Como en 2025, el Gobierno vuelve a colar la revalorización de 2026 en un paquete con otras medidas
Se reclama que los políticos dejen de jugar con los pensionistas
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La esperada revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7% y de las no contributivas en un 11,4% para 2026 ha sido aprobada este martes en el último Consejo de Ministros del año. Sin embargo, el Gobierno –igual que hizo con la revalorización de 2025– ha incluido este alza de las prestaciones junto a otras medidas que nada tienen que ver, como la prórroga de la prohibición de desahucios o de cortes de suministros para vulnerables o beneficios fiscales para afectados por la DANA. De esta manera, la aprobación de la subida de las pensiones del próximo año, de la que dependen más de 9 millones de pensionistas, está condicionada a que el resto de medidas salgan adelante en el Congreso de aquí a un mes, en un escenario de complicada aritmética parlamentaria.
Sobre el horizonte sobrevuela el fantasma de lo que ocurrió en 2025 con el decreto ómnibus, cuando la revalorización que estaba incluida en esta ley fue tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts y tuvo que aprobarse en un nuevo Real Decreto en febrero con menos medidas. Esto generó un gran revuelo entre asociaciones y movimientos de pensionistas que pedían que se les dejara «fuera de la lucha política» y no se les usara «como moneda de cambio» de los partidos. Finalmente, la revalorización se aprobó in extremis en febrero de 2025 y pudo llegar a tiempo para las primeras nóminas del año. Por eso, y pase lo que pase este próximo año, hay que recordar que la subida está garantizada por ley, aunque sea con carácter retroactivo, por lo que aunque no se sepa cuándo se cobrará exactamente como si fuese aplicable desde 1 de enero de 2026.
En principio, y a pesar de complicada aritmética parlamentaria actual, es difícil pensar que los partidos se opongan a revalorizar las pensiones. Pero, precisamente eso es lo que pasó con la subida del 2025, que el Gobierno colocó junto a otras 79 medidas en el Decreto-ley 9/2024, más conocido como decreto ómnibus, y que acabó tumbado en las Cortes. En concreto, el 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts rechazaron en el Congreso la subida de las pensiones y las ayudas al transporte presentadas por el Gobierno en su macrodecreto, por estar en «desacuerdo por ser demasiado heterogéneo e incluir desde las medidas económicas mencionadas hasta la devolución de un palacete en París al PNV o la prórroga de la moratoria de desahucios». Esto llevó a un ‘enero caliente’ entre los pensionistas ante la incertidumbre sobre su futuro. Las pagas de enero estaban garantizadas, no así las de febrero, cuya subida quedaban en el aire. Finalmente el 13 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una nueva versión del decreto ómnibus, con 29 medidas, tras un acuerdo con Junts y el compromiso de excluir algunas de las medidas más económicas y que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza. Esta vez, el decreto sí logro el apoyo de Junts y del PP, pero no el de Vox, ni de la Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvo.
Ante esta situación de incertidumbre, hay que recordar que la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, establece expresamente que «todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. De esta manera, la subida de las pensiones es imperativa y con efectos retroactivos, recordaban los expertos el año pasado tras la paralización de dicha subida por el no del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus del Gobierno. Para 2026, el alza será aplicable desde el 1 de enero de 2026, aunque sea con efecto retroactivo.
