LOS FONDOS EUROPEOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS REFORMAS EXIGIDAS A ESPAÑA

REFORMA DE LAS PENSIONES: EL MEI

Las autoridades comunitarias podrían mostrar reticencias respecto al polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se introdujo a última hora y sin consenso social en la primera parte de la reforma de las pensiones ya que los empresarios no estuvieron de acuerdo con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) legislado espuriamente a última hora en el Parlamento y que no se incluía en el acuerdo original entre el Gobierno y los agentes sociales.

 

El nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones sustituye al derogado Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que introdujo la reforma de 2013 del Gobierno del PP y que, de haberse puesto en marcha, a partir de 2023 habría ligado la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en la edad legal de jubilación. En su lugar, el ministro José Luis Escrivá sorprendió a todos con el MEI que implica un alza durante 10 años (de 2023 a 2032) de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales para lograr ingresos adicionales que nutran el Fondo de Reserva (“la hucha”) de las pensiones de un colchón que podrá utilizarse de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones afectado por las jubilaciones de los babyboomers.

 

Lo cierto es que el MEI ha sido cuestionado desde distintos ámbitos empresariales y académicos que expresan sus dudas sobre la valoración que pueda hacer la Comisión Europea sobre esta medida y si la considerará verdaderamente efectiva para garantizar la equidad intergeneracional. Recientemente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un informe de que el mecanismo es “insuficiente” y perjudicará sobre todo a los más jóvenes, que tendrán que soportar una mayor carga fiscal. La sustitución del factor de sostenibilidad por el MEI “no contribuye precisamente a mejorar la equidad intergeneracional del sistema de pensiones“, señala el análisis.

 

Haciendo referencia a este y otros informes académicos publicados en las últimas semanas sobre la medida introducida a última hora por Escrivá en la primera parte de la reforma de las pensiones (recordemos que se ‘coló’ en el Congreso a través de una enmienda de ERC y Bildu) se cuestiona el optimismo del Gobierno sobre la valoración que están haciendo las autoridades europeas respecto al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación español y pone en cuarentena el MEI.

 

Lo cierto es que este mecanismo ha preocupado desde el minuto uno a la Comisión, que tras un primer análisis de las reformas del Plan de Recuperación, exigió al Gobierno español una evaluación previa en la que demostrase, con datos, de qué modo el MEI va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario. Un informe que, por cierto, ya ha sido enviado a Bruselas, pero que el Ejecutivo se niega a hacer público en España.

 

Previamente, en febrero de 2020, el Staff Working Document que dedicó la Comisión a España ya constataba que medidas como la vinculación de la cuantía de las pensiones a la inflación y la eliminación del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) introducido en la reforma de 2013 supondrían un importante incremento del gasto a largo plazo. Y no solo eso, sino que al respecto de la equidad intergeneracional, las autoridades europeas también advirtieron del riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, algo que pidieron modular adoptando medidas compensatorias en el marco de una nueva reforma de pensiones estructural.

 

Lo cierto es que la sustitución del FEI por el MEI no era un hito urgente, sino fijado para el 31 de diciembre de 2022. Los sindicatos exigieron introducir este cambio a la mayor celeridad y el ministro accedió, bajo el riesgo poner en peligro los fondos europeos. Aunque la Comisión no prevé abordar formalmente todavía la evaluación de este hito fuentes al tanto de los trabajos que se están desarrollando en Bruselas avanzan que sí se está haciendo una valoración previa de esta medida en el marco de la primera fase de la reforma.

 

 

 

LA REFORMA LABORAL

La norma se aprobó a través del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, más conocido como la nueva reforma laboral. A partir de ese momento, comenzaba a correr un plazo para que el Parlamento convalide este Real Decreto y que termina el 3 de febrero. En un principio, el Ejecutivo daba por hecho que el pacto al que había llegado con los agentes sociales iba a pasar el trámite parlamentario sin problemas, pero no está siendo así. Más bien, todo lo contrario.

 

Sin embargo, ERC, EH Bildu, BNG y la CUP han firmado hoy 27 de enero una declaración conjunta para “la recuperación de derechos de la reforma laboral” en la que detallan las “cuestiones básicas y prioritarias” que, a su juicio y para contar con su apoyo, debería incluir el nuevo marco laboral aprobado por el Gobierno. Un marco laboral que lleva en vigor desde el pasado 30 de diciembre y que el próximo 3 de febrero llegará al Congreso para su convalidación.

 

Los firmantes critican que lo que se llevará al Pleno no constituye una verdadera derogación de la reforma laboral de 2012, a lo que se habían comprometido sistemáticamente desde Podemos, llegando incluso a crear una crisis interna en el seno del Gobierno por los términos en que se definía dicha reforma. Los socios habituales del Ejecutivo valoran los avances para luchar contra la temporalidad y precariedad, pero los consideran “insuficientes” y llaman a “abarcar los aspectos más troncales, que han quedado excluidos de la misma”.

 

Entre ellos proponen cuestiones concretas como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una medida que exige también el PNV, aunque no se encuentre entre los firmantes de la declaración; recuperar la autorización administrativa previa para los ERTE; medidas para atajar la precariedad y limitar estrictamente los descuelgues salariales; recuperar las indemnizaciones por despido improcedente de 45 días por año trabajado; priorizar los convenios sectoriales sobre los de empresa; limitar la posibilidad de que la empresa movilice geográficamente a los empleados y medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con reducción de jornadas o reordenación de las mismas.

 

Los firmantes muestran su “absoluta y sincera voluntad de abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno”, pero anticipan que si no se escuchan sus propuestas se opondrán a la redacción actual de la reforma laboral. En Moncloa, sin embargo, no están dispuestos a variar una coma del acuerdo alcanzado con sindicatos y empresarios, lo que complica esta vía.

 

El Ejecutivo dispone de los 154 escaños que suman PSOE y Unidas Podemos. Ningún otro partido ha oficializado aún su apoyo. Algunos aliados habituales, como EH Bildu, han dado ya su “no” definitivo.

 

Si el Ejecutivo no llega a un acuerdo con los nacionalistas, la fórmula más probable para que la reforma prosperase sería el apoyo de Ciudadanos (nueve diputados), PDecAT (cuatro), Más País (dos) y Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe, todos con uno. Si los dos de Navarra Suma se abstuviesen, como han insinuado, sumarían 174 a favor y solo uno menos en contra (PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y ex diputado de Ciudadanos ahora en el Grupo Mixto). En caso de empate, la votación se puede aplazar. Si la igualada persistiese, la propuesta decae.

 

La importancia de que la reforma laboral sea refrendada o no tiene va más allá de la pelea partidista. Bruselas ya tiene el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar el mercado de trabajo español. Esta era una de las condiciones que exigía para desembolsar una nueva partida de 12.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción. Si no se lograra convalidar la norma o se abriera a incorporar nuevos cambios, la patronal se descolgaría del acuerdo y España incumpliría uno de los requisitos imprescindibles para acceder a esos fondos.

 

En unos pocos día veremos como acaba este nuevo “teatrillo de aficionados” montado para “disfrute” de los ciudadanos más ingenuos de buena voluntad.

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