LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO (PPE) Y EL FONDO PÚBLICO DE PENSIONES QUE SE AVECINAN

Los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE 2021) han puesto sobre el mapa los planes de pensiones de empleo o PPEs, un gran desconocido en España. En concreto, apenas 1,97 millones de personas tienen uno, muy por debajo de los 7,48 millones de partícipes de los plan de pensiones individuales.

 

El Ejecutivo piensa en un sistema de adscripción automática a los planes de pensiones de empresa de forma que todo trabajador contaría directamente con un PPE, salvo que renunciase a él de forma expresa.

 

Los PPE son sistemas de previsión social que sirven para complementar la pensión pública. La principal diferencia entre un plan de pensiones de empresa y un plan de pensiones individual es que el segundo lo promueve una empresa para sus trabajadores, de ahí su nombre.

 

Desde un punto de vista práctico, esto quiere decir que el promotor del plan de pensiones será la empresa y el partícipe los trabajadores que decidan suscribirlo y adherirse a él. Estos planes de pensiones de empresa hoy por hoy son voluntarios y no hay obligación de adscribirse a ellos, aunque el Gobierno pretende que esa adhesión sea automática.

 

Un PPE funciona de forma similar a un plan de pensiones personal y destina el dinero de los partícipes en un fondo de pensiones, que es quien determina la política de inversión de ese capital. Una de las ventajas de los PPE es que combina aportaciones de los trabajadores y de la empresa. Además, ambos reciben incentivos fiscales por invertir. Para el trabajador, el dinero que invierta será deducible en la declaración de la renta, como con un plan individual. Las aportaciones que realice la empresa serán un beneficio adicional a su salario. Para la empresa, las aportaciones que realice a favor de los empleados también son un gasto deducible en el impuesto de sociedades. Actualmente el límite que puedes invertir en un PPE es de 10.000 euros anuales.

En comparación a los planes individuales, los planes de empleo son mucho más baratos en términos de comisiones. En 2019 su comisión media de gestión fue del 0,21% por el 1,06% para los planes individuales según los datos de la Dirección General de Seguros, el organismo encargado de su supervisión.

 

Las contribuciones de la empresa al PPE se consideran una retribución en especie, por lo que tributarán en la declaración de la renta como una renta del trabajo, igual que el salario. Las aportaciones que excedan de los límites de 10.000 euros o un 30% de los rendimientos netos del empleado se podrán reducir de la base imponible en los 5 ejercicios siguientes. Por su parte, las inversiones de los empleados tendrán la misma consideración que las aportaciones a planes de pensiones individuales.

La fiscalidad de los PPE al recuperar el dinero es la misma que la de un plan de pensiones individual. Esto quiere decir que tributarán como un rendimiento del trabajo y que podrás recuperar el dinero en forma de capital, renta o una combinación de ambas.

 

Los PPE no pueden traspasarse a otro plan y mucho menos a uno individual salvo por terminación del PPE.

Si se cambia de empresa, básicamente se mantienen los derechos consolidados pero se pasa a ser un partícipe suspenso. Eso quiere decir que mantiene sus derechos, pero que se suspenden sus aportaciones.

Así, podrá recuperar el dinero del PPE al jubilarse, salvo que el plan permita explícitamente su traspaso a otro PPE. Esta es una cuestión a la que ya están dando vueltas desde el Gobierno. Entre las opciones que utilizan en otros países está adaptar el concepto de la mochila austriaca a las aportaciones a los planes de empresa. De esta forma, al cambiar de empresa te llevaría el ahorro del PPE al PPE de la nueva compañía.

Como ocurre con los fondos de inversión en caso de quiebra de la empresa promotora los partícipes nunca pierden su dinero y ese capital se integrará en otro PPE o en el plan individual que elijas.

 

El Gobierno empieza a preparar el Fondo Público para los PPE

«En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción«. El texto de la disposición adicional cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 concretó una de los compromisos más revolucionarios de todo el proyecto presupuestario.

