EL AGUJERO DE LAS PENSIONES SE AGRANDA: EL GOBIERNO DUPLICA LAS TRANSFERENCIAS DESDE 2023
Desde 2023 las transferencias no han dejado de crecer y ya suponen un coste de 9.815 millones de euros sólo en los tres primeros meses del año.
En Libre Mercado hemos hablado en numerosos artículos a lo largo de mucho tiempo sobre el problema de solvencia que tienen las pensiones públicas, donde los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir todos aquellos gastos que se han de llevar a cabo para poder pagar todas las pensiones. Esta diferencia entre los ingresos y los gastos hace que el Estado transfiera cada vez más recursos a pagar unas pensiones crecientes, tanto en número de pensionistas como en cuantía de las pensiones. Desde el propio Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se intentan escudar en que la llamada «hucha de las pensiones» cada vez crece más, aunque este crecimiento no se debe a que los ingresos por cotizaciones cada vez sean mayores que los gastos, sino a que el propio Estado cada vez transfiere una mayor cantidad de dinero a la Seguridad Social. Si acudimos a los distintos informes de Ejecución Presupuestaria que elabora el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, veremos que las transferencias del Estado a la Seguridad Social son cada vez mayores, habiéndose incrementado sustancialmente desde el año 2023.
Como podemos ver, las transferencias del Estado a la Seguridad Social entre los años 2018 y 2023 se mantuvieron más o menos estables, con años en los que subían y otros en los que bajaban. No obstante, desde 2023 (4.954 millones de euros) las transferencias no han dejado de crecer y ya suponen un coste de 9.815 millones de euros sólo en los tres primeros meses del año. Esto representa un aumento de casi el doble respecto a 2023 y un crecimiento del 11,85% con respecto al primer trimestre de 2025, cuando las transferencias fueron de 8.775 millones de euros. Estos datos desmontan cualquier narrativa que sostenga que la Seguridad Social goza de perfecta salud financiera. Ya no se trata sólo de que el Estado transfiera recursos al sistema de pensiones (lo que de por sí indica que los ingresos no cubren los gastos), sino del hecho de que dichas transferencias sean cada vez mayores y de que, en el primer trimestre de 2026, se haya duplicado la cifra del primer trimestre de 2023.
EL FMI CUESTIONA EL PAGO DE PENSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL ESTADO Y LA SUBIDA DE COTIZACIONES
La organización sugiere ampliar los años sobre los que se calcula la pensión
Reclama cambiar el ajuste automático en el MEI de la cláusula de cierre
El Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe sobre España en el que volvió a señalar la presión del gasto asociado al envejecimiento y en concreto, a las pensiones, como uno de los aspectos a abordar en la reducción del gasto público que entiende que el país tiene que poner en marcha. La organización llama la atención sobre las transferencias del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones y reclama medidas que vayan en la dirección contraria a la última reforma de pensiones.
El documento publicado por el brazo financiero de la ONU, exige un debate «público, informado y transparente» sobre el dinero que el Estado inyecta al órgano encargado de pagar las nóminas de los jubilados cada año, que prácticamente se ha duplicado desde 2019 hasta suponer cerca de un 3% del PIB el año pasado. Como contó elEconomista.es, en 2025 se transfirieron 48.000 millones de euros, en un contexto de récord de ingresos por cotizaciones, para hacer frente a un desembolso sin precedentes para cubrir las pensiones.
El sistema prevé que una parte del gasto en pensiones se pague con lo recaudado a través de impuestos, no obstante, la idea era asumir el abono de las pensiones no contributivas, en tanto que suponen una ayuda asistencial. Si bien, los ingresos obtenidos por la Seguridad Social por cotizaciones a lo largo de 2025 no alcanzaban a pagar las nóminas de aquellos que sí hicieron aportaciones durante un número de años suficiente para tener derecho a una pensión pública. Este «descubierto» superó los 5.000 millones.
No obstante, el FMI se muestra disconforme con el propio diseño de la reforma de pensiones y pone en cuestión su pilar central, la cláusula de cierre en la que se prevé un ajuste automático a través de las cotizaciones sociales si se detecta que el gasto neto en pensiones entre 2022 y 2025 puede superar el 15% del PIB.
«La propia cláusula de salvaguardia debería replantearse para facilitar este debate» señala en alusión a la reflexión sobre las transferencias del Estado a pensiones. El organismo critica que la referencia al gasto neto pactada con Bruselas es «arbitraria» y demanda usar un criterio de sostenibilidad claro, que refleje la brecha entre ingresos y gastos en vez de restar al gasto bruto en pensiones el «impacto de las medidas de ingresos», como se hace ahora.
Este órgano también pone en cuestión la solución de fondo. La ley de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 bajo la tutela de José Luis Escrivá -el actual gobernador del Banco de España- establece que si el análisis trianual de la AIReF alerta sobre una desviación del gasto neto, el Gobierno tendrá que iniciar una mesa de negociación con los sindicatos y las patronales para acordar nuevas medidas que permitan compensarlo.
En el caso de no poder alcanzar un acuerdo, se pensó que el ajuste se realizaría de forma automática a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización extraordinaria que abonan actualmente todas las nóminas y que está previsto que aumente una décima al año hasta 2029, cuando supondrá un 1,2% del salario bruto.
Frente a este esquema, el FMI apuesta por adoptar medidas «alternativas al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social» para hacer frente al aumento del gasto en pensiones. Al tiempo que se posiciona a favor de ampliar los años que se tienen en cuenta para el cálculo del importe de la pensión «para ajustarlo mejor a sus ingresos medios a lo largo de su vida laboral, como ocurre en la mayoría de economías avanzadas» señala el informe.
A partir de 2026 se usarán los 27 mejores años (en términos de salario) de los últimos 29 para hacer la estimación, aunque inicialmente el Gobierno propuso ampliarlo de los 25 aplicados actualmente a 30. En anteriores análisis, el FMI ya se mostró partidario de retrasar la edad de acceso a la jubilación en función de la esperanza de vida del país, que no deja de crecer desde 2021.
FUENTE: El FMI cuestiona el pago de pensiones con transferencias del Estado y la subida de cotizaciones
