El diagnóstico sobre la crisis de vivienda está claro: no se puede culpar de los altos precios a los propietarios. De hecho, son ellos la solución al problema.
Entre los jóvenes menores de 40 no ha comprado casi nadie casa, Se recomienda no llegar a la jubilación sin una casa en propiedad porque “a saber si te renuevan el contrato” dada la reducción de oferta . Es claro que cuanta más oferta hay, menos suben los precios
Con la vivienda hay un relato que ha construido la izquierda populista y que se ha impuesto. No hay que hacer oferta de vivienda porque la oferta llevó a una crisis de vivienda brutal en 2008. Lo que pasó entre 2001 y 2007 es que la oferta de vivienda aumentó muchísimo, pero la demanda lo hizo más porque los bancos enloquecieron y le prestaron a quien no debían prestarle. A partir de ahí, en la sociedad española se creó la necesidad de construir más viviendas. Año 2006, número de viviendas que se inician: 725.000, año 2013, 33.000. pero la población siguió creciendo pues cada vez llegaban más personas del extranjero, unas para vivir en España porque les parecía un magnífico lugar para retirarse o para trabajar. Nos llegan 500.000 inmigrantes todos los años. El mercado de alquiler en volumen no va a disminuir. Lo que va a disminuir y ya ha disminuido por las medidas del Gobierno la oferta.
Entre 30 y 44 años, el número de personas que tenía una vivienda en propiedad estaba en el 75% en el en el 2007. En el 2023. se sitúa en el 57%. En 2007, entre los 16-29 años estaban independizados el 59%. En 2023, el 29%. Es decir, entre los jóvenes menores de 40 no ha comprado casi nadie vivienda. pero que hay un millón y medio de hogares deseando adquirir con buenas condiciones en los próximos años y otro millón que quiere comprar aunque ls condiciones sean malas. Pero apenas se construye vivienda de protección oficial. Con los precios del alquiler por las nubes, sale más rentable pagar una hipoteca que el alquiler. Pero la Administración pública no quiere hacer vivienda de protección oficial, en 2023 -último dato viviendas de protección oficial de alquiler- solo se iniciaron 4.200.
Objetivo: fastidiar a los propietarios
La inmensa mayor parte del mercado residencial en España está en manos de propietarios pequeños, de gente que tiene una, dos, tres viviendas y que la mayor parte de estas viviendas las ha heredado.
El control de alquileres no es la panacea. En España el control de alquileres ya lo tuvimos durante 65 años. En el siglo XX, del 1920 a 1985 Un control de alquileres hace que el propietario no le interese tener una vivienda en alquiler y, por lo tanto, la venda reduciendo así la oferta de alquiler. Además el propietario no se va a gastar un euro en la rehabilitación y conservación de esa vivienda. Ahora lo que sucede es que nos encontramos con que hay más demanda de alquiler que oferta. Se escoge como inquilino al que más puede pagar, porque, sobre todo, lo que quiere un propietario es que la persona a la que le alquila la vivienda tenga el dinero suficiente para ir pagando regularmente. Se excluye con el control de alquileres a la gente más humilde, a los inmigrantes recién llegados, a los que más necesitan la ayuda de la Administración.
El relato de la izquierda es “yo ayudo a la gente más humilde”. No es verdad, se les perjudica. El precio del alquiler no baja. En Cataluña, cuando dicen que el control de precios ha bajado el precio del alquiler, un 5% mienten descaradamente por la sencilla razón de que con la Ley de Vivienda, el control de alquileres no está programado para bajar los precios está programado para que el precio suba menos que la inflación para todos aquellos que son pequeños tenedores, que son la inmensa mayoría.
Y hay una segunda medida absolutamente devastadora que ya se aplica en toda España: que una persona que cobra 1.800 euros sea declarada vulnerable. Los dos salarios más frecuentes en España uno está alrededor de 1.250 euros y el otro está alrededor de 1450 euros brutos. Si se es declarado, vulnerable, cualquier desahucio por impago se para. Y el propietario es muy probable que tenga que pasar bastante tiempo sin cobrar nada, pero además obligado a pagarle el consumo de agua, gas y electricidad si esos consumos están a nombre del propietario y no del inquilino. Esto genera lo que se llama pánico inmobiliario en el propietario. Y no se aumenta la oferta, si acaso se reduce. Una parte de la población va a infraviviendas o situaciones indeseables en materia de vivienda
Una parte de la población cambia el alquiler por la propiedad. Van a ahorrarse dinero por la sencilla razón de que en España en la actualidad para un mismo edificio en las 52 capitales de provincia está más barato pagar la cuota hipotecaria que el alquiler, pero no hay una elevado oferta de vivienda nueva, este año, como mucho se iniciarán 170.000 viviendas nuevas, cuando el mercado por demanda llegaría a absorber 400.000. La gente no puede comprar vivienda nueva y se va la vivienda usada. Hay una sobredemanda bestial.
¿Las viviendas turísticas afectan a la crisis de vivienda?
En Barcelona en 2015 había 10.408 viviendas de uso turístico con licencia. Años después, en 2023, 9.800. una disminución de 600. Pero el precio del alquiler en Barcelona durante los años de Colau ha subido alrededor del 70%. ¿Son culpables de esa subida las viviendas de uso turístico?. Algunos piden que de aquí unos años se van a prohibir todas las viviendas turísticas, pero hay unos señores que tienen una licencia de vivienda de uso turístico. Esa licencia es indefinida. Y si hay alguien desde la administración que le dice que no, que ahora eso ya no es válido, pues ellos van a recurrir a los tribunales y van a pedir una indemnización por lucro cesante. Y además, los que son propietarios de viviendas de turístico no las pondrán en alquiler convencional dada su tipología y ubicación.
