Ha empezado el vía crucis, de momento cuatro estaciones en una sola semana,
pero vendrán muchas más estaciones.
El término vía crucis hace referencia a una devoción católica que se celebra los viernes de Cuaresma y que consta de 12 estaciones en las que se refieren los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección. La expresión se usa también en el lenguaje habitual para significar el largo y sinuoso camino que se debe recorrer en la vida si se quiere alcanzar determinados objetivos. Pedro Sánchez ya ha empezado su particular vía crucis.
España es esa nación indivisible que la Constitución sanciona pero también es la de la ley del embudo impuesta por unas administraciones que no están para servir sino para servirse a sí mismas, las subidas de impuestos discrecionales y abusivas, las pensiones impagables, los alquileres imposibles, el desempleo oculto tras eufemismos estadísticos, la precariedad, la corrupción, la incertidumbre…
1ª Estación: Congreso de los diputados
El martes 12 de diciembre estaba fijada la sesión del Congreso en que se debía resolver la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, ya que ningún otro grupo quiso firmarla. Ante tal panorama, a pesar de tratarse de una sesión parlamentaria políticamente importante dada la materia a tratar el presidente del Gobierno no compareció y dejó la faena para que la rematara Patxi López.
En esa sesión ocurrieron cosas, cosas graves, primero la señora Miriam Nogueras, presidenta del grupo de Junts per Catalunya hizo señalamientos, de conocidos y prestigiosos jueces y habló de «personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». Además expuso sus convicciones sobre la tarea de los jueces: «En pocos países los jueces pueden decir que lo que vota la gente o lo que se vota en el Congreso no sirve de nada o que los representantes políticos no podemos tomar decisiones que no gusten a los togados franquistas porque si lo hacemos todo el peso de la justicia politizada española caerá sobre nosotros».
En la intervención de otro diputado de Junts, el señor Josep Maria Cervera fue memorable:
- Desveló claramente las intenciones de su partido y aclaró, por si no lo estaba, que la ley de Amnistía es la condición previa que puso Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. O sea que la verdadera razón es el chantaje de Puigdemont. También expresó que para nada han renunciado a la independencia de Cataluña.
- Además aclaró que los sucesos de 2019, protagonizados por el llamado Tsunami Democràtictras conocerse la sentencia del procés, sólo delinquieron los policías que apalearon a pacíficos ciudadanos y también los jueces que prevaricaron al procesar algunos de estos dignos y admirables ciudadanos que ejercían sus derechos democráticos.
- Por último que España debe reparar a Cataluña por la opresión que ha ejercido desde 1714, los últimos 300 años.
En todo caso, Patxi López, el portavoz del PSOE callado sin replicar a Puigdemont, que es su aliado fundamental.
2ª Estación: El Parlamento europeo
El miércoles 13 de diciembre en el Parlamento Europeo, Pedro Sánchez ejercía de presidente del Consejo de la Unión y la hoja de servicios presentada no podía ser brillante pues toda la presidencia ha estado agobiado por los asuntos domésticos.
El alemán Manfred Weber, presidente del PPE, no dudó en poner contra las cuerdas a Sánchez y aprovechar el debate para poner sobre la mesa la amnistía y acusarle de mentir a la población española. «Un principio básico de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones. El alemán sentenció: «En mi país, los demócratas se reúnen y encuentran un consenso entre izquierda y derecha. Él hace lo contrario«.
Manfred Weber, ha dado donde más podía doler a Sánchez con estas palabras: «No se puede prometer que no se dará una amnistía hasta tres días antes de las elecciones. Y luego darla. No se puede estar cinco años en el poder diciendo que una amnistía no es constitucional. Y luego darla. Es obvio: se trata de usted, de su carrera, y no de España o Europa».
