su medida para implementar el subsidio “menguante”, eso sí, compatible con un salario. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, algunas de las medidas que se están barajando ya han suscitado el temor a que se produzca un empeoramiento de la situación de los de los casi un millón de trabajadores que reciben un subsidio o ayuda de desempleo.
Lo que es innegable es que estos subsidios van a sufrir cambios inminentes, porque lo ha pactado el Gobierno con la Comisión Europea (la reforma del nivel asistencial de desempleo es un compromiso con Bruselas), porque así figura en el programa de gobierno PSOE-Sumar y porque es uno de los asuntos que quedó pendiente de negociar en la pasada legislatura en la mesa de diálogo social, entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal CEOE-Cepyme.
Esta reforma es crucial para desbloquear el cuarto pago con cargo a los fondos Next Generation, se fundamenta en cuatro líneas de acción que ya habían sido delineadas en los requerimientos del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La OCDE expresado en no pocas ocasiones que resulta extraño que un país como España, que no solo registra el mayor de los índices de desempleo en Europa, sino que históricamente ha obtenido menor rentabilidad tanto de sus políticas pasivas como activas de empleo, quedara rezagada en la implementación de ciertas políticas que, cuando han sido evaluadas, lo han hecho con éxito.
Lo que sabemos por la evidencia es que un desempleado que obtiene cualquier tipo de subsidio económico tiene una mayor probabilidad de mantenerse en una situación de inactividad por más tiempo. Esto se debe a que, posiblemente gracias a otros ingresos familiares o personales, o ingresos no regulados, mientras cobra el subsidio la situación financiera básica estaría en cierto modo cubierta. Así, si la diferencia entre el salario ofrecido y el subsidio no es lo suficientemente elevada, incluyendo en la segunda otras “remuneraciones” no dinerarias por estar sin trabajar, como puede ser la valoración del ocio, el coste de la conciliación u otros costes asociados a estar empleado incentivaría el rechazo de la oferta de empleo. El problema aquí es la naturaleza binaria de la decisión si se cobra el subsidio. La elección no permite medias tintas: lo tomas o lo dejas. Trabajar y recibir un salario o mantenerse desempleado y percibir el subsidio. Esta elección depende de ese “umbral” representado por la diferencia entre los costes o beneficios netos al aceptar un trabajo versus permanecer desempleado.
Pero la propuesta de la reforma busca una alternativa: un sistema en el que el subsidio no desaparecería al encontrar empleo, sino que se reduciría progresivamente en relación con los ingresos totales percibidos. Con este diseño, al que se une un cambio en las cuantías a cobrar en función del tiempo que se lleve cobrando el subsidio, se pretende eliminar esos incentivos que se crean y que se derivan en una mayor y más larga permanencia en una situación de inactividad, con todas las consecuencias que de ello se derivan.
El resultado, esperado, sería un estímulo a la participación en el mercado laboral, mejorando no solo la empleabilidad de los trabajadores, sino también reduciendo los costes asociados al desempleo, económicos y no económicos. Algunos trabajos consideran que, a pesar de mantener las prestaciones durante un período transitorio, habría una disminución total en las transferencias. Esto se combina con el propósito de incrementar los incentivos para la búsqueda de empleo, reducir el desempleo estructural y acercar las tasas de ocupación y desempleo a los promedios europeos. Podría elevar la productividad al aumentar la experiencia y, con ello, la formación de los trabajadores. Muy posiblemente ayudaría a elevar la actividad en colectivos donde estos incentivos son mayores, como mujeres en grupos vulnerables, facilitando por ello avances en numerosas direcciones. En definitiva, lo que la evidencia dice, es que podríamos mejorar en muchos aspectos.
Según ha trascendido, una de las modificaciones en estudio consiste en hacer que estos subsidios tengan una mayor cuantía durante los primeros meses de cobro, para luego ir descendiendo de importe de manera progresiva, aunque sin recortar la cantidad total a recibir. Una medida que castigaría a quienes más tiempo permanezcan desocupados, dependiendo de una menguante ayuda asistencial, puesto que irían cobrando cada vez menos, según fuera pasando el tiempo. Con este modelo, se pretende que el parado no se acomode, sino que sienta la urgencia por buscar un empleo, lo que resulta más estresante para los parados de edades avanzadas, que son quienes sufren más para hallar trabajo.
