Han asistido Elisa Chuliá, profesora titular de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas; Inmaculada Domínguez, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura; Román Escolano, profesor de CUNEF, senior advisor del Área de Contexto Económico de Llorente y Cuenca y ex ministro de Economía, Industria y Competitividad, a. Además, ha contado con la participación de Valeriano Gómez, consejero de Relaciones Institucionales de Foment de Treball y ex ministro de Trabajo e Inmigración, para la clausura del evento, así como del presidente de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre.
Los expertos auguran que la próxima reforma de pensiones exigirá «cesiones» de trabajadores y jubilados
En 1993, el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hizo unas declaraciones públicas diciendo a los jóvenes que empezaran a pensar seriamente en ahorrar para pensiones privadas porque hacia los años 2020 o 2025, las cuantías de las prestaciones públicas no podrían mantenerse en tasas superiores al 80% del último salario del pensionista. Fue ampliamente criticado y hasta el presidente del Gobierno del momento, Felipe González, tuvo que salir públicamente a respaldarle.
Lo ha recordado hoy la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, ELISA CHULIÁ, para explicar que Solbes y González se limitaron a hacer públicas las cifras que conocían y es que a mediados de la presente década desembarcarán en el sistema de pensiones la generación del baby boom, más numerosa y con mejores carreras de cotización y que vivirán más años, lo que hará tambalear aún más la ya maltrecha sostenibilidad de la Seguridad Social.
Esta experta demógrafa ha considerado que los poderes públicos y las instituciones han cometido el error de presentar el envejecimiento de la población como un logro, por el «control de la mortalidad que supone», sino muy al contrario, haberlo presentado asociado a pérdida de calidad de vida. La rectificación de este mensaje, allanaría en su opinión, la mejor aceptación de la sociedad a las reformas que son ahora necesarias para hacer financieramente sostenible el sistema.
INMACULADA DOMÍNGUEZ, profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura tiene claro que «o todos cedemos en algo o no habrá una solución». Según su análisis todos los agentes implicados deberán «ceder para poder ganar». El primero el colectivo de los expertos y académicos que, en su opinión tendrán que admitir que en materia de pensiones «el papel lo aguanta todo pero quizás la sociedad no esté preparada para sus recetas»; los políticos deberán asumir el coste electoral de las decisiones que tengan que tomar; las entidades financieras deberán adaptar sus productos; los cotizantes aumentar algo su esfuerzo y los pensionistas «tendrán que dejar de pedir y pedir si pensar en las consecuencias».
En este escenario de mayor longevidad y dificultades financieras del sistema de pensiones, el profesor de CUNEF y exministro de Economía del último Gobierno de Mariano Rajoy, ROMÁN ESCOLANO, que también participó en este encuentro, se centró en otro tipo de cesión: la que hace toda la sociedad por una menor inversión pública derivada de esta situación. «Una economía que no invierte porque tiene que pagar sus gastos corrientes (entre ellos las pensiones) y en lugar de destinar dinero del pasado al futuro lo hace al revés y destina dinero del futuro al pasado, se está comiendo su propia capacidad de crecimiento», ha sentenciado.
Ante esto, Escolano sugirió que las reformas más efectivas y probablemente más aceptadas para financiar un incremento del gasto en pensiones de tres puntos hasta 2024, serán, siempre y cuando se mantengan las reformas y mejore la creación de empleo, tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión y retrasar la edad de jubilación. Escolano alerta de la disminución de la inversión pública para pagar las pensiones, porque eso llevará a España a «comerse su propia capacidad de crecimiento»
El Banco de España pide al sector financiero que potencie el ahorro para la jubilación ya que el sector tiene una «responsabilidad». Así lo ha explicado ÓSCAR ARCE, director general de Economía y Estadística del Banco de España,
El Banco de España pide retrasar la edad de jubilación como en Italia o Portugal
Señala que «es buen momento» para acometer distintas reformas que tendrán que afectar a «varias palancas»
El Banco de España defiende que para poder garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones va a ser necesario «tocar varias palancas», como por ejemplo retrasar la edad de jubilación y ligarla a la esperanza de vida, como han hecho en los países nórdicos o en otros mediterráneos como Italia o Portugal.
El Banco de España contempla una subida de impuestos para pagar las pensiones
La ‘mochila austriaca’ que promete Sánchez para 2020 tardó seis años en gestarse en Austria
«¿Tiene sentido trabajar algo más cuando vivimos más? Posiblemente sí. Sé que es doloroso y no gusta escucharlo pero este sistema se creó cuando se vivía una década más desde que te jubilabas y ahora se viven dos o tres», ha señalado
El experto ha explicado que dado que ahora con lo que se cotiza en la vida laboral se ‘mantiene’ a los pensionistas a veces durante treinta años, «o eres tremendamente productivo en tu trabajo, algo que no estamos viendo, o no es descartable ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, algo que se ha hecho en países que vemos como modelos como los países nórdicos y también en latitudes como Italia o Portugal».
