LA PRÓXIMA “YOLANDEZ” CON LOS SUBSIDIOS DE DESEMPLEO

Yolanda Díaz reformará el subsidio de desempleo por proyecto de ley

El Gobierno cede y se abre a ampliar el subsidio a los empleados a tiempo parcial

El gasto en desempleo crece un 27% con 500.000 parados menos

 

El Gobierno cambiará finalmente el paso en el segundo intento para la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo después del revolcón parlamentario que se llevó tras rechazar Unidas Podemos el texto que el gabinete de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevó en forma de decreto y sin ser negociado con los agentes sociales. Esa vía de urgencia decayó pese a estar apoyada en el retraso del cumplimiento de uno de los hitos pactados con Bruselas como parte del Plan de Recuperación que da cabida a la llegada de los fondos europeos y del que en parte dependerá el plácet de la Comisión para la entrega del cuarto tramo por valor de 10.000 millones de euros.

 

Ni los agentes sociales ni el Gobierno se atreven a señalar plazos para sacar adelante esta reforma, a pesar de ser conscientes de que está vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que evalúa ahora la Comisión Europea y cuyo pago España está pendiente de recibir a la espera de ver cómo se resuelve este punto. El Ministerio quiere cerrar “pronto” el ámbito de este diálogo social para enviarlo a las Cortes, si bien, todas las partes reconocen que ya se han iniciado los contactos con las formaciones políticas, dado que al adquirir la forma de proyecto de ley será posible que las fuerzas presenten enmiendas que recorten o amplíen lo pactado con los empresarios y los representantes de los trabajadores.

 

Reforma como proyecto de ley

El Ministerio de Trabajo y Economía Social confirmaba este viernes a los agentes sociales que la reforma del subsidio por desempleo se hará vía proyecto de ley. Este movimiento deja un mayor margen para la lectura parlamentaria del texto normativo y la negociación con los grupos necesarios para la validación de la reforma, principalmente con el foco puesto sobre Unidas Podemos. No en vano, teniendo en cuenta que el Gobierno no parece proclive a mantener la cotización mejorada, del 125% de la base mínima, de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, se prevé un arduo trámite parlamentario para sumar a Unidas Podemos al acuerdo.

 

El equipo de Díaz también se ha comprometido a que el texto que será remitido al Congreso de los Diputados en forma de proyecto de ley incluirá el procedimiento o el ‘puente’ para llevar a ciertos colectivos al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no se hará un texto diferente a los seis meses como recogía el real decreto-ley tumbado en enero. En concreto serán cinco los colectivos que pasarán de obtener esta ayuda a la que depende del Ministerio de Seguridad Social, por entender que sus problemas para encontrar un empleo tienen que ver con la exclusión y no necesariamente con su formación o su capacidad para acceder a ofertas de empleo. Este paso requerirá reformas en la ayuda diseñada por José Luis Escrivá que deberá estudiar la cartera ahora encabezada por Elma Saiz.

 

Los agentes sociales destacan también la decisión de Trabajo de utilizar el proyecto de ley como vehículo legislativo para aprobar esta reforma contrasta con el intento anterior del Ejecutivo de sacarla adelante a través de un real decreto ley, que finalmente fue tumbado en las Cortes con los votos en contra de PP, Vox y Unidas Podemos. «Ahora el Gobierno va a hacer un proyecto de ley. El cambio me parece significativo porque esto ya va a permitir una mayor negociación con los grupos parlamentarios y ya no va a ser un trámite de extraordinaria urgencia, como el que utilizó en la vez anterior. Eso también cambia la posición que vamos a tener nosotros en la mesa y en cuanto a nuestras peticiones», señaló Luján.

 

Los subsidios parciales

Además, tras la reunión mantenida en sede ministerial, los representantes sindicales también confirmaron que eliminará los subsidios parciales para que los beneficiarios puedan cobrar el subsidio de manera íntegra, atendiendo así una demanda «unánime» de sindicatos y empresarios. Así lo aseguró el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, a la salida de una nueva reunión de la mesa de diálogo social presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

 

Lo que sí parece es que Trabajo atenderá la petición de los agentes sociales, compartida tanto por la patronal como por los sindicatos, de acabar con los subsidios de cuantía parcial, aquellos que reciben los trabajadores si su última relación laboral ha sido a tiempo parcial y que, por tener una jornada menor, son inferiores en importe a los que perciben los trabajadores a tiempo completo.

