El último informe de la OCDE sobre las pensiones bien podría haber estado dedicado en exclusiva a nuestro país. Este organismo, que aboga por mejorar las oportunidades y condiciones de los trabajadores de más edad para reforzar el sistema, ha recordado al Gobierno que los ingresos adicionales que contempla la última reforma son insuficientes para hacer frente al aumento de gasto que se espera de aquí a 2050.
Además, ha destacado que solo nuestro país, junto a Colombia, Costa Rica, Francia, Portugal, Eslovenia y Estados Unidos, siguen calculando las pensiones relacionadas con los ingresos sobre las ganancias de solo una parte de la carrera.
Son comprensibles las críticas de la OCDE a tenor del estudio que acaba de publicar. Y es que España es, junto con Grecia, el país con mejor tasa de sustitución en el momento de la jubilación de todos los países que integran este organismo. Este índice mide el porcentaje de pensión que queda sobre el salario medio del trabajador cuando estaba en activo y es una buena guía para comprender el peso que estas prestaciones suponen sobre el grueso del gasto del Estado.
Así, en el caso de España se encuentra en el 80,4 %, casi treinta puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Los pensionistas de Francia (57,6 5) y Alemania (43,9 %), por ejemplo, se encuentran a años luz de sus ‘homólogos’ españoles.
El problema es que, lejos de aportar soluciones, la nueva reforma apenas está incidiendo en la sostenibilidad del sistema y sí en el aumento de ingresos a través de la presión fiscal. «Es una cuestión de desequilibrio del pacto intergeneracional», explica Leticia Poole, profesora de Economía de la Universidad Europea. «Es necesario retrasar la jubilación y hacer una relación económica y financiera más justa entre contribuciones y prestaciones, lo que supondría que los contribuyentes contasen con un sistema de ahorro privado complementario».
Para esta experta en Economía y Empresa, en lugar de promocionar el ahorro privado, «ha ido recortando progresivamente la reducción de la base imponible de las aportaciones a los planes privados con la consiguiente reducción del ahorro de las familias en forma de planes de pensiones».
«Desde el punto de vista tributario, tanto las cotizaciones para el sistema público de pensiones como para el sistema privado deberían de estar exentos de tributación, ya que es renta de cara a la jubilación. En ese sentido, las aportaciones a la Seguridad Social que se reducen en nuestra base imponible, en la medida que son imprescindibles para sustituir la renta actual, no deberían tributar. ¿Qué sucede? Los gobiernos quieren aumentar la base imponible del IRFP y por eso han dejado en un máximo de 1.500 euros la reducción correspondiente a las aportaciones de los planes privados de pensiones. Pero es un gravísimo error, es pan para hoy y hambre para mañana», añade Poole.
Además, con el destope progresivo de las pensiones se da una circunstancia perversa: «Cuanto más ganes más vas a pagar, aunque esto no se vea reflejado en una mayor pensión. Están convirtiendo la cotización a la Seguridad Social en un impuesto puro y duro».
A esto hay que añadirle el asunto de los incentivos al empleo, o de su ausencia, al tiempo que aumentan las protecciones sociales. «Cuando se analiza la creación de empleo, vemos que no aumentan el número de horas trabajadas, lo que demuestra que este se está redistribuyendo», comenta Poole.
«Estamos distorsionando la actividad económica creando más situaciones de necesidad que requerirán más gasto público y más ingresos en forma de impuestos. Estos a su vez van distorsionar más la actividad económica generando más situación de necesidad… », señala esta profesora.
Las pensiones mínimas españolas ya son las más generosas de la UE al subir más que los salarios medios
La cobertura de las pensiones mínimas de España, al igual que la tasa de reemplazo, ha sido tradicionalmente elevada en comparación con otras economías desarrolladas: pasa de suponer el 33,3% del salario medio de 2016 al 35,6% actual
Las pensiones contributivas mínimas que se cobran en España han crecido en los últimos años a un ritmo mayor que los salarios medios, lo que está permitiendo una elevada cobertura de sus beneficiarios en comparación con la mayor parte de las economías desarrolladas. Así lo constata el informe bianual de la OCDE publicado este miércoles sobre los sistemas de pensiones de sus estados miembros y del G20, según el cual la cuantía de las pensiones mínimas españolas asciende al 35,6% del salario medio de 2022.