Además Manfred Weber concluye que Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo pues se ha presentado sólo como socialista en campaña, y obviamente ha olvidado cuál era su papel era en el Parlamento Europeo. Debería representar allí a toda España y no sólo a una parte de España. Además incide en que Sánchez ha metido al PPE en el mismo saco que la extrema derecha lo que significa que el mayor partido en el Parlamento Europeo (el PPE) y la mayoría de los líderes en la mesa del Consejo Europeo son extremistas de derechas desde el punto de vista de Sánchez. Incide en que desde el Parlamento Europeo no permitirán que Sánchez rompa el estado de derecho sólo para mantener el poder y que seguirán el asunto de la amnistía de cerca sin caer en trampas socialistas..
Lo cierto es que al fin las instituciones de la Unión tuvieron que confrontar al verdadero Pedro Sánchez pues Sánchez cruzó todas las líneas rojas, las que no tienen retorno y al fin demostró ante las instituciones europeas su verdadera naturaleza de autócrata. Llevamos un lustro viendo cómo la mentira no tiene consecuencias para el presidente del Gobierno que volvió a recurrir a ella en la Eurocámara diciendo que Vox y PP están cambiando los nombres de las calles y recuperando el callejero franquista. Falso de toda falsedad.
Pero la catástrofe para Sánchez no fue el mentir, sino su pérdida de toda referencia al decir al presidente del PPE, Manfred Werner, que qué pasaría en Alemania si alguien pusiera calles a nombre de dirigentes nazis y así cruzó una línea roja que no le van a perdonar nunca. En Alemania hubo un gran consenso para dejar atrás la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Nadie ha acusado o preguntado a los alemanes qué hicieron sus padres o abuelos durante el nazismo. Es una etapa de la que la inmensa mayoría de los alemanes se siente profundamente avergonzada , y con razón para ello. Y Sánchez cree que es equiparable con el franquismo y de ahí su argumento bastardo.
Ojalá nuestra presidencia de turno de la UE hubiera coincidido con un presidente digno y, más importante aún, una España ejemplar. Para bochorno de todos, nuestro presidente ha comparecido como paradigma de un país descompuesto, dividido, empobrecido material y moralmente. Un país regido por una coalición que es una asociación de enemigos que se temen y desprecian mutuamente pero permanecen unidos porque prevalece en ellos el ansia de mandar sin cortapisas. Todo lo que emana de esta coalición es tóxico y destructivo. Ningún acuerdo entre sus miembros tiene como finalidad mejorar nada, en lo más mínimo. Un obsceno mercadeo que gira alrededor de Pedro Sánchez, de su obsesión por permanecer en La Moncloa, rodeado de sirvientes y lacayos, de personajes insoportablemente mediocres pero capaces de hacer genuflexiones imposibles para el mejor contorsionista, disfrutando de la alucinación del poder a costa de las tribulaciones de millones de trabajadores precarios, de parados sin opciones, de universitarios estafados, de jóvenes sin horizonte y de ancianos solitarios.
Ni un solo dato positivo en su haber. La economía se hunde, la educación se desmorona, la deuda aumenta y la Administración apenas funciona gastando más que nunca. Eso sí, a cambio, Sánchez ofrece su muro de progreso, el antifascismo garantizado, los derechos sociales intangibles, las promesas de transporte gratuito sin dotación presupuestaria, los incrementos de salarios imposibles, las subidas de pensiones de un sistema quebrado, los 24.000 millones de euros previstos en subidas de impuestos a cargo de esa figura mitológica que son los ricos en un país donde el grueso de los contribuyentes es pobre.
3ª Estación: La Comisión Europea
La amnistía invadió todos los discursos en la comparecencia de Sánchez en una Eurocámara que tres semanas antes celebró un Debate sobre la «amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España». Sobre la amnistía en concreto, el comisario de Justicia Didier Reynders dijo en su intervención inicial el 22 de noviembre que la Comisión defiende el Estado de Derecho en la UE y que la «vigilará de cerca«. Posteriormente desmontó uno de los argumentos recurrentes del PSOE: que “la amnistía es un asunto interno”. Reynders trasladó que «Cataluña es un asunto interno, pero no la amnistía” e insistió en que «la Comisión, como guardiana de los tratados, analiza el proyecto de ley depositada en el parlamento para asegurar su compatibilidad con el Derecho de la Unión». Recordó que el artículo 2 del Tratado de la UE sobre los valores que fundan la UE: “Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea debe actuar para verificar esta compatibilidad de manera independiente y objetiva». Sobre los pactos del Gobierno, especialmente los rubricados con ERC y Junts, sugirió que conoce lo que contienen a pesar de que el Gobierno no se los ha remitido, en alusión al lawfare (el control político sobre los jueces), y destacó en varias ocasiones que la Comisión vigilará que se respeta el «Estado de Derecho y la separación de poderes».
