Una veintena de catedráticos y economistas avisan de que si se retrasan los cambios deberán ser más drásticos e injustos.
“Puede pasar como en Grecia y Portugal, que recortaron las prestaciones el 30%”.
“El sistema de pensiones de reparto necesita una reforma profunda y radical que garantice la sostenibilidad de las prestaciones a largo plazo”. “No se puede pensar en el corto plazo ni en base electoral”. “La digitalización, el envejecimiento de la población y la cada vez menor productividad amenazan al sistema, que requiere reformas urgentes y profundas”. “Cuanto más tarde se introduzcan los cambios, deberán ser más drásticos e injustos, y afectarán cada vez más a trabajadores a punto de jubilarse, sin margen de maniobra. Se puede llegar al extremo de Grecia y Portugal, dónde las prestaciones de jubilación se redujeron entre el 20% y el 30%”.
Estas meditadas y documentadas afirmaciones y con un alto componente pesimista forman parte de un extenso estudio patrocinado por Cajamar que suscriben 22 investigadores, profesores universitarios, sociólogos y economistas y que han sido coordinados por José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad de Madrid, doctor de Economía por la Carlos III, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos que preside la ministra Nadia Calviño. Las conclusiones de su trabajo contrastan con el exceso de optimismo que desbordan las declaraciones sobre el futuro de las pensiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las del Pacto de Toledo.
Ángel de la Fuente, Mercedes Ayuso, Enrique Devesa, Rafael Doménech, Juan F. Jiménez, Clara I. González y José Antonio Herce son algunos de los expertos que firman los 15 artículos recogidos en el informe, cuyo objetivo, según reconocen, es dar contenido académico a los retos que de ahora en adelante se enfrenta el sistema público de pensiones y buscar el consenso necesario para adaptarlo a la nueva realidad demográfica. Conde-Ruiz destaca en su introducción que la pandemia del coronavirus y su efecto en la economía, que ha supuesto la mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) en tiempos de paz, hacen más urgente que nunca una profunda reforma de las pensiones.
Para Conde-Ruiz, será necesario transformar el actual sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, que implicaría una pensión inicial menos generosa que la actual. Junto a esto, defiende que las pensiones actuales queden igual para evitar la injusticia que supondría modificarlas para los jubilados que están ahora en el sistema y porque es necesario un consenso político para lograr la reforma, en un contexto en el que los pensionistas son un activo electoral muy importante y lo serán cada vez más. En cuanto al Pacto de Toledo, destaca que ha hecho la mitad de los deberes, garantizando la revalorización de las pensiones, pero no su sostenibilidad.
“El gran problema del Pacto de Toledo es que allí no están las generaciones del futuro, que deberán enfrentarse a una deuda del 120% del PIB y a un sistema deficitario… Si analizamos sus recomendaciones vemos que solo se han puesto de acuerdo en lo fácil, pensando en el corto plazo… Sin apenas explicación, han renunciado a aplicar un factor de sostenibilidad, incorporado en los sistemas de un buen número de países europeos”, aclara el catedrático y coordinador del estudio.
En una línea parecida se manifiestan De la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, que destacan en su artículo que el Pacto de Toledo y el Gobierno comparten un “diagnóstico francamente optimista e intencionadamente tranquilizador. Tanto la Comisión del Congreso como el Ejecutivo admiten que habrá un incremento de gasto, pero que será asumible sin grandes dificultades” y avisan de que “el envejecimiento y la indexación de la subida de las pensiones al IPC hacen dudar que las medidas para acercar la edad legal de jubilación serán insuficientes y hará necesario recurrir a un incremento muy notable de la presión fiscal sobre algunos trabajadores”.
Por su parte, Devesa y Doménech apuestan por introducir un sistema de cuentas nocionales individual similar al sueco, que ha sido determinante para garantizar las prestaciones en ese país y se ha mostrado claramente efectivo. El sistema, en el que se han fijado ya otras naciones, consiste en la creación de una cuenta virtual para el trabajador a través de la que se calcula todas las contribuciones a la Seguridad Social a través de las cotizaciones y en la que más se aporta, más se recibe. Es flexible con la edad de jubilación, pero se incentiva el retiro tardío.
Mientras Herce, sobre la base de que los 65 años fijados hace un siglo para pagar las pensiones están muy lejos de la esperanza de vida media, insta a realizar los ajustes necesarios para compatibilizar la mayor longevidad con unas pensiones justas y sostenibles. El economista apunta como una de las soluciones un sistema mixto en dos etapas, que se nutriría de cotizaciones y de aportaciones a un fondo de empleo obligatorio. El trabajador decide cuando abandona la actividad laboral y empieza a cobrar desde ese momento la renta procedente del sistema de empleo. Posteriormente, cuando llega a una edad vinculada a la esperanza de vida, empieza a cobrar la renta vitalicia de la Seguridad Social.
Fuente: La Información
