El Pacto de Toledo no ha recibido expertos independientes en esta Legislatura
El pasado 30 de marzo, el Gobierno logró sacar adelante en el Pleno del Congreso de los Diputados el real decreto-ley con el que pone el colofón a su reforma de las pensiones. Para lograr el apoyo de sus socios parlamentarios, tuvo que ceder y tramitarlo como proyecto de Ley. Estos días, los diputados de todos los grupos parlamentario preparan sus enmiendas al texto, pero se están encontrado con un problema: los cálculos y justificaciones que les ha suministrado el departamento de José Luis Escrivá en la memoria económica que acompaña al texto. La norma ha sido apoyada por los sindicatos, con lo cual desactiva el riesgo de una respuesta en la calle, al tiempo que avala una subida del 8,5% de las pensiones en pleno año electoral.
Y, sin embargo, nunca las cifras aportadas para justificar una reforma de este calado ha sido tan cuestionada por los economistas de organismos públicos como privados. Ni el Banco de España, donde Escrivá inició su trayectoria profesional, ni la AIReF, organismo del que fue el primer presidente en 2014 y ni siquiera al servicio de Estudios de BBVA, que dirigió entre 2004 y 2010.
Trámites parlamentarios a ciegas
Estas han advertido reiteradamente de las dudas sobre las cifras esgrimidas por el ministro. Pero el debate llega ahora al Congreso y al Senado y afecta de lleno a la información que reciben los parlamentarios a la hora de votar las normas y presentar sus enmiendas. Las explicaciones de cómo ha tomado el Gobierno su decisión presentan «serias deficiencias» y los cálculos son «poco plausibles». Esto supone que los diputados y senadores han discutido y aprobado una «importantísima reforma» sin disponer de los elementos necesarios «para valorar su impacto presupuestario de una forma fiable».
El Gobierno tiene la obligación de presentar una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que incluye también un análisis del efecto presupuestario y económico de cada norma aprobada. Las leyes de Seguridad Social no solo no son una excepción, sino que deberían cumplir esta exigencia con una mayor exhaustividad, incluso en el caso de documentos abreviados como el que acompaña a los reales decretos ley. En el caso del decreto aprobado el 30 de marzo y que actualmente se tramita como proyecto de ley, el análisis de impacto económico y presupuestario apenas llega a 40 páginas. Lo cierto es que las memorias técnicas y económicas de las leyes se han convertido en muchos casos en puros trámites formales que se solventan a posteriori, con el núcleo del proyecto ya redactado, y que rara vez sirven, por tanto, como filtros para descartar proyectos de baja calidad o para mejorar su diseño.
Devolver la ley al Gobierno
El problema no solo se refiere a la votación inicial en Pleno, sino que también afecta de lleno a la redacción y elaboración de enmiendas que, en muchos casos tienen un impacto económico. E incluso el Gobierno puede vetarlas si suponen incremento de ingresos o minoración de ingresos.
En el caso particular de las reformas de pensiones la falta de datos es aún más sangrante porque se supone que los grupos parlamentarios, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, sí suelen recibir y escuchar periódicamente a expertos que ofrecen a análisis alternativos a los del Gobierno. Pero esto se produce en el marco de la elaboración del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, que se aprueba cada cinco años: la última a finales de 2020. Con ello, las únicas comparecencias que ha recibido el órgano parlamentario de mayor relevancia en materia de pensiones han sido las del propio ministro, y a veces con lapsos de hasta seis meses entre unas y otras.
La nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas debería tener la capacidad de filtrar las memorias técnicas de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica y si estos no se cumplen, podría llegarse a «devolver» la norma al Ministerio para que revise la memoria y el propio proyecto legislativo.
Fuente: El Economista