Ursula von der Leyen ha dado vía libre para cuestionar la amnistía de Pedro Sánchez. Desde que el PSOE registró la proposición de ley, la Comisión Europea recibió una avalancha de denuncias de ciudadanos españoles. Tras la investidura de Sánchez, ha ido creciendo el tono de las manifestaciones del Ejecutivo comunitario, primero ligadas a los comisarios directamente afectados, que se han expresado con una claridad creciente.
Este jueves 14 de diciembre en la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), Alberto Núñez Feijóo ha dado cuenta de que ha hablado de la amnistía con Ursula von der Leyen y con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
El discurso de Von der Leyen en la Eurocámara ha sorprendido y ha estado además distante con Sánchez. Ya se percibió enfriamiento el pasado julio, cuando arrancó la Presidencia española e iba a empezar la campaña electoral de las elecciones generales, y en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas que Sánchez abandonó para acudir a un mitin con José Luis Rodríguez Zapatero en San Sebastián. Respecto a la Presidencia tan sólo ha destacado la «belleza» de La Alhambra de Granada, que acogió la cumbre del Consejo en octubre.
Si el discurso de la presidenta se ha apartado de lo esperable, el del vicepresidente Maros Sefcovic, mucho más. Y es que en una intervención de apenas tres minutos, el socialdemócrata ha aludido a la amnistía, lo que es insólito pues se trataba de dar cuenta de la Presidencia española. Sefcovic se ha referido al diálogo que está manteniendo con el comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre la amnistía, un diálogo que espera que «ayude a clarificar las cosas.
Ya el 14 de noviembre, el portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Eric Mamer, desmintió que Bruselas haya descartado actuar contra la amnistía a raíz de una información publicada por Europa Press que aseguraba que la Comisión había decidido no intervenir, alegando que no veía colisión alguna con los principios y normas comunitarios. «Contrariamente a algunas informaciones, la Comisión Europea no tiene decisiones preliminares sobre el borrador de ley de amnistía enviado al Parlamento español», aclaró.
Se trataba de una declaración elocuente del propio portavoz de Von der Leyen, que se sumaba así a las manifestaciones de Reynders, Jourová y Borrell. Este miércoles la Comisión ha querido que en su discurso en el Parlamento europeo sobre la Presidencia española conste la amnistía y su vigilancia.
Feijóo ha hecho público que ha mantenido este jueves 14 de diciembre una «larga conversación» en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea sobre «la situación del Estado de Derecho en España», en la que ha trasladado a Von der Leyen que la amnistía española es «contraria» a la que se aprobó en Portugal -frente a lo que afirma Sánchez- y «la más parecida» a la que Rumanía intentó impulsar en 2019 con la oposición de la Unión Europea”. Asimismo, el líder del PP ha trasladado que ha conversado con Jourová, sobre la «amnistía y cómo incluye delitos de terrorismo, de las reuniones con un fugado fuera de España y los ataques que están sufriendo los jueces con nombres y apellidos por parte de los socios y el Gobierno de Sánchez».
4ª Estación: Informe para Europa
En un informe titulado Deterioro del Estado de derecho en España se enumeran hasta 15 hechos importantes que debe vigilar la UE y que afectan a la calidad de la democracia en nuestro país. El informe fue elaborado por Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional; Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado; Carlos Conde, profesor en Northumbria University, e Isabel Fernández, profesora titular de Comunicación en la UAB.
