El organismo internacional considera que la crisis de precios hace que el salario mínimo sea “aún más importante” y recuerda que las alzas no tienen efectos negativos en el empleo o son limitados
La OCDE alerta del incremento del gasto de indexar todas las prestaciones y aconsejan tomar como referencia el deflactor del PIB para valorar la posible protección
El SMI
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda subir el salario mínimo para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores peor pagados ante la elevada inflación. La crisis del coste de la vida, que afecta sobre todo a los hogares con menos recursos, hace que el salario mínimo legal sea aún más importante, considera el organismo internacional.
A las puertas de la negociación del alza del SMI en España, un país en el que la OCDE prevé una de las mayores devaluaciones del poder adquisitivo de los salarios debido a la inflación, el llamado “club de los países ricos” hace un alegato por el incremento de los salarios mínimos en el mundo.
La organización ha difundido este viernes varios informes breves sobre cómo responder a los altos precios, con uno de ellos centrado en esta materia: Salarios mínimos en tiempos de inflación creciente. La OCDE apuesta por las revisiones de los SMI al alza e incluye dos apuntes importantes a cerca de las mayores reticencias a los incrementos de esta remuneración mínima legal.
Por un lado, el organismo recuerda que las alzas del salario mínimo −incluso las de gran cuantía− mejoran la situación de los que menos ganan y no tienen efectos negativos en el empleo o estos son “limitados” según los estudios más recientes.
En este sentido se han pronunciado los distintos informes sobre la gran alza del SMI en España del 22,3% en 2019, como los últimos encargados por el Ministerio de Trabajo, así como los del Banco de España y la AIReF.
Por otro lado, la OCDE rebaja el temor a una espiral al alza de los salarios debido a los aumentos del salario mínimo. Aunque considera que el aumento del salario legal más bajo puede repercutir empujando las remuneraciones por encima de ese nivel y también del consumo, puntualiza que “en promedio, la contribución de los salarios mínimos al crecimiento salarial agregado parece bastante limitada”.
Además, subraya que “dada la proporción relativamente baja de trabajadores con salario mínimo, incluso aumentos considerables del salario mínimo tienen un impacto limitado en la inflación”.
El organismo internacional reconoce que cada país enfrenta una situación distinta, con diferente peso del salario mínimo sobre el total de trabajadores, y recomienda evaluar los incrementos con los agentes sociales teniendo en cuenta cada caso y otras cuestiones, como los costes derivados de la medida para los empleadores, que en España son mayores que en otros países.
La OCDE también recomienda analizar el incremento del SMI en estos momentos junto a otras herramientas fiscales y de prestaciones sociales, incluidas las medidas extraordinarias adoptadas para amortiguar el efecto de la crisis.
El informe apunta que estas otras medidas complementarias pueden incrementar “el salario neto” de los trabajadores con menos ganancias por encima del propio ascenso del salario mínimo, lo que limitaría “el aumento de los costes laborales para los empresarios”.
La negociación sobre el alza del salario mínimo en España entra en breve en su recta final, este mes de diciembre, cuando se determinará cuánto sube en 2023. El Gobierno se comprometió a situar el SMI en el 60% del salario medio al concluir la legislatura, que tiene lugar este próximo año. Sin embargo, ante la elevada inflación los sindicatos esperan que el alza sea aún mayor, en línea con los precios.
Tras analizar el informe del comité de expertos sobre el SMI encargado por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno planteará a los próximos días (o semanas) su propuesta de aumento a los agentes sociales.
La receta de la OCDE: revalorizar las pensiones más bajas y crear un IPC propio de jubilados
La inflación durante el presente 2022 ha registrado tasas inéditas en cuatro décadas en España, una tónica presente en el resto de economías desarrolladas. La OCDE analiza el impacto sobre la revalorización de las pensiones de este desvío del IPC que provoca un gasto extraordinario superior a 15.000 millones en España. Ante tal nivel inesperado de precios, la institución plantea una revalorización alternativa que otorgue una mayor protección a las prestaciones del primer pilar más bajas y, a la vez, alivie el impacto sobre las cuentas públicas.
El club de las economías desarrolladas plantea una válvula de escape como respuesta a una inflación inesperada. En línea con lo planteado previamente por Fedea (ver tabla), la OCDE plantearía dos modelos, más una cesta de la compra que revele específicamente los consumos de los jubilados. Esto, con el objetivo de cubrir realmente la pérdida de poder adquisitivo de las rentas más expuestas a cambio de aliviar el desembolso a costa de las pensiones más elevadas y evitar que las pensiones crezcan más que los propios salarios.
Una opción, recoge la nota, se asimila al modelo previo en España, que recogía una previsión a tanto alzado, más una compensación que cubre parte de la inflación. La OCDE valora cubrir entre el 50% y el 70% de la subida de precios, y en todo caso cubrir la totalidad de la inflación de las pensiones mínimas.
La opción B va más allá y propone una revalorización por rangos que acoge a un abanico mayor que las pensiones mínimas que resultaría en un impacto financiero neutro. La alternativa dentro de esta propia opción, una revalorización completa hasta la pensiones intermedias que genere un impacto neutral sobre las finanzas a costa de una menor revalorización en el rango superior de pensiones.
Es una medida que podría tener en consideración el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá y dos tercios de los miembros de la OCDE que ligan las pensiones públicas a la inflación. En el caso español, el aviso llega tarde, pues el Gobierno ha blindado la indexación pura de las prestaciones con una inflación del 8,5%.
Todo esto, teniendo en cuenta que los patrones de consumo, el patrimonio y el peso de los gastos sobre el presupuesto de las personas no son homogéneos. Cambian por niveles de renta, tipos de hogares y también por tu situación. Intuyendo, por ejemplo, que los jubilados tienen más patrimonio inmobiliario que una persona joven; o que los gastos en cuidado personal y salud son superiores al resto de cohortes.
“Las diferencias en los patrones de consumo pueden ser mayores entre los distintos niveles de ingresos que entre los hogares en edad de trabajar y los hogares de la tercera edad. Si el objetivo de la indexación de precios fuera proteger mejor el poder adquisitivo de los pensionistas con bajos ingresos, esto sugeriría considerar un índice de precios que reflejara mejor la cesta de consumo de los individuos con bajos ingresos”, defienden, para tratar de calcular un IPC para jubilados.
Además de la propia cesta de consumo calibrada a medida de los jubilados, la OCDE plantea un mayor ajuste a los países miembros. Tal y como explican, son dos tercios los países que indexan las pensiones a los precios. La institución hace un llamamiento a alejarse de mdidas populistas como la revalorización pura y dura. A cambio, propone “utilizar el deflactor del PIB como índice de precios, reflejando lo que produce la economía, captaría la presión inflacionista y sería más coherente con una protección que la economía puede permitirse”.
“Será importante seguir los efectos netos de las medidas de apoyo en los distintos grupos, y ajustar en consecuencia la escala y los objetivos de las ayudas por el coste de la vida”, reflexiona la OCDE.
