El 24 de marzo, el Pleno del Congreso rechazó por una amplia mayoría una enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego a la Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo (LRIPPE). La enmienda sólo obtuvo 25 votos favorables de CUP, ERC, EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís. Está previsto que la tramitación parlamentaria de la LRIPPE finalice antes del 30 de junio. Arrancará entonces el proceso de privatización de la parte de las cotizaciones sociales a la que aspiran desde hace décadas bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. El ministro José Luis Escrivá habrá cumplido entonces su misión, la privatización y financiación de las pensiones.
El preámbulo de la LRIPPE actualmente en discusión parlamentaria declara dos objetivos:
- facilitar el ahorro para la vejez especialmente entre las rentas medias y bajas y los jóvenes,
- y generar recursos para invertir y aumentar la capacidad productiva.
Para conseguirlo propone la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y depósito y gestión privadas.
Facilitar el ahorro para la vejez especialmente entre las rentas medias y bajas y los jóvenes
La LRIPPE se propone incentivar el ahorro de las rentas medias y bajas y de los jóvenes. La experiencia de los fondos de capitalización de empresa existentes demuestra que concentran las aportaciones, las desgravaciones fiscales y las prestaciones en los salarios más altos.
En el conjunto del país existen unos 2 millones de cuentas en planes de pensiones de empleo. En 2020, en dos de cada tres cuentas no se ingresó ni un solo euro, y casi el 60% de las aportaciones fueron ingresadas por el 6% de las personas partícipes
Las Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV) son el modelo a seguir, pero en más de un tercio de las cuentas no se realizan aportaciones y el 9% de las personas partícipes realizan la mitad de las aportaciones totales. En la EPSV del Gobierno Vasco, Itzarri, 1 de cada 6 cuentas no se realizan aportaciones y el 14% de las personas partícipes concentran el 42% de las aportaciones. En Geroa (la EPSV del sector privado en la provincia de Gipuzkoa) el 61%, es decir, 171.000 trabajadores, frente a 110.000 que sí ingresan. Este panorama de desigualdad ha provocado que el sindicato LAB haya decidido, después de 25 años, suspender su participación en las EPSV argumentando que sus prestaciones no son universales, aumentan las desigualdades y dan cobertura a una minoría.
Por el contrario, en el sistema público de pensiones de Seguridad Social, todo los trabajadores en situación de alta ingresan cada mes las cotizaciones sociales que les corresponden.
Así parece concluirse que los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) no son un sistema de protección social, sino un mecanismo para generar activos para favorecer el proceso de financiación de la economía general por entidades privadas. Los estudios sobre el sistema de pensiones de capitalización (dominante en Estados Unidos y Gran Bretaña) califican a los PPE un elemento del “estado de bienestar dividido”, pues beneficia al 10% de la población con mayores ingresos que además puede desgravarse fiscalmente parte de sus portaciones
En la LRIPPE se reducen los ingresos por cotizaciones sociales al sistema público para nutrir los fondos por dos caminos:
- las empresas que hagan aportaciones a planes de empresa de capitalización cotizarán hasta 115 € mensuales menos por trabajador a la Seguridad Social, y así el descenso de los ingresos de la SS podrá servir para justificar la necesidad de reducir la tasa de sustitución de las pensiones iniciales.
- las aportaciones a los planes de empresa, hasta 10.000 € anuales, se deducirán de la base imponible del IRPF, con lo que se minoran los ingresos por impuestos de las administraciones públicas para nutrir las comisiones de las entidades financieras.
Generar recursos para invertir y aumentar la capacidad productiva
Lo cierto es que la política de estímulo económico mediante la inyección masiva de dinero público no ha conseguido que el capital privado realice las inversiones necesarias para la transición energética y ecológica, ni la socialización de los cuidados para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Según los expertos la creación de unos servicios públicos de atención a la dependencia aumentaría el gasto del orden del 0,7% del PIB y se crearían 350.000 puestos de trabajo a tiempo completo, pero nada se ha hecho, y se ha entregado el sector a los fondos de inversión. En la Unión Europea, entre 2002 y 2016, ese grupo se incrementó desde el 35% hasta el 49% de la población en edad de trabajar.
Seguramente los PPE pueden ser una vía eficaz para canalizar el posible (¡solo “posible”!) ahorro de los trabajadores, pro si se considera que se debe construir un pilar de capitalización, hágase de PROMOCIÓN Y PROPIEDAD PÚBLICA y diríjanse sus inversiones hacia sistemas de protección social para los más desfavorecidos y de transición energética y ecológica, pues estos sistemas también precisan de inversiones con sus correspondientes rendimientos tanto económicos como sociales y no deben ser financiados sólo mediante subsidios y ayuda.
Algunos expertos opinan que los PPE de capitalización son un “caballo” de Troya” que tiene el peligro de dinamitar “desde dentro” el sistema público de pensiones
Fuente: Infolibre