Los receptores han sido los vicepresidentes de la Comisión Europea Vera Jourová y Margaritis Schinas; el comisario de Justicia, Didier Reynders, y los presidentes del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; de la Comisión, Ursula von der Leyen; del Consejo, Charles Michel, y de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.
El documento critica esencialmente la «politización en la designación de los vocales del CGPJ». Detalla también la falta de independencia de la Fiscalía y del Constitucional, con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general 13 días después de cesar como ministra de Justicia, o el nombramiento de dos ex altos cargos socialistas como miembros del TC: Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso.
Dedica un capítulo a la «desjudicialización, lawfare y comisiones de investigación» y arremete contra los pactos del PSOE con los independentistas. «El acuerdo de investidura concluido entre socialistas y Junts prevé la creación de comisiones de investigación en relación a lo que se denomina lawfare o judicialización de la política. El resultado de dichas comisiones podría implicar acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El caso del lawfare afecta directamente a Cataluña y parte del hecho de la intensa campaña de propaganda ideológica del independentismo acusando que «las acciones judiciales desarrolladas contra los implicados en el intento de secesión de 2017 eran injustas y motivadas por razones más políticas que jurídicas”. De acuerdo con este planteamiento, el nacionalismo defiende que “los tribunales sean apartados del conflicto con el argumento de que tratándose de un conflicto político también ha de ser resuelto políticamente».
La lectura que hace de la coyuntura es contundente: «La pretensión de que los tribunales de Justicia han de ser apartados de la solución de conflictos que tienen naturaleza no solamente política, sino también jurídica, suponen en sí un ataque al estado de derecho, pues la tutela judicial es la garantía última de los derechos en los sistemas democráticos (…). El problema nunca estará en la decisión judicial, sino en los actos previos a la decisión que motivaron ésta. No es la sentencia en la que se condena un crimen la que causa el conflicto, sino el crimen que da origen a la sentencia».
Arremete al mismo tiempo contra la pretensión del Parlamento de Cataluña de pretender que los jueces comparezcan ante sus comisiones para «dar cuenta de su actividad jurisdiccional. El derecho español establece de manera expresa la prohibición de que ninguna autoridad, civil o militar, pueda conminar a un juez a comparecer ante ella, lo que es coherente con la necesaria independencia del poder judicial». Y añade que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido que las comisiones «tienen como fin una fiscalización de la actuación judicial por parte del legislativo».
Denuncia también el informe que con los pactos entre socialistas e independentistas se institucionaliza la «tolerancia hacia la comisión de ciertos delitos». Abomina, así, de la ley de amnistía que cubre todo tipo de delitos, incluidos los de terrorismo con unas excepciones limitadas que no cubren algunos delitos en los que existen las obligaciones específicas de persecución de acuerdo con el derecho de la UE, que en sí supone una quiebra del estado de derecho. Por otro lado, «se trata de una medida que no se plantea de manera aislada, sino que se inserta en la descriminalización de ciertas conductas cuando son realizadas por quienes están próximos al poder”.
Reconoce que los indultos son una figura reconocida en la legislación, pero los que se concedieron a los condenados por el 1-O «responden a la necesidad del partido en el gobierno en España (PSOE) de contar con el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas. Y se concedieron en contra del criterio manifestado por el Tribunal Supremo, al no apreciar ni arrepentimiento de los condenados ni razones de equidad, justicia o utilidad pública». Gabriel Rufián dijo textualmente que «los indultos fueron una imposición de ERC en sus negociaciones con el PSOE». Además, chocan con la obligación específica de la UE de perseguir la malversación de caudales públicos. El informe transcribe varios párrafos de la web de ERC alardeando de que obligó al PSOE a conceder los indultos y a modificar el Código Penal, eliminando el delito de sedición.
