El peso sobre el PIB de de este tipo de ayudas contra la «exclusión» se ha duplicado bajo gobierno de Pedro Sánchez.
¿Cuánto dinero gastan el gobierno central y las comunidades autónomas para financiar las prestaciones no contributivas y las medidas de protección con las que nuestros dirigentes pretenden auxiliar a los colectivos definidos como «vulnerables»? Esa es la pregunta que se ha hecho FEDEA y que el citado think tank ha respondido con un informe elaborado por el prestigioso Ángel de la Fuente.
En esencia, «el sistema español de «protección social» de tipo no contributivo utiliza tres tipos de instrumentos para proteger a colectivos considerados «vulnerables». El primero son transferencias monetarias no condicionadas; el segundo son ayudas finalistas, monetarias o en especie; y el tercero son medidas de tipo «escudo social», que ofrecen distintos derechos a ciertos grupos en sus relaciones económicas con otros agentes privados».
El estudio de Ángel de la Fuente considera que el tercer tipo de intervención, especialmente recurrente bajo gobierno de Pedro Sánchez, introduce problemas notables: «la interferencia por ley con contratos privados tiene contraindicaciones importantes, como vemos en el mercado del alquiler, donde las prohibiciones de expulsar a ciertos inquilinos morosos acaban endureciendo el acceso a vivienda de otros candidatos. En este último caso, los costes generados son menos visibles, pero recaen sobre muchos agentes, erosionan los derechos de propiedad y generan inseguridad jurídica, repercutiendo negativamente en los mercados afectados».
FEDEA apunta que «los principales programas de protección no contributiva en España (las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas autonómicas o los complementos de mínimos a las pensiones contributivas) tienden a generar problemas de incentivos porque, de entrada, implica un tipo marginal efectivo de gravamen del 100% sobre cualquier incremento de las rentas del trabajo», circunstancia que se ha intentado mitigar en el caso del IMV introduciendo ciertas reglas.
Beneficiarios y coste
No es fácil presentar una estimación de la cantidad económica movilizada en estos programas, como tampoco es sencillo estimar cuántos beneficiarios acceden de una forma u otra a este tipo de ayudas, pero FEDEA ha planteado un cálculo estimativo para dos de los tres tipos de programas analizados en su informe (el alcance del «escudo social» no se puede cuantificar de forma tan directa, puesto que las limitaciones y obligaciones que impone el gobierno se trasladan al sector privado).
Si a esta cifra se le suman las ayudas finalistas, encontramos que la cifra total de beneficiarios para 2023 era cercana a 1,2 millones de personas, pero esta cifra se habrá incrementado notablemente al tomar en cuenta nuevos programas de gasto que puso en marcha el gobierno en 2024 cuyo alcance llega a 1,6 millones de individuos. En total, el gasto movilizado por estas ayudas finalistas ascendió a 3.828 millones de euros en 2023, cifra que asciende a 4.443 millones de euros si se toma en cuenta el gasto adicional autorizado en 2024.
El peso sobre el PIB de de este tipo de ayudas contra la «exclusión» se ha duplicado bajo gobierno de Pedro Sánchez, como vemos en el siguiente gráfico.
En total, las ayudas identificadas llegan a unos 7 millones de beneficiarios y acarrean un coste presupuestario cercano a 28.500 millones de euros. Una cifra significativa que, como ya se estableció, no incluye el desembolso privado inducido por el «escudo social», que por ejemplo impide anular contratos privados en determinadas situaciones de impago e incumplimiento, lo que traslada el coste de dar soporte a los afectados a empresas y particulares, como vemos por ejemplo con la lacra de la «okupación».
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