El paso a un subsidio menguante sería muy poco efectivo, según los expertos consultados que proponen, en cambio, medidas para compatibilizar el cobro de la ayuda y el trabajo, además de endurecer el cobro para quienes rechacen empleos, en determinadas circunstancias. Para algunos expertos el establecer una forma de cobro decreciente es “una ocurrencia descabellada” que podría dar lugar a que la persona busque trabajo, lo acepte, trabaje lo mínimo para cobrar el paro y luego vuelva a el subsidio.
Asimismo, algunos opinan que la reducción progresiva del subsidio no aceleraría necesariamente la consecución de un empleo, sino que podría reforzar el estigma y añadir estrés financiero adicional, conduciendo a las personas sénior a aceptar trabajos inadecuados a su experiencia y formación, a medida que sus ingresos disminuyen.
Parecen interesantes otras propuestas sobre la mesa para incentivar la búsqueda de trabajo y evitar el efecto cronificación del subsidio, como las que ya se han aplicado con éxito en otros países como Dinamarca, Suecia o Reino Unido. Por ejemplo, el impuesto negativo sobre la renta o complemento salarial, un concepto económico diseñado para que las personas con menores ingresos puedan seguir recibiendo parte de la prestación una vez encuentran trabajo. A diferencia del modelo tradicional, donde si una persona empieza a percibir ingresos por trabajo pierde su prestación rápidamente, en este caso el importe del subsidio se reduce gradualmente, pero nunca del todo. De esta manera, las personas tienen un incentivo para trabajar, porque siempre mantienen parte de su prestación, aumentando sus ingresos totales cuando encuentran empleo.
A este respecto, hay que recordar que la finalidad de estos subsidios es asistencial y temporal, en forma de dinero, para que la persona pueda mantenerse económicamente mientras busca activamente otro empleo, pero no para que nadie se duerma en los laureles sin hacer nada por reintegrarse al mercado laboral. En ese sentido, tendría cierta lógica que se cobrase más al principio, y menos hacia el final. Sin embargo, inciden en que tiene que haber políticas activas de empleo, que sean públicas y efectivas, y a los desempleados de larga duración hay que darles formación útil de verdad, orientada a la inserción laboral, y no meros cursos de Excel y de inglés, como se hace ahora.
En todo caso, si la persona agota el subsidio y no encuentra empleo, le quedaría la opción de solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), si bien esta ayuda sería una pírrica solución para trabajadores sénior despedidos en la fase final de su carrera laboral, que ya de por sí tienen muy difícil reintegrarse; o para aquellos que son expulsados a pocos años de poder jubilarse.
Sindicatos y patronal
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, está dispuesto a abordar una reforma del subsidio por desempleo, siempre que tenga como meta facilitar la transición del paro a un puesto de trabajo. “Creo que ese es el objetivo que tenemos que tener en España todos. Una de las cosas importantes para cualquier persona, no solamente desde el plano de que le entre un dinero, sino en lo personal, es que tenga un empleo, y cuanto más estable mejor”.El dirigente empresarial sería propicio a medidas para compatibilizar el subsidio con un empleo. “Todo lo que sea intentar que la gente deje de estar en paro, especialmente los de larga duración, para incorporarse de forma activa a la sociedad, será bueno”, resalta, insistiendo en que hay que intentar mejorar esta situación, “porque las políticas activas de empleo, y eso no es de este Gobierno, sino de todos, no han llegado a buen término”.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recuerda que la reforma de estos subsidios debe debatirse en el diálogo social, y avisa al Ejecutivo de que antes hay que abordar cómo mejorar los servicios de intermediación de empleo, para que las personas en paro puedan regresar al mercado laboral. Álvarez se opone de forma “clara y rotunda a que se empiece a construir la casa por el tejado porque el problema grave no son los subsidios, que son escasos e infinitamente inferiores a los del resto de países de la UE, sino los servicios de empleo”, que no funcionan correctamente. A su vez, CCOO hace hincapié en que cualquier cambio debe realizarse “en el marco del diálogo social”, y no mediante un pacto con Bruselas, advirtiendo al Ejecutivo contra cualquier intento de legislar de manera unilateral en este tema.
