¿ LA REVOLUCIÓN QUE VIENE? Salarios, Cotizaciones, Impuestos

En nuestro actual sistema público de pensiones de reparto los ingresos se calculan como un porcentaje de los salarios, y solo de los salarios, de los trabajadores. Pero es cierto que con ese sistema de cotización sobre los salarios, cuando se necesitan menos ocupados para hacer lo mismo, cuando los trabajadores fijos ven devaluadas sus remuneraciones o cuando los nuevos ocupados perciben salarios a cada paso inferiores, la insuficiencia de ingresos mensuales para pagar unas pensiones mínimas dignas aboca al sistema al déficit.

Entonces, para reducir el crecimiento de los gastos, se postula retrasar la edad de jubilación y jubilarse con una pensión inicial menor. Porque no basta con reformas puntuales de los ingresos que levanten los topes de cotización de los asalariados con mayores nóminas, que ajusten las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales o con la supresión de bonificaciones y reducciones de las cuotas manifiestamente ineficientes. Algunos consideran que los ingresos de un reforzado sistema público de pensiones no tienen por qué venir solo de un ingreso porcentual mensual sobre los salarios, sino que debieran nutrirse también con una parte de esos siete puntos de PIB de ingresos públicos que recaudamos por debajo de la media europea.

Pero, además, porque si incorporásemos el resto del valor añadido que no son salarios a las bases de cotización (por ejemplo con un tipo del 10%) y redujésemos los tipos actuales (las cuotas) de cotización sobre la masa salarial (del actual 28% al 18%), conseguiríamos no solo evitar que el sistema anote un déficit de recursos anual por unos 20.000 millones, sino hacerlo gracias a rebajar las aportaciones de las actividades más intensivas en empleo (como las educativas y sanitarias) y aumentar la aportación de las más automatizadas (como la energía o los servicios financieros). Conseguiríamos un equilibrio del sistema de pensiones público y de reparto, sin penalizar el empleo.

La recuperación de los niveles de producción previos a la crisis se ha conseguido con un volumen de empleo muy inferior. Si añadimos que la precarización de los empleos y de los salarios, sobre todo para los más jóvenes, está siendo galopante, no es fácil imaginar que la masa salarial remonte en España su participación en el PIB a niveles previos a los de 2008.

Esto está provocando, una laminación de los ingresos del sistema de Seguridad Social que gestiona las pensiones en España. Un sistema público y de reparto, conviene aclararlo, que nada tiene que ver con un sistema de capitalización. Pues en nuestro sistema con las cotizaciones sobre los salarios actuales se pagan las pensiones actuales. Es un pacto intergeneracional en el que ahora los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales, y en el futuro los trabajadores futuros pagarán sus pensiones futuras. Pero es un sistema que se corta la hierba bajo sus pies cuando el empleo y los salarios están en declive estructural.

Una insuficiencia estructural de ingresos que se palia con recortes en la cuantía de las pensiones y con el retraso de la edad de jubilación, mientras el mal de fondo prosigue. Es así paradójico que, al mismo tiempo que el PIB crece y alcanza cifras históricas, cada año la capacidad de financiar las pensiones sea menguante.

La educación y la energía

Para superar tal deriva se hace imprescindible que la masa salarial deje de ser la base sobre la que cotizan nuestras empresas, y que pase a serlo el conjunto del valor añadido generado por los trabajadores en su actividad productiva, porque, ya en la actualidad, el hecho de que no sea así está generando graves asimetrías entre diferentes actividades productivas en la financiación de nuestra Seguridad Social.

Por ejemplo, una actividad intensiva en empleo como la enseñanza aporta, con el sistema actual de cotizaciones sobre la masa salarial, mucho más que una actividad como la de la energía menos intensiva en empleo y más intensiva en equipos y maquinaria. Similar situación se da en actividades como la sanidad o el conjunto de las manufacturas.

Con datos de nuestra Contabilidad Nacional se sabe que en el conjunto de la enseñanza de nuestro país se aportan más de 12.000 millones de cotizaciones, mientras que el sector de la energía aporta menos de 4.000 millones. Cada uno cumplió con sus obligaciones legales de cotizar sobre su masa salarial… pero lo cierto es que mientras que el valor añadido del sector de la energía es del orden de la mitad del generado por la enseñanza, sus cotizaciones son apenas el 20% de las de aquella.