El escrito de los cuatro profesores rechaza el borrador de la ley de amnistía porque mantiene su propósito de corrección al Poder Judicial y critica a la vicepresidenta del Gobierno por haberle dado su apoyo explícito. «Si el texto de la proposición de ley mantiene esa crítica al poder judicial o cuestiona directa o indirectamente la actuación de los tribunales, existiría ya una implicación del poder legislativo (…). Aparte, la ley de amnistía implicaría una injerencia del poder legislativo en la ejecución de las sentencias sin amparo constitucional (la Constitución Española no prevé la posibilidad de la amnistía) y que, además, carecería de justificación objetiva, puesto que tan sólo la necesidad de contar con el apoyo de los amnistiados para conseguir la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno explica la concesión de esta».
La amnistía tal y como la pretenden los independentistas, dice, es blanquear determinados delitos de los que los amnistiados no solo no se arrepienten, sino que advierten que volverán a cometer. El informe dedica el último capítulo al caso de Cataluña, donde, además de pretender romper el Estado de derecho en 2017 y de pretender la secesión, tuvo más consecuencias. Entre ellas, el acoso a los jueces y el desprestigio de los tribunales, no solo por parte de dirigentes políticos, sino de altos cargos institucionales, que tacharon a España de «Estado corrupto y cobarde» o a los procesos contra delitos relacionados con el procés de «juicios farsa». Nombra a los expresidentes Joaquim Torra, Pere Aragonès, Carles Puigdemont o Roger Torrent (del Parlament) como algunos de los dirigentes que lanzaron exabruptos.
Pero las secuelas de la quiebra del Estado de derecho son más profundas: «El desprestigio a los tribunales no opera aisladamente, sino que va acompañado del incumplimiento de todas aquellas decisiones judiciales que inciden en los elementos del programa nacionalista». Prueba de ello es la desobediencia reiterada a las sentencias sobre la lengua en las escuelas. Otra secuela es la «falta de neutralidad de las Administraciones. La apropiación partidista de las instituciones se traduce en la utilización de instituciones, lugares o edificios que son de titularidad pública para la emisión de mensajes partidistas o para la exhibición de símbolos que no son los comunes (banderas oficiales)».
Por último, la estigmatización y el acoso a los discrepantes. A este acoso, se suman las autoridades públicas «y luego tiene como consecuencia actuaciones violentas en la calle. Resulta inadmisible que los poderes públicos empleen el discurso del odio contra quienes discrepan de sus planteamientos políticos». Cita directamente el acoso sufrido por el juez Pablo Llarena (su casa fue marcada por grupos extremistas, que también trataron de realizarle escraches) y por la organización juvenil S’ha Acabat, reiteradamente boicoteada y agredida por plataformas radicales en varios campus universitarios mientras la consejera de Universidades o el propio presidente de ERC justificaban el acoso.
El informe alerta de que la utilización partidista de las instituciones ya no se da solo en Cataluña, sino que ha saltado el resto de España. Además, denuncia el abuso de la legislación de emergencia y de la utilización espuria, por parte del Gobierno en funciones, de la figura de proposición de ley para evitar los informes preceptivos y controles de la legislación normal. Por último, recoge el control político de RTVE, de la Agencia EFE y «la opacidad en la transferencia de fondos públicos a los medios privados», así como las restricciones a los medios críticos con el Gobierno: tanto en Madrid como en Barcelona se han dado casos de vetos de la Administración a determinados medios y periodistas críticos con el poder.
El panorama es desolador. El informe pone el dedo en la llaga y advierte que «el deterioro del estado de derecho se traduce en las amenazas a la independencia judicial; la tolerancia hacia ciertos delitos, incluida la malversación, con el agravante de que esa tolerancia opera en función de la vinculación de los delincuentes con los partidos de gobierno; la utilización partidista de las instituciones y la falta de independencia de los medios públicos de comunicación. Estos ataques a las reglas de funcionamiento de una democracia sana se encuentran vinculadas entre sí y unidas a un discurso político que, si bien en sí mismo no puede considerarse —a nuestro juicio— como contrario al estado de derecho, sí ejerce un papel legitimador de las prácticas anteriores». En resumen, «en su conjunto, nos encontramos ante una situación en la que, creemos, ha de actuarse con determinación, porque de otra forma la deriva antidemocrática podría llegar a ser difícil de revertir».
