1.- CONVOCAR UNA HUELGA GENERAL (NO POR MOTIVOS LABORALES) EN CONTRA DE LA OPOSIÓN (SEGÚN DECLARACIONES DEL PROPIO PSOE) UNA HUELGA DE ESTE TIPO CORRE EL RIESGO PUEDE LEERSE COMO UN ACTO MÁS DE CAMPAÑA SIN OBJETO NI RECEPTOR REAL
2.- ACUDIR, EN FRAUDE LEY, A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO PARA APROBAR DECRETOS YA RECHAZADOS POR EL PROPIO PLENO DEL CONCRESO
3.- AUXILIO SOCIAL DEL GOBIERNO. CASI LA MITAD DEL CENSO ELECTORAL RECIBE DINERO DE LAS ARCAS DEL ESTADO
España afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con 38,73 millones de electores, 1,26 millones más que en los comicios de julio de 2023, y un volumen de pensiones, subsidios y nóminas públicas que se aproxima a los 18 millones de registros. Los últimos datos de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Imserso permiten cuantificar en 17,9 millones la suma de pensionistas contributivos, pensiones no contributivas, Clases Pasivas, empleados públicos, beneficiarios del desempleo y adultos cubiertos por el ingreso mínimo vital (IMV). Esta cantidad equivale al 46,3% del censo electoral.
Según los datos publicados por el INE, 35.958.711 electores residen en España y otros 2.769.645 en el extranjero. Más de 1,6 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unas generales al haber alcanzado la mayoría de edad desde aquella convocatoria. La evolución del censo coincide con el crecimiento de las pensiones y del empleo público, dos de los principales componentes de las rentas financiadas por las administraciones.
El cálculo, realizado parte de las estadísticas correspondientes a agosto y septiembre de 2026, salvo el empleo público, cuya referencia es el segundo trimestre del año. No incluye las rentas mínimas gestionadas por las comunidades autónomas ni las ayudas por dependencia. Del ingreso mínimo vital se han descontado 1.114.184 menores de edad, aunque otras categorías, especialmente las pensiones de orfandad, todavía incluyen algunos beneficiarios menores de 18 años. Tampoco equivale a 17,9 millones de personas diferentes, porque determinadas prestaciones pueden ser compatibles entre sí y las fuentes administrativas no permiten eliminar todas las coincidencias.
Récord de pensiones y gasto
El principal componente corresponde a las pensiones contributivas de la Seguridad Social. A 1 de septiembre de 2026 había 9.537.978 pensionistas, según la estadística oficial. El sistema abonó ese mes 10.547.417 pensiones, una diferencia que responde fundamentalmente a quienes perciben más de una prestación. De hecho, la propia Seguridad Social contabiliza 1.004.207 personas con varias pensiones contributivas.
La nómina mensual alcanzó los 14.498,2 millones de euros y la pensión media del sistema se situó en 1.374,6 euros, un 4,6% más que un año antes. Las prestaciones incluyen jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares. El envejecimiento de la población y las nuevas incorporaciones a la jubilación mantienen las pensiones como uno de los capítulos de mayor peso del gasto público.
Casi 470.000 pensiones no contributivas
El tercer bloque lo constituyen las pensiones no contributivas, destinadas a personas que cumplen los requisitos de edad o discapacidad y carecen de recursos suficientes, aunque no hayan cotizado lo necesario para acceder a una prestación contributiva. Los documentos del Imserso correspondientes a septiembre de 2026 registran 306.109 pensiones no contributivas de jubilación y 163.600 de incapacidad, lo que supone un total de 469.709. La modalidad de jubilación ha crecido desde las 261.044 pensiones contabilizadas en 2019, mientras que su importe medio mensual alcanzó los 617,61 euros en septiembre de este año.
El conjunto de estas tres categorías sitúa el volumen de pensionistas y pensiones no contributivas contabilizados en más de 10,7 millones, antes de considerar las posibles coincidencias entre regímenes. No se trata únicamente de jubilados: las cifras incluyen también personas que reciben prestaciones por incapacidad, viudedad y otras contingencias reconocidas legalmente.
El segundo gran componente de la suma corresponde al empleo público. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2026 contabiliza 3.646.900 asalariados del sector público, entre administraciones, organismos y entidades comprendidas en su clasificación estadística. La cifra abarca los distintos niveles territoriales y actividades como educación, sanidad, seguridad y administración general.
Prestaciones de desempleo
Estas nóminas tienen una naturaleza diferente de las pensiones o los subsidios: remuneran trabajo efectivo y no constituyen prestaciones asistenciales. Su inclusión responde al propósito de medir conjuntamente las principales retribuciones y transferencias periódicas vinculadas al sector público, sin equiparar la situación económica de quienes las reciben.
Las prestaciones por desempleo aportan otro bloque de 1.896.142 beneficiarios, según los datos del SEPE correspondientes a agosto de 2026. La cifra incluye las modalidades contributivas y asistenciales del sistema de protección por desempleo. En ese mes, la tasa de cobertura alcanzó el 87,12%, mientras que la inversión media mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.203,1 euros.
La comparación con el peor momento de la crisis financiera revela un cambio significativo en la composición de las rentas públicas. En 2013, cuando España llegó a superar los seis millones de desempleados, había 8,26 millones de pensionistas contributivos y 2,85 millones de empleados públicos. Trece años después, ambos colectivos suman 13,18 millones, 2,08 millones más. El aumento supera ampliamente la reducción de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que han pasado de una media de 2,87 millones en 2013 a 1,90 millones en agosto de 2026. Solo estas tres categorías arrojan ahora un saldo conjunto superior en 1,1 millones de registros respecto a aquella etapa.
900.000 hogares con ingreso mínimo
Por último, el ingreso mínimo vital cubría en septiembre a 2.761.686 personas integradas en 905.792 hogares. De ellas, 1.114.184 eran menores de edad. Al descontarlos, el colectivo adulto incluido en esas unidades de convivencia asciende a 1.647.502 personas. Esta última cantidad representa adultos protegidos por la prestación, no necesariamente titulares individuales de un pago.
El IMV presenta además una particularidad relevante para cualquier recuento conjunto: puede ser compatible, dentro de los límites legales, con determinados ingresos laborales, pensiones o prestaciones por desempleo. Por tanto, una misma persona puede aparecer en más de una estadística. También existen supuestos de compatibilidad entre pensiones de diferentes regímenes y entre ayudas estatales y autonómicas.
