La apuesta de Seguridad Social por concentrar todas las competencias sobre el sistema de pensiones se topa con los planes de la vicepresidenta.
El anuncio que el nuevo responsable de Seguridad Social se guardó para su primera intervención en el emblemático Pacto de Toledo fue su intención de eliminar progresivamente los actuales incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y reorientar esos incentivos hacia los llamados planes colectivos de empleo, los planes de previsión para la jubilación desarrollados en el ámbito de la empresa o del sector en el marco de la negociación colectiva cuyo desarrollo en España es aún escaso.
En sentido estricto se trata de una medida que trasciende a sus competencias reales dentro del Gobierno, ya que es una desgravación fiscal en el IRPF cuya eliminación o modificación le compete al Ministerio de Hacienda, pero en aquellos días José Luis Escrivá aún sostenía el relato de que el nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones iba a concentrar por primera vez en un solo departamento todas las competencias relacionadas con el sistema de pensiones, tal y como prometió en su toma de posesión: “Este Ministerio agrupará todas las competencias de pensiones y clases pasivas”.
La cuestión no ha sido pacífica. Según fuentes conocedoras de la negociación, el departamento de José Luis Escrivá ha peleado todo lo que ha podido para recibir de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos las competencias sobre regulación de los conocidos como el segundo y tercer pilar del sistema de pensiones – la previsión social de empresa y la previsión social individual – e incluso ha jugado la baza del diálogo social para tratar de presionar al departamento que dirige Nadia Calviño para ceder esas competencias. Escrivá consideraba crítico el asunto para poder avanzar en la configuración de un sistema suficiente y solvente a medio y largo plazo de una forma razonable, algo que entendía sólo se podía hacer centralizando todos los ‘poderes’ en un mismo ministerio.
El tira y afloja con Economía ha retrasado de hecho hasta hace apenas unos días la publicación del Real Decreto que concreta la estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ya en enero dejó claras sus intenciones respecto al ámbito de la previsión social complementaria al crear una nueva Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, llamada a dos grandes objetivos de legislatura: la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y el impulso al sector de los planes de pensiones complementarios.
Según el Real Decreto que determina de manera oficial el perímetro competencial del Ministerio, sin embargo, las competencias efectivas de éste en la materia se limitarán a la elaboración de estudios e informes “sobre los instrumentos de previsión social complementaria para su desarrollo, coherencia y compatibilidad con el sistema de prestaciones de Seguridad Social” y a la elaboración de propuestas normativas. La preparación y el impulso de esas propuestas, como deja claro su listado de competencias, continuará en el Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. Dicho en otras palabras, Seguridad Social podrá proponer pero será Economía la que acabará disponiendo que se hace en ese ámbito.
El ministro Escrivá no será el único que lamente esta situación. El sector de las consultoras y gestoras de ahorro privado se frotaba hace apenas tres meses las manos por la sensibilidad demostrada por el nuevo Ministerio de Inclusión y Seguridad Social hacia un ámbito que se ha considerado tradicionalmente el ‘hermano pobre’ del sector, ignorado por los responsables políticos a la hora de abordar reformas del sistema de pensiones y también por la Dirección General de Seguros más presta a hacer de interlocutora con la dimensión más financiera del sector: las gestoras de los bancos y las grandes aseguradoras.
Al poco de ser nombrado ministro, Escrivá se puso en contacto con el sector y se comprometió a darles voz en el proceso de configuración del futuro sistema de pensiones. El Ministerio incluso fichó como asesor al histórico secretario general de la principal organización del sector de la consultoría de pensiones, Ocopen, Manuel Álvarez Rodríguez.
Fuente: La Información