NO Hay ninguna palabra que el ministro de Seguridad Social haya repetido más en los últimos meses que “certidumbre” y “seguridad”. Ya no caben dudas, nos asegura José Luis Escrivá, de que los pensionistas el año que viene verán cómo su prestación se revaloriza con el IPC.
Pero sí hay dudas. Los expertos son más escépticos que creyentes y el sentir generalizado es que el Gobierno ignorará su promesa, pues no hay dinero y además Bruselas no dejará, hacer una subida del orden de un 10%.
Puede repetir mil veces esa idea que dice algo así: “Como la ley dice que las pensiones seguirán ligadas al IPC no hay nada que deba preocupar a los pensionistas a futuro”. Pero eso es como un comercial de un banco que le asegura a su cliente que el depósito está garantizado y a salvo de cualquier posible pérdida.
Este Gobierno ha incumplido su palabra en tantas ocasiones que parece una ingenuidad pensar que no pueden hacerlo una vez más. Se defenderá la medida diciendo que es inevitable, aunque muy probablemente se demorará unos pocos añoa pues a finales de 2022 aún quedará algo de dinero en la caja y el 2023 es un año electoral. La explicación será algo así como: “Para tener más seguridad en el futuro a medio plazo, debemos tomar medidas impopulares ahora, pero que generan confianza en nuestras cuentas públicas”
Con las pensiones pasa lo mismo que con otras numerosas cuestiones: ninguna ley les decía a los jubilados griegos que verían un recorte de sus prestaciones del 30-40% en cinco años y de hecho, sus políticos les aseguraron que nunca pasaría. Hasta que pasó.
Lo único que traería certidumbre a un sistema de pensiones serían unas cuentas públicas saneadas. Dados el déficit y la deuda públicos es evidente que hay que hacer recortes sustanciales del gasto público, y las pensiones son con mucho el mayor gasto público.
De hecho, incluso sin que lleguen esos recortes, con la inflación en los niveles actuales y los sacrificios que se están pidiendo a unos y otros, sería lógico plantear un pequeño ajuste para el próximo año. El otro día Sánchez pedía un “pacto de rentas”. ¿Y va a dejar fuera al colectivo más numeroso del país que, además, fue el que salió más fortalecido de la anterior crisis?
El problema es que están atrapados en su propia trampa, en el lenguaje de esa falsa seguridad que aporta una ley, un índice, un acuerdo del Pacto de Toledo. Son rehenes de esos mensajes en los que aseguran que ellos sí cuidan de los pensionistas. Pero no tienen buena salida a su propia trampa: o incumplen su promesa más querida o nos empujan un poco más hacia el precipicio de la insostenibilidad financiera.
En cualquier caso, el peaje para salir de su trampa lo pagaremos los ciudadanos (pensionistas o no).