 

«Saludamos que por fin el Gobierno haya sido permeable y haya acogido la petición unánime de los interlocutores sociales de que desaparezca la parcialidad de los subsidios. No tenía ningún sentido que aquellas prestaciones que venían de contratos a tiempo parcial terminaran teniendo un subsidio a tiempo parcial. Nos han adelantado por parte del Gobierno que esta situación la van a corregir», explicaba Luján.

 

Por su parte, Carlos Bravo señalaba que los trabajadores que accedan al subsidio desde el tiempo parcial cobrarán la ayuda completa, lo que, según apunta, tendrá «un impacto de género evidente», pues esta situación afectaba fundamentalmente a mujeres. Además, Bravo advierte de que los subsidios parciales suponen una «diferenciación injustificada por razón de edad», ya que el subsidio para mayores de 52 años sí se cobra íntegro, se venga de un relación laboral a tiempo completo o parcial. «Éste es un avance relevante», destacó el responsable de CC.OO.

 

Ambos representantes sindicales han pedido a Trabajo que presente un texto por escrito de su propuesta, acompañado de una memoria económica para saber cuál sería el impacto presupuestario de la medida que finalmente configure el Gobierno. En este sentido, UGT ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de redoblar los esfuerzos para facilitar la empleabilidad de los parados de larga duración y que acumulan un largo periodo de tiempo de percepción del subsidio asistencia.

 

Los subsidios y el IMV

Por último, también explicaba el representante de CC.OO. que el Gobierno mantiene la intención de trasladar a al menos cinco colectivos de beneficiarios del subsidio al ingreso mínimo vital (IMV) que comprenden a 122.000 personas que pasarían a este segundo sistema asistencia, si bien Bravo volvía a lamentar en este punto la falta de concreción con la que los representantes del Ministerio han acudido a la reunión, al no conocerse aún el procedimiento y que términos se integraría este colectivo al ingreso mínimo.

 

Era un punto especialmente problemático para los agentes sociales por su calado en materia de brecha de género, ya que la gran mayoría de trabajadoras en esta fórmula son mujeres. Además, se trataba de un agravio que se reparaba en el caso de los perceptores del subsidio mayores de 52 años y que también se tuvo en cuenta en la última reforma de las pensiones. Tanto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, como el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, han celebrado este avance a pesar de reprochar al ‘número dos’ de Trabajo que no haya acudido a la reunión con un nuevo borrador.

 

Según han explicado los representantes sindicales, el Ministerio también se ha emplazado a estudiar los problemas de compatibilidad que existían para los fijos discontinuos que trabajaban a tiempo parcial. Si bien, no han tenido una respuesta positiva respecto al resto de cuestiones planteadas en anteriores encuentros, como la posibilidad de sustituir el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) al que va vinculado la ayuda por el umbral de riesgo de pobreza incorporado en la reforma de pensiones impulsada por Escrivá. Luján ha explicado que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, no les ha ofrecido una valoración al respecto. Tampoco a la posibilidad de actualizar su poder adquisitivo en términos reales, como reclamaba CCOO.

 

Recuperar la cotización del 125% de la base mínima 

También está fuera del posible acuerdo la opción de recuperar la cotización del 125% de la base mínima que tienen reconocido ahora los perceptores del subsidio para mayores de 52 años, el punto que suscitó el voto en contra de la formación de Ione Belarra y que el Gobierno califica de “parche” que se aprobó para reparar el bajo poder adquisitivo que tenía el salario mínimo profesional hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. La renta mínima ha crecido un 54% desde 2018 hasta situarse en los 1.134 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, por lo que las fuentes gubernamentales entienden que no se podía conservar este desincentivo a buscar empleo para los desempleados de esta edad. Con la regulación actual tenían una pensión mayor si permanecían en el subsidio que si accedían a un empleo cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

 

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