Solo la mitad de los países de la OCDE proporciona pensiones mínimas contributivas y su nivel de cobertura medio asciende al 25% del salario intermedio. Teniendo en cuenta esta cifra, las pensiones mínimas españolas se han situado tradicionalmente en los puestos más altos por proporcionar más cobertura, pero la tendencia se ha acelerado desde 2018 y ha superado a países como Luxemburgo y Eslovaquia. Actualmente, solo se encuentra por encima Colombia, cuyas pensiones mínimas contributivas suponen el 63,5% del salario medio (misma cifra que su salario mínimo).
La revalorización de las pensiones mínimas españolas ha sido superior a la del resto de pensiones contributivas en 2018, 2019 y 2022, años en los que aumentaron un 3% frente al 1,6%, 1,7% y 2,5% general. Estos porcentajes también han sido superiores al crecimiento del salario medio español, algo que se deduce del crecimiento de la cobertura, pasando de suponer el 33,3% sobre el salario medio de 2016 al 35,6% actual.
A modo de ejemplo, la pensión mínima de jubilación para una persona mayor de 65 años y con cónyuge a cargo —la más alta entre las mínimas— se situó en 2018 en los 11.348,4 euros anuales repartidos en 14 pagas. En 2022 esa cuantía ascendió a 12.467 euros anuales y en 2023 hasta los 13.527 euros. Además, este fenómeno se verá intensificado a partir del próximo año por la reforma de las pensiones, que indexa las mínimas a la evolución de la renta media con la finalidad de cerrar la brecha de pobreza en estos perceptores. En consecuencia, las pensiones mínimas subirán en 2024 entre un 5% y un 7% frente al 3,8% del resto de pensiones contributivas.
La reforma de las pensiones establece que entre 2024 y 2027 las pensiones mínimas de los jubilados con cónyuge a cargo aumentarán del 51% de la renta media disponible en 2021 al 60%, lo que supondrá pasar a 16.472 euros anuales en 2027, según los cálculos de la Seguridad Social. Por otra parte, solo el 15% de las personas mayores de 65 años de España recibieron en 2022 una prestación mínima contributiva, diez puntos menos de los que ingresaban una prestación de este tipo en 2016, según el informe de la OCDE.
Sin embargo, a pesar de la elevada cobertura de las pensiones en comparación con otros países y con los ingresos de los hogares, se dan dos contrastes. El primero es que los salarios españoles son relativamente bajos, lo que distorsiona tanto la cobertura de las pensiones mínimas como la tasa de reemplazo. Según el informe, siguen por debajo de la media de la OCDE: alcanzaron los 46 629 dólares anuales en términos de poder adquisitivo en 2022, frente a los 52.884 medios.
El segundo contraste es que el riesgo de pobreza ha aumentado en los últimos años entre las personas mayores de 65 años, aunque sigue siendo la menor ratio en comparación con el resto de las franjas de edad. Según otro informe de la OCDE centrado solo en España, el 21,3% de las personas de 65 años o más se encontraron en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, frente al 18,1% de 2019 o el 20,7% de 2018.
En cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones español, la OCDE critica ciertos aspectos que incurren en mayores gastos, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, y respalda el criterio de la AIReF sobre el desfase fiscal que se producirá.
Las nuevas medidas de ingresos solo generarían unos ingresos adicionales que cubrirían parcialmente los mayores gastos, derivados principalmente de volver a indexar las pensiones a la evolución de los precios. “Se prevé que los gastos anuales aumenten un 2,4% del PIB, lo que dará lugar a un aumento previsto del déficit del 1,1% del PIB en 2050″, recoge el informe citando a la autoridad fiscal.
Otra crítica es que la nueva fórmula para ampliar de manera progresiva y con condiciones el periodo de cómputo a 29 años: la OCDE considera que “hasta 2044 el cambio solo aumentará los beneficios y el gasto”.