Parece que se hace obligado pasar a cotizar sobre el conjunto del valor añadido de cada empresa y no solo sobre los salarios

Los servicios financieros

Las actividades del sector financiero son, no solo muy importantes para el conjunto de nuestra economía, sino un sector en el que las mejoras de automatización con reducción del empleo humano directo son constantes. Analizando la evolución del porcentaje que suponen sus cotizaciones a la Seguridad Social en relación al valor añadido por el conjunto de estas empresas, observaremos con claridad cómo su creciente actividad y beneficios (con menos empleo) se traduce en una cuota de recursos decrecientes para financiar nuestro sistema de pensiones. La relación entre el porcentaje de cotizaciones y el Valor añadido ha evolucionado desde el 15% en 2009 hasta menos del 10% en 2010 (a partir de ese año su reestructuración y crisis distorsionan la serie) como consecuencia de haber reducido en quince puntos porcentuales su masa salarial en relación al valor añadido total.

¿Impuestos? ¿Quién paga el qué?

Se está considerando cubrir el déficit del sistema con impuestos generales. Sin duda, existe margen para ello, puesto que si en España se recaudase en impuestos el mismo porcentaje sobre el PIB que la media europea ingresaríamos 70.000 millones más. Una cifra que cubriría tanto el déficit actual del sistema de pensiones como nuestro déficit público total.

Podría, con razón, objetarse que no debe mezclarse un sistema de cotizaciones (pensiones) con la financiación del resto de los servicios públicos -como, por ejemplo, la sanidad universal o la educación, que se financian con impuestos-.Pero es que esto ya se mezcló en el pasado usando las cotizaciones al sistema de pensiones para financiar, por ejemplo, nuestra red hospitalaria pública actual.

Las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de la transferencia al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que durante décadas no se destinaron a dotar a ningún Fondo de Reserva de la propia SS. Si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de pensiones, se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de la SS de más de 500.000 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del gasto en pensiones provocado por el envejecimiento de la población y los salarios (y cotizaciones) decrecientes.

Si en las últimas décadas del siglo XX los superávits de recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social se hubiesen capitalizado (y no gastado en servicios que debían haberse financiado con impuestos) tendríamos margen para gestionar los actuales problemas de financiación de las pensiones durante no menos de quince años más.

Pero como en el pasado esos 500.000 millones de euros en cotizaciones les ahorraron a la sociedad española otros tantos millones de impuestos, parece de justicia que ahora nuestro sistema fiscal se ponga las pilas para cubrir las necesidades de sostenibilidad del sistema de pensiones. Digamos que la hucha de las pensiones tiene derecho preferente a una línea de crédito con los Presupuestos Generales del Estado: “una devolución diferida”.

Ello al margen de una reforma estructural de la financiación de unas pensiones que, en un mundo de galopante automatización, digitalización, externalización y desalarización, no pueden seguir descansando únicamente en una tasa sobre los salarios.

Conclusión. Equilibrio del sistema sin penalizar el empleo y repartiendo las cargas.

Lo dicho: abandonemos progresivamente la masa salarial como base exclusiva del cálculo de cotización de nuestras empresas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. No sigamos penalizando a sectores y empresas que mantienen más y mejor empleo. Y no permitamos que la creciente riqueza y valor producidos, en muchas de nuestras empresas y sectores, quede al margen del sistema de protección social de los trabajadores que lo hacen posible.

Pues si incorporamos el resto del valor añadido que no son salarios a la base de cotización (por ejemplo con un 10%) y reducimos el porcentaje de cotización de la masa salarial (del actual 28% al 18%) conseguiríamos no solo evitar que el sistema anote un déficit de recursos anual por más de 20.000 millones, sino hacerlo gracias a rebajar las cotizaciones de las actividades más intensivas en empleo (como las educativas y sanitarias) y a aumentar la aportación de las más automatizadas (como la energía o los servicios financieros).

Fuente: Mundiario

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