4ª Estación: Puigdemont chantajea y somete a Sánchez
Carles Puigdemont tiene a Pedro Sánchez colgando en sus manos. Es más, le está sometiendo. El expresidente catalán tiene paralizada la agenda legislativa del Ejecutivo y no hace más que poner precio a cada paso de Moncloa. Ahora el líder de Junts exige una foto con Sánchez que, según desveló este jueves el secretario general, Jordi Turull, está pactada desde hace un mes. Ni el PSOE ni el Gobierno niegan que no vaya a suceder. Y así se va a pasar el tiempo estos cuatro años.
«No hay nada en agenda», sintetizan fuentes oficiales de Ferraz para desechar el encuentro con Puigdemont. El mismo presidente, en Bruselas, dijo este jueves que no contempla esa cita. Al menos por ahora. Mientras tanto, los de Puigdemont no hacen más que incordiar
Desde el PSOE advierten que esta es una legislatura más de gobernar que de legislar y] que estos años bajaría la actividad legislativa. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del Gobierno, en 2018. Sánchez no está pudiendo despejar la amnistía con medidas efectistas.
Cabe recordar que el propio número tres de Ferraz, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo su primer contacto con el expresidente de la Generalitat en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J, y en todo este tiempo Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él. La última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) junto al diplomático salvadoreño Francisco Galindo -el famoso mediador-. Pero ahora es el Gobierno el que va un paso más allá, no solo porque no se descarta tajantemente la foto con Puigdemont, sino porque Moncloa lleva varios días emitiendo un mensaje directo cargado de significado: «Solo el hecho de que ellos se sienten a negociar de política española es un logro impresionante”
El PSOE está dispuesto a seguir transitando la senda de lo desconocido con Junts. El hipotético encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont da cuenta de ello. No solo porque el partido sigue manteniendo en secreto el contenido de la última cita entre Cerdán y Puigdemont, sino porque cualquier futuro acuerdo que se materialice entre ambas fuerzas pondrá en jaque el pacto constitucional de 1978, ya que los independentistas no se apean de una consulta sobre el futuro político de Cataluña y el PSOE se abre a explotar las posibilidades del Estatuto de 2006, que puede incluir una votación sobre el encaje catalán en España, según se desprende del acuerdo de investidura.
AÚN QUEDAN AL MENOS OCHO ESTACIONES MÁS ANTES DE QUE ACABE ESTA PESADILLA,
NO DE PEDRO SÁNCHEZ SINO DE LA INMENSA MAYORÍA
DE LOS CIUDADANOS “DE BIEN” DE ESTE PAÍS
Sánchez por Europa.
Ursula von der Leyen lo pasó tan bien en su visita de octubre a España que el balance de la presidenta de la Comisión Europea sobre la presidencia española de turno de la Unión Europea, ejercida por Sánchez, es lo feliz que fue en las Colecciones Reales, en la Alhambra y comiendo jamón abanicada por las plumas de pavo real de nuestro presidente. «Me quita el aliento», concluyó en una frase fácilmente descontextualizable.
Por su parte, su adorado Sánchez le mentaba el III Reich a otro alemán, Manfred Weber, en un alarde de patanismo como los que acostumbra en España e intentando convertir el Parlamento Europeo en un parlamento basura como ya ha logrado hacer con el español.
El gran plagio de Sánchez es el de la política de Pablo Iglesias quien le indicó cómo llegar al poder y cómo mantenerlo: ejerciendo despiadadamente hasta el final la dialéctica ‘amigo/enemigo’. A Iglesias le sobraban bisoñez y se traiciona así mismo por querer explicarlo todo. Todo esto lo acoge y supera Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias perfecto.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha evitado este viernes 15 de diciembre pronunciarse de forma clara sobre la ley de amnistía y la situación del Estado de derecho en España. Preguntada en una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez sobre si la norma perjudica la imagen del presidente español en Europa, ha optado por una formulación que no permite ser interpretada como un respaldo al Gobierno y se ha limitado a contestar que desde Bruselas hacen un buen balance de la presidencia de turno española.