 

La falta de noticias sobre el proyecto alimenta la desconfianza en este anuncio, pero lo cierto es que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social – principal impulsor de este iniciativa – y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos – a la que le corresponderá el desarrollo de la norma que le dará sustento – ya han comenzado a trabajar en el diseño de la regulación que alumbrará uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno

 

Desde hace unas semanas miembros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la Vicepresidencia económica y representantes de Seguridad Social han constituido un grupo de trabajo con el objetivo de buscar encaje normativo al planteamiento de partida ideado por el departamento que dirige José Luis Escrivá. Por lo que se sabe hasta ahora la Seguridad Social aspira a poner en funcionamiento un ‘macrofondo’ de pensiones de promoción pública, abierto, desde la perspectiva que sea capaz de acoger PPE ya en funcionamiento o nuevos planes que se pongan en marcha; y con comisiones de funcionamiento sensiblemente más bajas que las que existen actualmente en el mercado.

 

La regulación actual no recoge la posibilidad legal de que la Administración General del Estado pueda promover un fondo de planes de pensiones de empleo como tal y el Gobierno está obligado a desarrollar un proyecto de ley para disponer un soporte jurídico que dé cauce a la ambiciosa propuesta del ministro Escrivá. En la información que el Ministerio ha intercambiado con Bruselas a lo largo de los últimos meses se ha perfilado un proyecto de gran alcance, capaz de multiplicar por seis en menos de una década el número de trabajadores adscritos a PPEs desde los dos millones que hay en la actualidad hasta los 13 millones que el ministro se ve capaz de incorporar a la previsión social complementaria a la altura de 2030; y con una dimensión económica que dispararía los alrededor de 35.000 millones de euros el patrimonio invertido en este tipo de planes de pensiones de empresa hasta el entorno de los 100.000 millones.

 

Escrivá ha vendido este ‘macrofondo’ ante las autoridades europeas no sólo como una herramienta útil para impulsar de una vez por todas la previsión social complementaria en España, uno de los países de la UE cuyo sistema de pensiones está bajo mayor presión financiera, sino como un potente instrumento de política económica. En una de las fichas iniciales que el Ministerio intercambió con los técnicos de la Comisión Europea en el proceso de discusión del plan español de reformas el Gobierno presumía de que el fondo aspiraba a convertirse «en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital.

 

Fuentes del sector del ahorro privado aseguran que Bruselas ha mostrado gran interés por la propuesta española y que incluso en las últimas semanas ha contactado con el Ministerio para preguntar por el desarrollo de la iniciativa, cuya hoja de ruta original pasaba por alumbrar un proyecto de ley este mismo año y resolver su tramitación parlamentaria de cara a su puesta en marcha ya en el año 2022.

 

Desde Inverco, la patronal que agrupa a las gestoras de fondos y planes de pensiones, incluso se ha empezado a trabajar ya en una plataforma tecnológica que sirva para canalizar la demanda de PPEs que puede surgir una vez que el Gobierno regule el funcionamiento de su gran fondo de pensiones público.

 

Una de las principales reservas que el sector del ahorro privado tiene respecto al proyecto gubernamental es la intención declarada de dejar la gestión del fondo a una única entidad, pues se se sospecha que concentrar la gestión del ‘macrofondo’ público en una sola entidad puede generar una asimetría en un mercado hoy bastante atomizado y se aboga más por organizar el gran fondo de pensiones públicos en diferentes tramos para hacerlo más operativo y también para garantizar una situación de mayor competencia en el mercado.

 

La otra gran cuestión es la de los incentivos fiscales. El Gobierno ya maniobró en ese sentido en los Presupuestos de 2021 rebajando de forma muy significativa, de 8.000 a 2.000 euros al año, la reducción en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones individuales, al tiempo que elevaba ese umbral hasta los 10.000 euros para las aportaciones de empresas y particulares a planes de empleo. Sin embargo desde el sector del ahorro privado se advierte de que el plan de Escrivá no llegará muy lejos si no se estimula con ayudas fiscales más decididas a las aportaciones de particulares y empresas. La opinión mayoritaria en el sector,  es que el plan tampoco despegará si las aportaciones de trabajadores y empresas no se hacen obligatorias pues la idea inicial de Escrivá es que la adscripción y las aportaciones sean voluntarias.

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