El organismo recomienda acabar con las ayudas por la inflación, subir IVA y medioambientales en 10.000 millones, aumentar los esfuerzos para bajar la deuda y hacer más por los jóvenes para integrarlos en el mercado laboral
La OCDE, la agrupación de los 34 países más industrializados del mundo, ha publicado este miércoles su informe anual sobre la economía española. El estudio económico sobre España correspondiente al ejercicio de 2023 difundido supone prácticamente una enmienda de totalidad a la política económica desarrollada por el gobierno de coalición en los últimos años y pone en cuestión sus principales hitos: la reforma de pensiones, la reforma laboral y las subidas de impuestos para conseguir nuevos ingresos.
Insiste en que hace falta poner las luces largas y atacar los problemas estructurales de España: una baja productividad coincidiendo con un momento en el que el Gobierno anuncia reducciones de horarios; un mercado laboral que, pese a la menor temporalidad por la reforma laboral, todavía tiene tasas de desempleo muy altas, presenta una elevada precariedad y deja atrás a los jóvenes. La productividad de España ya destaca por crecer la mitad que en los países de la OCDE durante la última década.
JUBILACION. Además, con el rápido envejecimiento de la población cree que “es improbable que sean suficientes para equilibrar por completo el sistema, que probablemente requerirá más cambios a la tasa de cálculo de las prestaciones”. En concreto, recomienda ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida y llevar el periodo utilizado para el cómputo de la pensión hasta un mínimo de 40 años (solo pasarlo de 25 a 35 años ya recortaba la pensión inicial media un 8,2% según el Banco de España). También defiende que se exijan más años trabajados para tener derecho a la prestación. Ahora se consigue la mitad de esta con 15 años cotizados y la íntegra con 37 años.
La reforma de las pensiones que aprobó el año pasado el Gobierno crea un mecanismo de cierre del sistema. A partir de 2025, se valorará cada tres años la sostenibilidad financiera de las pensiones y, en el caso de encontrar desviaciones y no tomar medidas compensatorias, se activaría automáticamente cada año una subida adicional de cotizaciones por valor del 20% del agujero durante cinco años. A pesar de este instrumento corrector, el organismo afirma que “se pueden necesitar nuevas medidas”. “En lugar de imponer contribuciones extra a la generación de trabajadores activos, el Gobierno debería alargar las vidas laborales ligando la edad legal de retiro a la esperanza de vida en el momento de la jubilación”, señala. O lo que es lo mismo: reclama reintroducir un factor de sostenibilidad que se había incluido en la reforma del PP y que la reforma del año pasado había suprimido.
En este contexto, recuerda que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 contenían sustancialmente el crecimiento del gasto en prestaciones. Pero al derogarse estas reformas, el gasto aumentará entre 3 y 4 puntos de PIB en 2050. Si no se toman medidas y “si los déficits continúan siendo financiados con los impuestos, mantener los beneficios de las pensiones ocurrirá a costa de otras prioridades y en detrimento de unas generaciones jóvenes que ya se encuentran en desventaja”, concluye el informe.
PARO JUVENIL. “El gasto está orientado hacia el capítulo social, sobre todo pensiones y ayudas a parados, con demasiado poco destinado a partidas que aumenten el crecimiento, incluyendo la educación y la formación. Los jóvenes se benefician menos del gasto público”, sostiene la OCDE.
El documento destaca que la reforma laboral ha mostrado resultados prometedores a la hora de elevar la contratación fija, en especial entre los jóvenes. Aun así, los retos del mercado laboral siguen siendo ingentes. El desempleo continúa siendo el más alto de la OCDE y duplica la media de los países del club. E insiste en que es esencial integrar más a los jóvenes en el mercado laboral: son los que se quedan atrás con sus sueldos retrocediendo en términos reales, reciben menos gasto público y tienen menores oportunidades para acceder a la vivienda y la emancipación. Están siendo lastrados por el sistema educativo y universitario. Es preciso que su formación esté más ligada a las necesidades de las empresas, razona. Y añade que “mejorar la educación, facilitar la participación de los jóvenes en el mercado laboral, impulsar el emprendimiento y aumentar el acceso a la vivienda son cruciales para realizar el potencial de crecimiento de España y reducir el riesgo de pobreza entre los jóvenes”.
El think tank de los países ricos explica que muchos jóvenes dejan el sistema educativo con una formación baja, limitándose sus perspectivas laborales. “Es necesaria una mayor implicación de los empleadores en la redacción de los currículos universitarios para alinearlos con las necesidades empresariales”, apunta. Y añade que mejorar la integración laboral de las mujeres, y en especial de las madres, sigue siendo una prioridad.
FISCALIDAD DEL TRABAJO. El gasto social beneficia demasiado a los que contribuyen y están en una situación financiera estable, mientras que los programas de asistencia social no protegen adecuadamente a los vulnerables, dice. Es necesario, apunta, rebajar la carga fiscal sobre el trabajo. “Los tipos marginales del impuesto de la renta escalan muy rápido en niveles ya modestos, desincentivando la oferta de trabajo”. O dicho de otro modo, los tipos del IRPF suben muy rápido para rentas que no son tan altas. En particular aboga por bajar los impuestos a las familias con rentas bajas que tienen hijos.
Hay que conseguir más recursos, con subidas de impuestos y también con recortes de gasto. Lo que no comparte la OCDE es la vía que ha elegido el gobierno de coalición para conseguir esos ingresos. Mientras en España el Ejecutivo ha decidido subir los impuestos a las empresas, elevar la imposición sobre el capital, gravar más el patrimonio y elevar las cotizaciones sociales, el organismo entiende que donde España tiene margen para obtener esos nuevos ingresos es en otro lado, en el IVA, donde España tiene el tipo efectivo más bajo de la UE. La OCDE recalca que haciendo esto el Gobierno tendría incluso margen para reducir la imposición sobre el trabajo y sobre las rentas de capital, que tienen mayor impacto sobre el tejido productivo.
Fuente: El Pais