La ley exige que las empresas se adhieran obligatoriamente al plan sectorial, pero cada plan necesita un organismo sectorial que controle la adhesión de cada empresa
De momento, la construcción ha sido el único sector que ha firmado la creación de un fondo de pensiones de empleo amparado en la ley de Escrivá, aunque otros sectores están interesados como el de las telecomunicaciones, el químico, el metal o el automóvil.
En vigor desde el 1 de julio
La ley aprobada este verano en el Congreso (Ley 12/2022, de 30 de junio) establece que las empresas amparadas por un convenio sectorial están obligadas a crear un plan de pensiones si así se pacta por los representantes de empresas y trabajadores del sector.
En el caso de la construcción, las labores de control recaerán en la Fundación Laboral de la Construcción en la que están representados empresas y trabajadores a través de los sindicatos. La Fundación certificará qué empresas hacen aportaciones al plan y cuáles incumplen el compromiso pactado.
Sin embargo, la mayoría de los grandes sectores no cuentan con este tipo de fundación, lo que dificultará sobremanera la gestión, seguimiento y control de las empresas que realmente contraten un plan de pensiones adherido al fondo de pensiones sectorial si se llega a aprobar en el convenio colectivo.
Interés de las gestoras
Los planes de pensiones de Escrivá tiene a su favor que, a pesar de una primera resistencia del sector de las gestoras de planes de pensiones enfadado por el recorte de las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones individuales, las gestoras han mostrado un amplio interés en gestionar el plan de pensiones de la Construcción.
Aunque la nueva ley no ha fijó el tope máximo, el reglamento lo establecerá en el 0,3% anual, más un 0,1% extra de comisión de depositaría. Esto las acercaría mucho a las comisiones que pagan los planes de pensiones de empleo convencionales, que son mucho más bajas que las de los planes individuales, que superan el 1% anual.
Inflación y negociación salarial
Para atraer a las empresas a que pacten con los sindicatos en la negociación colectiva planes de pensiones de empleo, el gobierno aprobó que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.
Además, se crea también una deducción del 10% en la cuota íntegra del Impuesto de sociedades por las aportaciones a planes de empleo de trabajadores con rentas brutas anuales inferiores a 27.000 euros.
Las aportaciones a planes permiten reducirse la base imponible del Impuesto de la Renta de trabajador A más dinero aportas al plan, menos pagas de IRPF.
Después de azuzar a la patronal en los últimos días y apoyar las movilizaciones de los sindicatos en su contra Yolanda Díaz ha bajado la tensión posteriormente y ahora abandera como parte de la solución para que los agentes sociales lleguen a un acuerdo de subida salarial incluir en el acuerdo las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones de empleo. Aunque tanto sindicatos como patronal proponían subidas del entorno del 8% en tres años, los sindicatos exigían ligar las subidas al IPC mediante cláusulas de revisión salarial, la patronal se negaba a ello.