Según la izquierda populista los extranjeros tienen que viajar menos a España. Ahora bien, ellos van a continuar viajando al extranjero. Ellos molestan en otros países. Pero que aquí que no venga nadie. Hipocresía, doble moral y la izquierda dice que los únicos que tienen que viajar son los que tengan pasta.
Los culpables de la crisis de la vivienda?
Culpables son todos los partidos políticos. Básicamente está el hecho de que PP y PSOE no tienen ninguna política de vivienda y han aceptado que las barbaridades en materia de vivienda que ha propuesto la izquierda populista y que han influido en el mercado. Había que haber permitido que los bancos financiaran la compra de suelo por parte de promotores. Haber hecho mucha más vivienda de protección oficial de alquiler por parte de las administraciones. Nada de eso se ha hecho aquí. Esto era absolutamente previsible en el momento que la economía española fuera bien y el alquiler se disparara, nos encontraríamos con un problema bárbaro de acceso por parte de algunas personas al alquiler y el traslado de una parte de esa demanda a la compra y la explosión de precios en ambos mercados: una crisis espectacular de precios en el sentido de que en este momento tanto como el alquiler como el de venta está en subida libre.
La propuesta de la izquierda populista: el fin de la propiedad y las cooperativas con cesión de uso
La política de vivienda de este Gobierno es descriptible: ataque al propietario, trabas y rebaja de rentabilidad a la construcción; eliminación de la seguridad jurídica de constructores y propietarios; generación de más carga fiscal para todos ellos; disparo de la carga burocrática para edificar y desprotección frente a los okupas. El resultado era previsible: menos oferta en venta y alquiler, mayores precios en ambos mercados y, para colmo, pánico de los propietarios e inversores por la desprotección al que actúa de forma correcta y legal. Pues bien, ahora llega la supuesta solución de Yolanda Díaz: un modelo semisoviético basado en la renuncia a la propiedad para pasar a ser poseedores de un derecho de uso de una cooperativa. Pública, claro está.
«Es urgente adaptar el marco jurídico para desarrollar políticas públicas que incluyan este modelo y para regularlo y blindar su interés general de forma permanente, eliminar las barreras que dificultan la creación y gestión de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. Esto incluye la simplificación de trámites administrativos, la clarificación de la normativa urbanística y la creación de un estatuto jurídico específico para este tipo de entidades», dicen en Sumar.
«Es importante desarrollar una línea de ayudas en crédito y financiación que facilite el acceso a este modelo con las aportaciones iniciales y reduzca la barrera que esto supone para muchas personas que podrían y querrían apostar por este modelo de viviendas de propiedad colectiva y vida colaborativa», añaden, una especie de comuna donde no queda claro que cuota o tipo de propiedad se tiene sobre el inmuebles. «En definitiva, se busca consolidar y expandir un modelo de vivienda que prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro individual, promueve la participación ciudadana y contribuye a la construcción de ciudades más justas y sostenibles. Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso representan una alternativa real y viable a la crisis de vivienda, y es responsabilidad de las instituciones públicas apoyar y facilitar su desarrollo» explica Sumar.
Por todo ello, Sumar quiere «modificar la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente, en elementos clave como evitar la adjudicación del dominio pleno o el derecho de superficie, u otro derecho real a las personas socias, permitir la transmisión de los inmuebles sólo a cooperativas de la misma subclase y regular las aportaciones sociales de manera acorde a los principios de coste y no especulación». Por lo tanto, no hay una propiedad libre.
También quieren «realizar los traspasos de fondos necesarios, a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso y planificar políticas públicas acorde a este modelo» y «modificar la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, para considerar las cooperativas en cesión de uso especialmente protegidas, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas o alojamientos de manera indefinida, sin enajenar la propiedad o adjudicarla a sus socios y socias». Una vez más se confirma que no se adquiere la plena propiedad. Tan sólo un derecho de uso.
Sumar reclama igualmente «impulsar bonificaciones fiscales en la tributación local (IBI e ICIO), en colaboración con los entes locales correspondientes, para el desarrollo de otras políticas públicas en el ámbito local que dé apoyo al modelo» e «impulsar y promover la implementación de instrumentos de captación y gestión de suelo y patrimonio con una dimensión público-comunitaria que permitan, a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, aumentar la vivienda cooperativa en cesión de uso y el parque de vivienda social y asequible de forma similar a las experiencias de Community Land Trust, existentes en otros países«. De ese modo, el suelo iría destinado sólo a esta opción, encareciendo el resto de viviendas: las libres, aquellas en las que pagas para tenerla en propiedad y poder venderla o trasladarla a los hijos en forma de herencia.
Sumar añade «fomentar la cesión de los derechos de superficie de suelo público por parte de las diferentes administraciones públicas, para que cada una dentro de sus competencias, aporten para incentivar este tipo de viviendas definidas según los estándares normativos». Y, por último, «reconocer y promover la vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores con servicios y espacios compartidos (o co-vivienda sénior) en el marco de la estrategia de desinstitucionalización a nivel estatal, así como también aquellos proyectos dirigidos a otros colectivos con necesidades específicas como personas con discapacidad».