Arce ha recordado que en el Banco de España no tienen «ninguna fórmula favorita», sino que creen que es necesario acometer cambios en varias palancas. «Es buen momento para hacerlo», afirma.
«Hemos pasado de un superávit de más del 1% antes de la crisis a tener ahora un déficit en la Seguridad Social de en torno al 1,5% del PIB. Hay varios motivos detrás de esto, algunos tienen que ver con la demografía. Lo que más ha aumentado es el gasto, por el aumento de número de pensiones y porque las pensiones son más altas», ha explicado.
Arce ha explicado que «se dan buenas circunstancias para que el sector financiero desarrolle productos financieros responsables y competitivos y que se comercialicen adecuadamente respetando los conocimientos de los clientes». Además, ha añadido que esos productos se tienen que ofrecer en condiciones «competitivas y deben ser atractivos» para los hogares con el objetivo de transformar el «ahorro en vivienda en activos más líquidos que nos permiten sufragar los gastos cotidianos»
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MARÍA FRANCISCA GÓMEZ JOVER, subdirectora general de organización, estudios y previsión social complementaria del Ministerio de Economía y Empresa, ha señalado que, si bien el aumento de la longevidad es una buena noticia, requiere adaptaciones. En este sentido, ha destacado el papel de la previsión complementaria (planes de empleo o similares y aportaciones individuales), que suma 160.000 millones pero donde los derechos consolidados medios por partícipe son de 17.000 euros (en sistemas colectivos) y 10.000 (individuales).
«En la agenda del cambio se hace referencia expresa, por primera vez, al objetivo de desarrollo de las pensiones complementarias. Es importante resaltar que, dentro de las recomendaciones del pacto de Toledo, este desarrollo de las aportaciones al sistema se haga dentro de las relaciones entre empresarios y empleados», ha añadido.
Se ha mostrado de acuerdo en que hacen falta «modificaciones para adaptarnos al aumento de la longevidad», pero ha optado por fórmulas para fomentar el ahorro complementario en lugar de abordar la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, una medida que sería muy impopular y costosa electoralmente.
Ha afirmado que el ministerio que dirige en funciones Nadia Calviño es partidario de implementar un sistema de pensiones complementarias (en función de lo ahorrado a nivel individual), al que se suele denominar «la mochila austriaca».
«El Ministerio de Economía es consciente y publicó la Agenda del Cambio –encuadrada en la agenda de sostenibilidad de la UE de 2030- en la que hace referencia a las pensiones complementarias, siempre dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero teniendo en consideración la negociación entre empresarios y empleados para intentar desarrollarlas», ha apuntado.
Por su parte, PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS, presidenta de Unespa, ha insistido en que “vamos a necesitar mayores tasas de ahorro. Es decir, el ahorro tiene que ser más extenso. Hay que empezar a ahorrar antes. Tiene que ser más intenso y más diversificado teniendo en cuenta que el ahorro se ha dedicado tradicionalmente al inmobiliario y al depósito”.
“No es el siglo XXI el mejor momento para el ahorro pero lo tendremos que hacer pero no lo podremos hacer solos”, ha añadido la presidenta de la patronal del seguro.
González de Frutos, ha asegurado que los sueldos en España sí permiten destinar una pequeña parte al ahorro individual. Y para ello, ha abogado directamente porque se implanten «sistemas semiobligatorios, que acerquen las rentas al ahorro». Este tipo de sistemas, como el que existe en el Reino Unido, hacen que los trabajadores destinen por defecto una parte de su salario al ahorro privado para su pensión futura, pero si lo desean pueden desmarcarse de esta obligatoriedad.
No obstante, la también vicepresidenta de la patronal CEOE, ha admitido que «no estamos en el mejor de los momentos» para implantar este modelo semiobligatorio por el escenario de bajos tipos de interés y, en general, por la situación demográfica y social que vive el país.
El presidente de Inverco, ÁNGEL MARTÍNEZ ALDAMA, ha abogado claramente por potenciar la capitalización del ahorro a través de los sistemas de empleo en el seno de las empresas, aunque «manteniendo los incentivos individuales». Para eso ha reclamado incentivos a las compañías. Así ha criticado que la legislación reciente haya eliminado las ayudas a los planes colectivos de pensiones, primero en 2006, retirando la deducción del 10% de las aportaciones de las empresas y, después, en 2013, cuando el Gobierno incorporó las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones de sus trabajadores en las bases de cotización a la Seguridad Social, «con lo que las gravaron un 30%», se ha quejado.
Fuentes: Cincodias y Vozpopuli